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Una docena de víctimas del franquismo comenzarán a declarar como testigos por videoconferencia

La justicia argentina comienza el juicio contra dos ministros de Franco

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Una docena de víctimas del franquismo comenzarán a declarar como testigos desde este miércoles por videoconferencia ante la juez argentina María Servini, que instruye la querella que han presentado contra dos ministros del general Francisco Franco, dos jueces y cuatro policías por delitos de genocidio y lesa humanidad.

Para las víctimas, estas citaciones suponen "un paso más de gran relevancia" en la causa que se sigue en Buenos Aires contra responsables de crímenes y desapariciones de la dictadura en virtud del principio de justicia universal.

La Red Ciudadana de Apoyo a la querella Argentina contra los crímenes de franquismo (Red-Aqua), que agrupa a más de 70 colectivos, ha informado en un comunicado de que el Consulado argentino en Madrid ya ha recibido instrucciones para acoger las comparecencias, después de que estas fueran suspendidas hace unos días tras no recibir la oportuna notificación.

La hermana de Salvador Puig Antich, ejecutado con el garrote vil en la cárcel Modelo de Barcelona en 1974, Merçona Puig Antich, prestará el miércoles su testimonio junto a Pedro Fausto, cuyo padre fue asesinado a los 29 años de edad. Ese día también está citado Pablo Mayoral, procesado por un Juzgado Militar en una causa en la que se pidió pena de muerte para tres de sus compañeros y se fusiló a uno de ellos.

Al día siguiente, han sido citados a declarar Hilda Farfante, hija de maestros desaparecidos en 1936; María Remedios Palomo, nieta de un alcalde republicano ejecutado ese mismo año; y Andoni Txasko, quien perdió el ojo derecho tras ser apaleado por la Policía.

El 15 de mayo declarará Soledad Luque, que sufrió el "robo" de su hermano gemelo; José Luis Gutiérrez, quien denuncia haber sido sometido a "trabajo esclavo" en el Canal de Bajo Guadalquivir, y Silvia Navarro, cuyo tío-abuelo fue víctima de la "tercera saca", secuestro domiciliario y asesinato de 16 civiles.

Han sido citados para el 16 de mayo Jesús Rodríguez, "detenido, torturado en la Dirección General de Seguridad y encarcelado en el Reformatorio de Menores de la Cárcel de Carabanchel"; Victoria Sánchez-Bravo, hermano de un fusilado en 1975; y Jon Etxabe, sacerdote juzgado en el "Proceso de Burgos" y condenado a 50 años.

Los querellantes piden a la Justicia argentina que impute a Rodolfo Martín Villa, quien ocupó cargos en el franquismo y a los ministros José Utrera Molina --suegro del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón-- y Fernando Suárez; así como a los jueces Rafael Gómez Chaparro y Jesús Cejas Mohedano.

La acción judicial también está dirigida contra los agentes de la Brigada Político Social (BPS) Juan Antonio González Pachecho, alias 'Billy el Niño', y José Ignacio Giralte González, contra el escolta Celso Galván Abascal y el guardia civil Jesús Muñecas Aguilar por "consentir" torturas bajo el régimen. Todos ellos se enfrentan a penas de entre 8 a 30 años de cárcel.

La justicia argentina comienza el juicio contra dos ministros de Franco

Una docena de víctimas del franquismo comenzarán a declarar como testigos por videoconferencia
Redacción
miércoles, 8 de mayo de 2013, 06:42 h (CET)
Una docena de víctimas del franquismo comenzarán a declarar como testigos desde este miércoles por videoconferencia ante la juez argentina María Servini, que instruye la querella que han presentado contra dos ministros del general Francisco Franco, dos jueces y cuatro policías por delitos de genocidio y lesa humanidad.

Para las víctimas, estas citaciones suponen "un paso más de gran relevancia" en la causa que se sigue en Buenos Aires contra responsables de crímenes y desapariciones de la dictadura en virtud del principio de justicia universal.

La Red Ciudadana de Apoyo a la querella Argentina contra los crímenes de franquismo (Red-Aqua), que agrupa a más de 70 colectivos, ha informado en un comunicado de que el Consulado argentino en Madrid ya ha recibido instrucciones para acoger las comparecencias, después de que estas fueran suspendidas hace unos días tras no recibir la oportuna notificación.

La hermana de Salvador Puig Antich, ejecutado con el garrote vil en la cárcel Modelo de Barcelona en 1974, Merçona Puig Antich, prestará el miércoles su testimonio junto a Pedro Fausto, cuyo padre fue asesinado a los 29 años de edad. Ese día también está citado Pablo Mayoral, procesado por un Juzgado Militar en una causa en la que se pidió pena de muerte para tres de sus compañeros y se fusiló a uno de ellos.

Al día siguiente, han sido citados a declarar Hilda Farfante, hija de maestros desaparecidos en 1936; María Remedios Palomo, nieta de un alcalde republicano ejecutado ese mismo año; y Andoni Txasko, quien perdió el ojo derecho tras ser apaleado por la Policía.

El 15 de mayo declarará Soledad Luque, que sufrió el "robo" de su hermano gemelo; José Luis Gutiérrez, quien denuncia haber sido sometido a "trabajo esclavo" en el Canal de Bajo Guadalquivir, y Silvia Navarro, cuyo tío-abuelo fue víctima de la "tercera saca", secuestro domiciliario y asesinato de 16 civiles.

Han sido citados para el 16 de mayo Jesús Rodríguez, "detenido, torturado en la Dirección General de Seguridad y encarcelado en el Reformatorio de Menores de la Cárcel de Carabanchel"; Victoria Sánchez-Bravo, hermano de un fusilado en 1975; y Jon Etxabe, sacerdote juzgado en el "Proceso de Burgos" y condenado a 50 años.

Los querellantes piden a la Justicia argentina que impute a Rodolfo Martín Villa, quien ocupó cargos en el franquismo y a los ministros José Utrera Molina --suegro del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón-- y Fernando Suárez; así como a los jueces Rafael Gómez Chaparro y Jesús Cejas Mohedano.

La acción judicial también está dirigida contra los agentes de la Brigada Político Social (BPS) Juan Antonio González Pachecho, alias 'Billy el Niño', y José Ignacio Giralte González, contra el escolta Celso Galván Abascal y el guardia civil Jesús Muñecas Aguilar por "consentir" torturas bajo el régimen. Todos ellos se enfrentan a penas de entre 8 a 30 años de cárcel.

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