Más de seis millones de parados, que supone acercarse al 30% de paro de la población activa, es un auténtico drama nacional que representa un alto peligro social y político, que puede llevar a un estallido social ante la desesperación de personas que se encuentran en auténtico desamparo social en las puertas de la marginalidad, auténtico “barril de pólvora” que genera inestabilidad socio-política.

Ante esta situación, ya no caben vanas promesas, mucho menos dar más “vueltas de tuerca” de recortes a la esquilmada clase media y trabajadora; y mucho menos criminalizar la lógica protesta.

Si una sociedad en esta situación de profundo fracaso económico y político, -pues el dejar fuera del ámbito de la actividad a más del 30% de la población activa es un fracaso de sociedad- no protesta, estaríamos ante un cuerpo social difunto. Pues el sufrimiento de la clase trabajadora es grande, padece el paro, la persecución por deudas, el desahucio de sus casas, ante un conformismo político incapaz de dar respuesta a estos problemas, más allá de la policial o mera legalidad formal que acaba en la judicial. ¡No es justo, socialmente hablando, que mientras hay miles y miles de viviendas vacías, se desaloja de sus casas a familias por impago, en plena crisis…!.

Todo esto, además unido a numerosos casos de corrupción pública, hace que la población se sienta defraudada por la clase política –que no resuelve los problemas de la ciudadanía actuales-, al tiempo que crece la desafección pública sobre la clase política, especialmente por los partidos habituales de gobierno que se han mostrado incapaces de reconducir la crisis económica a términos socialmente asumibles en términos de justicia social, pues se han limitado a trasladar las directrices de Berlín y Bruselas a la agenda política y a la acción de gobierno, llegando a desmontar servicios públicos esenciales (educación y sanidad), en un fracaso del “Estado Social” –constitucionalmente definido, pero traicionado en las concretas políticas de recortes-.

Es la hora de que se tomen decisiones contundentes que acaben con estas políticas de protectorado (que solo atiende a intereses financieros y políticos de Alemania y Bruselas). Por consiguiente, se hace urgente un referéndum para plantear la salida de España del euro, y volver a controlar la soberanía monetaria y financiera desde Madrid, de forma que la soberanía la ejerza el pueblo español a través de las instituciones legítimas, pero en modo alguno desde el exterior imponiéndonos estas duras políticas de recortes.

Es la hora que el dinero vuelva a fluir para reconstruir el tejido productivo, recuperar los derechos sociales –que nos pretende quitar Bruselas al servicio del gran capital-, y como siempre se ha dicho, “a grandes males, grandes remedios”. No podemos seguir siendo unos bisoños, soñadores, expoliados en manos de meros “administradores” de este peculiar protectorado en que se han convertido las relaciones hispano europeas.

Es hora de un nuevo liderazgo político efectivo y real, de decir la verdad, reconociendo el fracaso de la reforma laboral que el gobierno del PP impulsó al poco de coger el poder, y que sólo ha servido para facilitar el despido. Por consiguiente, lo mismo que se hicieron los Pactos de la Moncloa en la transición para salir de la crisis económica de entonces, se hace preciso algo más que unos pactos políticos sobre contenidos económicos, pues esta situación económica de extrema gravedad incluso requeriría un “gobierno de concentración” que apostara por giros políticos rápidos y eficientes que devolvieran la normalidad económica y social al país, rebajando las durísimas cifras del paro, negociando la deuda exterior con quitas y esperas, y si fuera necesario volver a la moneda nacional saliendo del euro, para poder ajustar las políticas económicas que necesita España –cosa que no se está haciendo ante la insolidaridad de Bruselas y Berlín, que no les interesa-.