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Opinión
Etiquetas | ONU | Natalidad | Aborto
“Qué clase de mundo es este que puede enviar máquinas a Marte y no hace nada para detener el asesinato de un ser humano” José Saramago

Natalidad en descenso y 1.000.000 de abortos en diez años

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Nadie es ajeno de que, en España, la natalidad va cayendo de año en año. De hecho, durante la última década los nacimientos han caído en un 30%, una cifra nada despreciable e indicativa de que las mujeres españolas no están por la labor de tener hijos y, si lo estuvieran, lo hacen a edades en las que existen factores físicos y sociales que limitan el número de hijos que los matrimonios o las madres solteras están dispuestas a tener.

La crisis, la preferencia por trabajar que se da en muchas mujeres, el poco apoyo que por parte de los poderes públicos se está dando a la crianza y los obstáculos con los que topan los jóvenes para independizarse, junto a la caída de los inmigrantes, a causa de la recesión, son los motivos para que, en España, se hayan producido un número de nacimientos que, de media, se sitúa en 1,25 hijos por mujer, frente a los 1,44 de hace una década. El millón de nacimientos de hace una década se redujo, en el 2018, a 370.000 mientras la esperanza de vida de los españoles crece hasta una media de 83,2 años. No queremos adentrarnos en las consecuencias que, a todos los efectos, podrían suponer para el devenir de nuestra nación, ni para destacar el hecho de que son los inmigrantes los que mantienen un nivel de procreación más alto y que, esta circunstancia, nos debería hacer pensar en la posibilidad de que, en unos años, quienes puedan acceder al poder y sustituir a los españoles, oriundos o descendientes de las razas hispánicas, en las instituciones y en el gobierno de la nación sean, precisamente, aquellos que poco a poco vayan ocupando espacios vitales en nuestro país.

Pero existe, aparte de la preocupación que pudiera representar para los españoles el que, cada vez, haya menos nacimientos y que las mujeres retarden el tener hijos a edades más maduras, a periodos que la fertilidad ya entra en la peligrosa curva del descenso o, tampoco, despreciar que, la permisividad de la sociedad respecto a familias especiales, como las constituidas por homosexuales y lesbianas, ha ido fomentando las uniones entre ellos de modo que sus matrimonios alcanzaron, en el 2018, el 2,9% del total de las bodas del año. El temor de que, el envejecimiento del pueblo español, llegue a un punto en el que, a causa de la reducción de la población trabajadora (un tema que, precisamente, ya supone en la actualidad uno de los retos del Gobierno ante el hecho de que cada vez son menos los cotizantes y más los beneficiarios de pensiones y ayudas estatales) se produzca un colapso en las clases pasivas, al no haber aportaciones suficientes para sostener el sistema de ayudas a nuestros mayores.

Y, como elemento contradictorio, consecuencia de la política de los gobiernos de remar a favor de los colectivos feministas, y de la incuria de un Tribunal Constitucional que tiene pendiente la resolución del recurso que el PP presentó ante dicho tribunal, hace diez años, en contra de la Ley Bibiana Aído de Aborto, un retraso que ha supuesto para España la friolera de un millón de fetos asesinados quirúrgicamente en clínicas abortistas, a los que deberíamos añadir los que, por otros procedimientos, se hayan producido durante este periodo por mujeres que hayan decidido acudir a dichos métodos para abortar. Y hablamos de decisiones contradictorias cuando resulta que, por una parte existe un descenso de la natalidad preocupante y que puede traer situaciones no deseadas para nuestra economía y de efectos sociales incalculables para España y, por otra, el Gobierno no hace nada para favorecer que las familias tengan más hijos, que se den estímulos económicos y de otras clases a aquellos padres que quieran aumentar sus familia; al propio tiempo que se sigue con la aberración de que las mujeres, en el uso de una libertad absurda y de tintes criminales, puedan decidir, por ellas mismas, interrumpir la vida de un ser humano que han engendrado libremente, pero al que no quieren darle la oportunidad, que ellas tuvieron, de poder vivir, se permite que se sacrifiquen un millón de seres en diez años mientras, al propio tiempo, resulta que tenemos que cubrir los huecos que nos dejan el exceso de muertes respecto al de nacimientos, trayendo de fuera inmigrantes para que ocupen los puestos que hubieran podido ocupar los hijos de españoles a los que se condenó a morir prematuramente, simplemente porque un grupo de mujeres, en muchas ocasiones mal aconsejadas, mal orientadas por aquellos partidos que carecen de moral y su materialismo les impulsa a renunciar a la incomodidad de un embarazo para no tener que apechugar con la responsabilidad de tener una familia de la que cuidarse.

No hay explicación alguna ante la actitud sectaria y abstrusa de unos gobernantes que no han sido capaces de conjugar, de una forma satisfactoria, la necesidad de que, en España, haya más nacimientos y, a la vez, más futuros cotizantes debido al rechazo de algunas mujeres a tener hijos, en muchas ocasiones por no querer asumir el reto del deber de mantener una familia que, de alguna manera, les supone una carga que no están dispuestas a asumir. No parece que sea tan complicado y difícil, cuando con un poco de imaginación y destinando una parte del presupuesto de la nación, a dotar un fondo de ayuda especial, en lugar de seguir patrocinando a unos sindicatos que han demostrado su incapacidad cuando no, como ha ocurrido en Andalucía, su propensión a quedarse con dinero destinado a los trabajadores, o cuando un Gobierno filocomunista decide pagar 55 millones anuales a un millar de asesores, algo que nos hace pensar que los gobernantes que necesitan de tal lujo de consejeros demuestran no estar habilitados para ocupar el puesto que se les ha asignado en la Administración, cuando precisan de tantas ayudas de otras personas para tomar decisiones pese a que, evidentemente, no han sido votadas para que sean los que tomen decisiones en lugar de los elegidos.

Se trata precisamente de ayudar, informar, aconsejar, dar facilidades, ofrecer ocupación y asistencia médica a aquellas mujeres que hayan quedado embarazadas y, por los motivos que fueren, no quieren quedarse con su hijo; para que mantengan su embarazo hasta el final, sabiendo que en todo momento van a estar asistidas y financiadas para que no les falten los elementales medios para vivir de una forma digna durante el tiempo de la gestación y el que tuvieran que necesitar para, una vez dado a luz, pudieran encontrar un trabajo adecuado a sus capacidades. Habiendo tantos solicitantes de adopción de niños, tantas familias que harían lo que fuera para poder adoptar a un recién nacido, que tienen que recurrir a otros países, con todas las dificultades que ello entraña y tanta burocracia que es preciso soportar, amén de las cantidades ingentes de dinero que se necesita invertir en el proceso de adopción, cuando sería tan fácil coordinar los embarazos no deseados con las peticiones de niños por quienes están ansiosos de conseguirlos y, sin embargo, la mala administración, la politiquería, las feministas intransigentes, unas leyes aberrantes y el fanatismo intolerante, impiden que algo tan de sentido común no haya podido ponerse en marcha en un país en el que vida está protegida y, sin embargo, la del nonato, por una de estas incoherencias del sistema y negligencia imperdonable del TC, no recibe el amparo adecuado que, un bien tan precioso como es la vida de un ser humano, no le sea concedido porque unas mujeres descastadas antepongan su comodidad y frivolidad a la vida de un hijo suyo.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nosotros, una nación que ha sido cuna del catolicismo, que ha tenido una cultura judeo-cristiana durante siglos; que se ha caracterizado por sus costumbres sanas y su defensa de la vida; que se ha basado, durante siglos, en la importancia de la familia como núcleo de la sociedad y apoyo del Estado de derecho; nos vemos como víctimas de estas nuevas teorías, desgraciadamente fomentadas desde la ONU y demás organizaciones masónicas en manos de grupos de presión y de orientación comunista; sin que la sociedad haya sabido reaccionar con contundencia ante los evidentes intentos de acabar con todo lo bueno que durante años habíamos sabido conservar y que, hoy en día, parece que no sabemos cómo luchar contra una situación que lleva camino de arrastrarnos hacia el precipicio del caos político, económico y social.

Natalidad en descenso y 1.000.000 de abortos en diez años

“Qué clase de mundo es este que puede enviar máquinas a Marte y no hace nada para detener el asesinato de un ser humano” José Saramago
Miguel Massanet
lunes, 31 de agosto de 2020, 10:19 h (CET)

Nadie es ajeno de que, en España, la natalidad va cayendo de año en año. De hecho, durante la última década los nacimientos han caído en un 30%, una cifra nada despreciable e indicativa de que las mujeres españolas no están por la labor de tener hijos y, si lo estuvieran, lo hacen a edades en las que existen factores físicos y sociales que limitan el número de hijos que los matrimonios o las madres solteras están dispuestas a tener.

La crisis, la preferencia por trabajar que se da en muchas mujeres, el poco apoyo que por parte de los poderes públicos se está dando a la crianza y los obstáculos con los que topan los jóvenes para independizarse, junto a la caída de los inmigrantes, a causa de la recesión, son los motivos para que, en España, se hayan producido un número de nacimientos que, de media, se sitúa en 1,25 hijos por mujer, frente a los 1,44 de hace una década. El millón de nacimientos de hace una década se redujo, en el 2018, a 370.000 mientras la esperanza de vida de los españoles crece hasta una media de 83,2 años. No queremos adentrarnos en las consecuencias que, a todos los efectos, podrían suponer para el devenir de nuestra nación, ni para destacar el hecho de que son los inmigrantes los que mantienen un nivel de procreación más alto y que, esta circunstancia, nos debería hacer pensar en la posibilidad de que, en unos años, quienes puedan acceder al poder y sustituir a los españoles, oriundos o descendientes de las razas hispánicas, en las instituciones y en el gobierno de la nación sean, precisamente, aquellos que poco a poco vayan ocupando espacios vitales en nuestro país.

Pero existe, aparte de la preocupación que pudiera representar para los españoles el que, cada vez, haya menos nacimientos y que las mujeres retarden el tener hijos a edades más maduras, a periodos que la fertilidad ya entra en la peligrosa curva del descenso o, tampoco, despreciar que, la permisividad de la sociedad respecto a familias especiales, como las constituidas por homosexuales y lesbianas, ha ido fomentando las uniones entre ellos de modo que sus matrimonios alcanzaron, en el 2018, el 2,9% del total de las bodas del año. El temor de que, el envejecimiento del pueblo español, llegue a un punto en el que, a causa de la reducción de la población trabajadora (un tema que, precisamente, ya supone en la actualidad uno de los retos del Gobierno ante el hecho de que cada vez son menos los cotizantes y más los beneficiarios de pensiones y ayudas estatales) se produzca un colapso en las clases pasivas, al no haber aportaciones suficientes para sostener el sistema de ayudas a nuestros mayores.

Y, como elemento contradictorio, consecuencia de la política de los gobiernos de remar a favor de los colectivos feministas, y de la incuria de un Tribunal Constitucional que tiene pendiente la resolución del recurso que el PP presentó ante dicho tribunal, hace diez años, en contra de la Ley Bibiana Aído de Aborto, un retraso que ha supuesto para España la friolera de un millón de fetos asesinados quirúrgicamente en clínicas abortistas, a los que deberíamos añadir los que, por otros procedimientos, se hayan producido durante este periodo por mujeres que hayan decidido acudir a dichos métodos para abortar. Y hablamos de decisiones contradictorias cuando resulta que, por una parte existe un descenso de la natalidad preocupante y que puede traer situaciones no deseadas para nuestra economía y de efectos sociales incalculables para España y, por otra, el Gobierno no hace nada para favorecer que las familias tengan más hijos, que se den estímulos económicos y de otras clases a aquellos padres que quieran aumentar sus familia; al propio tiempo que se sigue con la aberración de que las mujeres, en el uso de una libertad absurda y de tintes criminales, puedan decidir, por ellas mismas, interrumpir la vida de un ser humano que han engendrado libremente, pero al que no quieren darle la oportunidad, que ellas tuvieron, de poder vivir, se permite que se sacrifiquen un millón de seres en diez años mientras, al propio tiempo, resulta que tenemos que cubrir los huecos que nos dejan el exceso de muertes respecto al de nacimientos, trayendo de fuera inmigrantes para que ocupen los puestos que hubieran podido ocupar los hijos de españoles a los que se condenó a morir prematuramente, simplemente porque un grupo de mujeres, en muchas ocasiones mal aconsejadas, mal orientadas por aquellos partidos que carecen de moral y su materialismo les impulsa a renunciar a la incomodidad de un embarazo para no tener que apechugar con la responsabilidad de tener una familia de la que cuidarse.

No hay explicación alguna ante la actitud sectaria y abstrusa de unos gobernantes que no han sido capaces de conjugar, de una forma satisfactoria, la necesidad de que, en España, haya más nacimientos y, a la vez, más futuros cotizantes debido al rechazo de algunas mujeres a tener hijos, en muchas ocasiones por no querer asumir el reto del deber de mantener una familia que, de alguna manera, les supone una carga que no están dispuestas a asumir. No parece que sea tan complicado y difícil, cuando con un poco de imaginación y destinando una parte del presupuesto de la nación, a dotar un fondo de ayuda especial, en lugar de seguir patrocinando a unos sindicatos que han demostrado su incapacidad cuando no, como ha ocurrido en Andalucía, su propensión a quedarse con dinero destinado a los trabajadores, o cuando un Gobierno filocomunista decide pagar 55 millones anuales a un millar de asesores, algo que nos hace pensar que los gobernantes que necesitan de tal lujo de consejeros demuestran no estar habilitados para ocupar el puesto que se les ha asignado en la Administración, cuando precisan de tantas ayudas de otras personas para tomar decisiones pese a que, evidentemente, no han sido votadas para que sean los que tomen decisiones en lugar de los elegidos.

Se trata precisamente de ayudar, informar, aconsejar, dar facilidades, ofrecer ocupación y asistencia médica a aquellas mujeres que hayan quedado embarazadas y, por los motivos que fueren, no quieren quedarse con su hijo; para que mantengan su embarazo hasta el final, sabiendo que en todo momento van a estar asistidas y financiadas para que no les falten los elementales medios para vivir de una forma digna durante el tiempo de la gestación y el que tuvieran que necesitar para, una vez dado a luz, pudieran encontrar un trabajo adecuado a sus capacidades. Habiendo tantos solicitantes de adopción de niños, tantas familias que harían lo que fuera para poder adoptar a un recién nacido, que tienen que recurrir a otros países, con todas las dificultades que ello entraña y tanta burocracia que es preciso soportar, amén de las cantidades ingentes de dinero que se necesita invertir en el proceso de adopción, cuando sería tan fácil coordinar los embarazos no deseados con las peticiones de niños por quienes están ansiosos de conseguirlos y, sin embargo, la mala administración, la politiquería, las feministas intransigentes, unas leyes aberrantes y el fanatismo intolerante, impiden que algo tan de sentido común no haya podido ponerse en marcha en un país en el que vida está protegida y, sin embargo, la del nonato, por una de estas incoherencias del sistema y negligencia imperdonable del TC, no recibe el amparo adecuado que, un bien tan precioso como es la vida de un ser humano, no le sea concedido porque unas mujeres descastadas antepongan su comodidad y frivolidad a la vida de un hijo suyo.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nosotros, una nación que ha sido cuna del catolicismo, que ha tenido una cultura judeo-cristiana durante siglos; que se ha caracterizado por sus costumbres sanas y su defensa de la vida; que se ha basado, durante siglos, en la importancia de la familia como núcleo de la sociedad y apoyo del Estado de derecho; nos vemos como víctimas de estas nuevas teorías, desgraciadamente fomentadas desde la ONU y demás organizaciones masónicas en manos de grupos de presión y de orientación comunista; sin que la sociedad haya sabido reaccionar con contundencia ante los evidentes intentos de acabar con todo lo bueno que durante años habíamos sabido conservar y que, hoy en día, parece que no sabemos cómo luchar contra una situación que lleva camino de arrastrarnos hacia el precipicio del caos político, económico y social.

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