El expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa admitió hoy en su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz haber cometido “irregularidades” en la gestión de la entidad pero aseguró que su objetivo fue siempre el de salvar a la empresa. “No hemos funcionado bien, es algo que no debió pasar”, dijo en un momento de sus siete horas de declaración ante Ruz.

Fernández de Sousa abandonó sobre las 19.00 horas por su propio pie la sede de la Audiencia Nacional ya que ninguna de las partes personadas ha pedido finalmente ninguna medida cautelar contra él. Deberá volver a declarar ante Ruz el próximo jueves como representante de una de las sociedades imputadas en la causa.

El expresidente de Pescanova aseguró en su comparecencia que su empresa, con un agujero patrimonial de más de 900 millones de euros, sería en realidad rentable la actualidad gracias a la subida de los precios del salmón, el rodaballo y los langostinos.

Fernández de Sousa, al que se acusa de haber falseado las cuentas de la entidad para ocultar sus dificultades económicas y poder atraer así a los inversores, señaló ante el magistrado que la quiebra de la empresa, que tuvo lugar el pasado mes de marzo, se debió en parte a los bajos precios de los citados productos, según señalaron fuentes jurídicas. El imputado explicó en este sentido en su comparecencia que en la actualidad el salmón ha subido un 80 por ciento, el rodaballo un 120 y los langostinos un 90 por ciento, unas cifras que harían que Pescanova fuese rentable en la actualidad y que los accionistas pudiesen obtener beneficios. “Esto subirá y volverá a cotizar”, ha dicho ante el juez, según explicaron fuentes jurídicas, quienes destacaron el arte de Fernández Sousa para andarse por las ramas.

El expresidente de la entidad, en la extensa declaración que prestó hoy en la Audiencia Nacional, aseguró además que tanto la banca como la auditora BDO conocían la situación real de la empresa. Fernández de Sousa, que dimitió de su puesto en julio, aseguró que los bancos le seguían dando créditos sin pedirle ninguna garantía porque obtenían una rentabilidad alta. Dijo en este sentido que las entidades bancarias tan solo le pedía una “proforma” de factura para concederle créditos.

Al ser preguntado sobre las supuestas facturas falsas emitidas por Pescanova y detectadas por una auditora externa, el imputado dijo que había algunas ‘duplicadas’. Hizo referencia en este apartado al ‘factoraje’ o ‘factoring’, una práctica financiera con la que los bancos abonan a las empresas las facturas que todavía no han sido cobradas.

Fernández de Sousa hizo en este sentido alusión a la “crisis del crédito” para explicar la quiebra de Pescanova.

El juez Ruz, además de por ocultar la quiebra de la empresa, acusa a Fernández de Sousa de haber vendido sus acciones antes de anunciar públicamente el pasado 28 de febrero los problemas financieros de Pescanova , que tuvo finalmente que recurrir al concurso de acreedores. El expresidente de la sociedad, en concreto, vendió entre el 7 y el 27 de febrero 1.688.518 acciones a precio medio de 16,26 euros, lo que le supuso un ingreso de 27.459.442 euros y con lo que evitó una pérdida 15,6 millones euros.

El imputado, ante las preguntas del fiscal Anticorrupción Juan Pavia, ha negado que la venta de acciones se debiese a una estrategia para deshacerse de sus activos antes de la quiebra y ha asegurado que no se ha tenido en cuenta las participaciones que compró en ese periodo.

Ha dicho en este sentido que compró sus acciones a crédito y a un precio muy alto y que decidió venderlas a partir de enero de 2012, un mes antes de reconocer el agujero de Pescanova, para poder hacer frente a las obligaciones de pago de la empresa y a deudas personales.

Fernández de Sousa ha negado asimismo ante Ruz que haya intentado evadir dinero al extranjero. El magistrado le acusó en septiembre de haber abierto a través de su mujer una cuenta en Portugal tan sólo seis días después de su imputación en la Audiencia Nacional y de haber intentado utilizarla a finales de agosto para enviar a China un total de 5,2 millones de dólares (4 millones de euros), una operación que fue detectada y bloqueada por las autoridades financieras portugueses.

El expresidente explicó que cuando Pescanova le devolvió un préstamo de seis millones euros que le había otorgado, estudió la posibilidad de enviar su dinero a Hong Kong porque allí los bancos ofrecen hasta un 12 por ciento de interés para la renta fija. Aseguró además que fue él, y no la policía portuguesa, quien paralizó esta operación.

A Fernández de Sousa se le imputan delitos de falseamiento de información económica-financiera, falseamiento de cuentas anuales, uso de información relevante, estafa y falsedad en documento mercantil. Ruz impuso el pasado mes de septiembre a Fernández de Sousa una fianza de responsabilidad civil de 178.856.578 euros.

El magistrado también tomo declaración como imputado a Pablo Javier Fernández Andrade, hijo del expresidente de Pescanova, quien señaló, según explicaron fuentes jurídicas, que en la empresa se limitaba a hacer lo que le indicaba su padre.

El hijo también destacó que en todas las reuniones que cada dos meses mantenían los miembros del Consejo de Administración de Pescanova no se puso ninguna pega a la gestión de su padre a pesar de que los consejeros tenían acceso a toda la información de la empresa. Dijo en este sentido que solo se empezaron a expresar ciertas dudas en el segundo consejo que se celebró en 2013, poco antes de que Pescanova comunicase a la CNMV sus problemas financieros.

Ruz también interrogó, igualmente en calidad de imputado, al consejero Jesús García y García, considerado la ‘mano derecha’ de Fernández de Sousa. El exconsejero dijo que invirtió en Pescanova los ahorros que había atesorado en 49 años de actividad profesional, un dinero que ahora ha perdido. También señaló que se fiaba plenamente de lo que le decía Fernández de Sousa, al que tildo de “amigo personal”.