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El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, ha anunciado que la futura la ley para prevenir el consumo alcohol en menores podría incluir multas a aquellos padres o tutores cuyos hijos ingresen repetidamente en Urgencias por haber sufrido un coma etílico causado por el consumo de alcohol.
Así lo ha anunciado en un acto durante la presentación de la campaña 'Los que no', de prevención del inicio temprano en el alcohol en menores puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
A su juicio, un coma etílico por abuso de alcohol "puede ocurrir ocasionalmente, pero si es habitual pone en evidencia que hay una dejación de la tutela por parte de los padres". Además, ha añadido, cuando estas intoxicaciones están provocadas por un consumo en el domicilio podría incluso considerarse "maltrato".
Por tanto, Babín considera que esta medida sería efectiva porque estas sanciones irán también acompañadas del consiguiente reproche social.
Por otro lado, la ley también incluirá medidas para limitar la publicidad del alcohol en Internet y las redes sociales, lo que también afectaría a todas las bebidas incluidas el alcohol y el vino.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han mantenido un primer encuentro con el objetivo de establecer las líneas de colaboración y los mecanismos necesarios para que los derechos de las personas mayores y con discapacidad mayores estén presentes en el marco de las políticas municipales.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron durante 2023 un total de 24.581 denuncias por desaparición que corresponden a 15.126 personas diferentes, según el balance difundido por el Ministerio del Interior. El titular del departamento, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que el ministerio va a empezar a prestar atención psicológica gratuita a los familiares de las personas desaparecidas.
Actualmente, cuando despiden a una persona trabajadora de manera improcedente, ya sea porque se carece de una justificación legal o porque no se ajusta a la legislación vigente, ésta recibe una compensación económica que se establece en 33 días de salario por año trabajado con prorrateo mensual para periodos inferiores a un año y hasta un límite de 24 mensualidades. Pero los sindicatos han considerado que esta indemnización es muy baja.
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