El juez Luis Aláez, que instruye la causa sobre el accidente ferroviario en el que el pasado 24 de julio fallecieron 79 personas junto a Santiago de Compostela, inicia este miércoles la toma de declaración de los cinco responsables de Adif imputados por el momento en la causa.

En concreto, a la vista del organigrama remitido a finales de agosto por Adif, el juez ha citado a declarar para este miércoles al director de Seguridad en la Circulación, Manuel B. G; y al gerente del Área de Seguridad en la Circulación Noroeste, Fernando R. S., que deben presentarse a las 10.00 y a las 12.30 horas, respectivamente, en los juzgados de Santiago.

El jueves están citados, también en calidad de imputados, el jefe de Inspección de la Gerencia de Área de Seguridad en la Circulación-Noroeste, José Antonio G. D., y a los inspectores de dicha jefatura Carlos A. G. y Roberto S. A.. Deberán presentarse a declarar a las 9.30, a las 11.30 y a las 13.00 horas, respectivamente.

El juez considera que a estos cinco responsables de Adif les correspondía haber adoptado o haber demandado las medidas de seguridad "adecuadas en relación con los riesgos" en la línea y en el lugar concreto donde descarriló el Alvia. No obstante, señala que "presumiblemente no cumplieron con estos deberes", ya que ante las características de la vía en la curva 'A Grandeira' "y el riesgo que creaba para la circulación de los trenes", "no arbitraron medidas ante una posible desatención del conductor del tren a las indicaciones de velocidad".

Otras imputaciones
En el auto, el juez señala que la situación en la línea ferroviaria Ourense-Santiago es la misma que cuando en diciembre de 2011 entró en servicio, con lo que hace "extensible el reproche" a quienes ocupaban cargos en Adif en aquella época por "permitir la circulación de trenes por un tramo de línea carente de las medidas de seguridad suficientes para mantener el peligro para la vida e integridad de sus usuarios dentro de los límites tolerados por el ordenamiento jurídico".

Luiz Aláez entiende que es a partir de abrirse la vía a la circulación, "sin aparentemente las medidas de seguridad necesarias", cuando es exigible la responsabilidad penal de quienes permitieron la circulación de trenes en esas condiciones

Por ello, el juez Aláez solicitó también a Adif que facilite la identidad de todas las personas que han sido presidentes y vocales del Consejo de Administración de esta entidad y que hayan desempeñado los cargos de director de Seguridad en la Circulación, gerente del Área de Seguridad en la Circulación Noroeste, jefe de Inspección de la Gerencia de Área de Seguridad en la Circulación-Noroeste e inspectores de dicha jefatura desde el día de la entrada en servicio del tramo de la línea ferroviaria Ourense-Santiago de Compostela.

El magistrado advierte de que, aunque en principio el Consejo de Administración de Adif está liberado de responsabilidad penal porque la seguridad en la circulación está delegada, sí que podría existir "una potencial responsabilidad" si no intervino para supervisar y controlar la correcta actividad de la Dirección de Seguridad.

Así, concluye que las muertes y lesiones provocadas por el descarrilamiento del Alvia en la curva de 'A Grandeira' "son imputables objetivamente" a "delegantes y delegados", porque tenían "un dominio real sobre la fuente de peligro", por lo que defiende que todos sean considerados "potenciales autores" de delito imprudente.

Adif, por su parte, presentó este lunes un recurso contra este auto y no procederá a identificar a los restantes cargos hasta que la justicia se pronuncie sobre su razonamiento. Según sus cifras, los cargos que el juez Aláez plantea como imputables en la causa por parte de Adif podrían ascender a 29 personas.