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El miembro de ETA Ioseba Antón Aranibar Almandoz, que fue arrestado en Francia en julio de 2007 y estaba reclamado por la Audiencia Nacional, ha sido trasladado este martes desde París a España por agentes de la Policía Nacional, según ha informado el Cuerpo.
La entrega de Aranibar, de 34 de edad y natural de Vera de Bidasoa (Navarra), ha sido concedida a favor de los juzgados centrales de instrucción número 1 y 5 de la Audiencia Nacional. Está reclamado por delitos de integración en organización terrorista, detenciones ilegales, estragos terroristas, lesiones, asesinato terrorista, robo con violencia e intimidación y secuestro.
El etarra, que estaba en paradero desconocido desde octubre de 2003, fue arrestado julio de 2007 cerca de la localidad vasco-francesa de Saint Jean Pied de Port cuando circulaban en una camioneta robada y cargada de material explosivo y armas.
La Guardia Civil sospechaba que Aranibar podría haber formado parte del aparato militar de ETA y haber participado en la planificación de las "acciones especiales" cometidas en España.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reclamó este jueves a las Cortes Generales del Estado que impulsen una reforma de la Ley General de Subvenciones para que no se concedan ayudas a las empresas que no respetan la cuota mínima legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, fijada en el 2%.
La Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., (CHJ) ha declarado la situación excepcional por sequía extraordinaria en toda la Demarcación debido a la ausencia continuada de precipitaciones en gran parte de la cuenca. Según los datos recopilados por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), el presente año hidrológico 2023-2024 está siendo el más seco de los últimos 33 años.
El Gobierno está elaborando un real decreto para obligar a las empresas de más de 50 trabajadores a contar con protocolos para garantizar la igualdad de oportunidades de los trabajadores LGTBI y contra la discriminación y el acoso de los mismos, contemplando que, desde la aprobación del texto, el plazo para adoptar estas medidas sea de un año.
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