El Gobierno tiene previsto iniciar el próximo mes de septiembre el proceso de "eliminación, fusión o simplificación" de un total de 57 organismos autónomos a través de la activación de las "actuaciones normativas" necesarias para lograr este objetivo, según ha anunciado este lunes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Así lo ha asegurado la 'número dos' del Gobierno durante su intervención en el curso ' Los retos de la sociedad española más allá de la crisis' que forma parte del programa de verano de la Universidad Complutense de Madrid, y que ella se ha encargado de inaugurar, con una conferencia sobre la reforma de la Administración.

Esta reforma, ha enfatizado, no es "una receta política" hecha "con matices ideológicos" sino que se trata de una "empresa tan compleja como necesaria" que era ineludible afrontar. Tras recordar la "reflexión" que el Gobierno ha propuesto a las demás administraciones para que supriman algunos organismos cuyas funciones pueden pasar a manos de los entes similares que existen a nivel estatal, ha destacado que la Administración General del Estado también va a tomar medidas en este sentido.

Según ha indicado, la administración tiene que "dar ejemplo" y tomar sus propias medidas ante la crisis, al igual que han hecho el resto de sectores. Por eso, una de las primeras que adoptará el Ejecutivo a la vuelta del verano será "aprobar las actuaciones normativas necesarias para eliminar fusionar o simplificar 57 organismos públicos dependientes del Estado".

Centralización de las TIC de la administración
Además, la ministra de la Presidencia ha subrayado que el Gobierno también contempla como una de sus próximas decisiones la "centralización de la gestión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de la Administración General del Estado.

Según ha explicado, en la actualidad, cada ministerio gestiona sus propias comunicaciones electrónicas, algo a lo que el Ejecutivo quiere poner fin. Entre otras cosas, se lanzará un "tablón edictal único" que evite el "peregrinar" de los ciudadanos a "tablones de anuncios" para saber, por ejemplo, si le han impuesto una sanción o le han concedido una beca.

Asimismo, se va a implantar una Plataforma de Intermediación de Datos, de manera que haya un registro público de los datos básicos de una persona para evitar que tenga que proporcionárselo varias veces a la administración correspondiente.

Funcionarios, mérito y responsabilidad
En la reforma de las administraciones públicas, según ha recalcado la también portavoz del Gobierno, va a cobrar "especial importancia" la gestión de los recursos humanos, es decir, de los funcionarios y empleados públicos que trabajan para ellas.

En esa gestión, se va a premiar "el mérito y la responsabilidad en la gestión", y se va a hacer "flexible a las necesidades de la administración y del país". La vicepresidenta ha recordado que la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA) ha hecho una apuesta por "la movilidad de los funcionarios desde sectores excedentarios a sectores deficitarios".

Estos sectores, ha comentado, podrán identificarse mediante un nuevo sistema de evaluación de la eficacia, de las cargas de trabajo y de los tiempos de tramitación de los expedientes, lo que dará lugar a una "gestión más ágil de los puestos de trabajo", que se traducirá, a su vez, "en una mayor eficiencia en la actuación administrativa".

Tras mencionar que el Gobierno tiene previsto aprobar este mismo mes para su remisión a las Cortes la Ley General de Telecomunicaciones y la de Cámaras de Comercio, Saénz de Santamaría ha señalado que también va a preparar una nueva ley de régimen jurídico y otra de procedimiento administrativo.

En la actualidad, ha explicado, hay "tal profusión de leyes que es imposible conocer en cada momento cuál es la normativa que rige en una actividad". Por eso es necesario acometer una nueva "codificación del derecho" en estas materias que defina un "marco más claro y sencillo".

Textos refundidos en 17 materias
Así, se va a redactar un proyecto que dé vía libre a la elaboración de "textos refundidos" para contribuir a la "simplificación del ordenamiento jurídico en al menos 17 materias". La vicepresidenta no ha especificado de cuáles se trata, pero sí ha apuntado que ahora son objeto de "múltiples modificaciones anuales", lo que impide "un conocimiento de la legislación aplicable en cada momento".

La 'número dos' del Ejecutivo también ha elogiado la nueva Ley de Garantía de Unidad de Mercado, el Plan de Erradicación de la Morosidad en las Administraciones Públicas y la creación de un registro contable, de carácter público, que va a traducirse en un ahorro de 51 millones de euros sólo en la Administración General del Estado, de los cuales 2,3 millones corresponden a la reducción en el uso de papel, una cifra que Sáenz de Santamaría ha calificado de "alucinante".

También en aras del ahorro, sin merma de calidad, según el Gobierno, se van a poner a la venta 15.000 inmuebles de titularidad estatal que estaban "desocupados o infrautilizados", y se va a activar la contratación centralizada de servicios.

El final de la crisis, "menos lejos"
Por último, Sáenz de Santamaría ha garantizado que el Gobierno va a mantener "el impulso y la determinación en las reformas" y ha destacado la conveniencia de "encontrar motivos no de satisfacción pero si de aliento en cada pequeño avance". "Pensando -ha dicho-- que el final de la crisis está hoy, si no cerca, mucho menos lejos que lo estaba ayer".

En este punto, ha apostado por volver a trabajar "juntos", como hicieron los españoles en el pasado, "confiando en los ciudadanos y devolviéndoles la capacidad política y económica que tienen para decidir su propio futuro.

Tras ofrecer su conferencia a los alumnos de los Cursos de Verano de El Escorial, la vicepresidenta ha abandonado el recinto sin hacer declaraciones a los medios de comunicación y evitando responder a las preguntas que los informadores le plantearon sobre las últimas noticias entorno al 'Caso Bárcenas'.