La incapacidad de romper los esquemas de la vieja política

Ada Colau ha sido responsable de generar en los ciudadanos expectativas de una ruptura epocal, pero, en una duradera crisis del patrón dominante, el sueño de un cambio de paradigma no se ha materializado, particularmente, en lo que era el matiz anticapitalista de su propuesta y posición política. A la alcaldesa no se pedía levantar los falansteriosi de Charles Fourier – unidades de producción y consumo, donde todas las familias reunidas en único edificio ahorran recursos y comparten trabajo, capital y talento para garantizar un cooperativismo integral y autosuficiente – pero tampoco seguir gestionando de manera tradicional, dado que en el siglo XXI ya no se trata solo de proporcionar viviendas protegidas. Siguiendo la idea visionaria de Barcelona en Comú, que en el marco de su ideología socialibertaria quiere ser incubadora de “la transición hacia una economía social y ambientalmente justa y de redes de autogestión de servicios y bienes comunes”ii, el déficit de vivienda ha de ser considerado tanto en los aspectos cuantitativos como cualitativosiii.

No se puede enfrentar el asunto solo con construir fincas, teniendo en cuenta que los problemas de escasez y adquisición de suelos y los costos de realización, determinan su valor de transacción, además de conllevar impuestos, tasas, rentas, plusvalías, valorizaciones, y, con el paso del tiempo, obras de conservación, consolidación y rehabilitación. Fundamentalmente, se detecta la exigencia de abrir camino examinando lo que se necesita hacer y lo que en concreto se está haciendo, afirmar que no hay “existencia digna sin vivienda digna”iv, se convierte en un eslogan vació si no se mide el nivel de decencia con estándares innovativos y que verdaderamente encajan con las pautas de una economía social y solidaria. En este sentido, las viviendas protegidas deberían ser lo mejor, un modelo a seguir para las constructoras privadas, englobando en su estructurav y organización una racionalidad acorde al proceso circular y al desarrollo ordenado de la ciudad, para privilegiar:

(en su edificación)

- una arquitectura biomiméticavi;

- un sistema de generación de energía renovablevii;

- un procedimiento de ahorro y autoabastecimiento energéticoviii;

- una implementación de medidas de consumo responsable y uso eficiente del agua a través del reciclajeix;

-un método de recolección y almacenamiento de aguas pluvialesx;

- una climatización y ventilación natural con ausencia de emisiones de CO2;

- un utilizo de materiales ecológicos y de proximidad;

(en su funcionamiento)

- el uso frente a la posesión;

- el beneficio comunitario respecto al individual, promoviendo la cultura de compartirxi;

- la creación de redes de compras colectivas (RCC)xii;

- la venta de un servicio frente a la propiedad de un bien;

- la regeneración y redistribución de mercancíasxiii;

- la autoproducción, respetando los criterios normativos y alcanzando cotas más elevadas en materia de conciencia medioambiental, que permite tomar en consideración las nuevas oportunidades ofertas por las impresoras tridimensionales;

- la prioritaria evaluación del impacto medioambiental de productos y envasesxiv;

- la sustitución de artículos y sustancias contaminantes por otros autocompostables y biodegradables;

- la elección de productos a kilómetros cero y de los con posibilidad de reusoxv;

- el reciclaje masivo y metódicoxvi;

- la recogida de ciertos residuos o ciertas partes de los mismos que proceden del consumo de cada hogar para la realización de nuevos bienes y abonosxvii;

- la reparación para brindar una segunda vida a productos deterioradosxviii;

- el análisis del impacto de los procesos de desmaterializaciónxix (cuestionamiento del desarrollo sostenible).

Todo esto tendría que ejecutarse por lo menos en unos proyectos pilotos de vivienda protegida, para romper esquemas y ser pionero de una auténtica revolución, obviamente, el proceso llevaría un tiempo no compatible con las exigencias inmediatas. Para responder de manera rotunda a estas últimas, es necesario ponerse en el marco de las soluciones típicas de la política tradicional, en particular, estableciendo:

- ampliación de los plazos de los contratos de arrendamiento;

- reducción de la garantía o aval a la hora de firmar un contrato (fianza)xx;

- limitación de la revalorización de las rentas, fijando un porcentaje (30%-%50%) sobre la subida del IPCxxi;

- aumento de las tasas (IRPF, IBI e impuesto sobre el patrimonio)xxii sobre los pisos desocupados (segunda casa inutilizada durante más de 7 meses, tercera y cuarta casa) de particulares y entidades inmobiliarias y financieras, para incentivar su ingreso en el mercado inmobiliario;

- plan de incentivos fiscales (significativas bonificaciones de IRPF e IBI) para aquellos propietarios y Socimis titulares de viviendas vacías, que las alquilen con una renta que no supere un nivel de precio máximoxxiii.

- deducciones fiscales por obras de reforma de apartamentos en estado de abandono o en condiciones deficientes o ruinosas, que permita incorporarlos al sector del alquiler.

- establecer que una cuota (30%) de los inmuebles de bancos, inmobiliarias y fondos de inversión sea destinada a vivienda social;

- destinar un porcentaje (25%-30%) de las nuevas promociones residenciales, edificadas a partir de cero o a través de rehabilitaciones, a viviendas protegidasxxiv.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aplicado solo unas de las medidas mencionadas (1 marzo 2019)xxv y con un exceso de cautela que solo puede generar efectos muy circunscritosxxvi, evidenciando la dificultad de generar una redistribución de la riqueza desde el factor capital improductivo y especulativo hacia el capital de inversión y el trabajo.

Una postura más comprometida con el espíritu reformista, habría impulsado un proceso de progreso y justicia social ya empezado con el incremento del salario mínimo interprofesional (SM) para el 2019 (de 734 a 900 euros), una norma que ha sido muy criticada por los empresarios, mientras que el economista Alfredo Pastor, ha destacado su importancia para generar alta productividad, innovación tecnológica y financiación de las prestaciones sociales (educación, sanidad, dependencia), y, asimismo, reducir el gasto publico y mejorar la deuda soberana, eliminando inversiones especulativas (inmobiliarias) y empresas con baja productividad y salarios de hambrexxvii.

La ciudad del futuro queda en el aire

Se comprueba que la prevalencia en la ciudad condal de intereses financieros globales con estrategia oligopolística, es un obstáculo para el desarrollo de un proyecto urbano social y participativo, por lo tanto, afirmar que las Socimis y los fondos de inversión solo poseen el 3% del patrimonio inmobiliario en alquiler en España, es una verdad a medias que acaba siendo una declaración engañosa. El dato que tiene relevancia, es que las 114 mil viviendas que abarcan las carteras de los 15 mayores inversores (Al Breck; Altamira de Apollo y Santander; Anticipa Real Estate, Fidere e Hispaniaxxviii del grupo Blackstone; AXA Investments Fund perteneciente a la homónima multinacional francesa de los seguros AXA; Building Center de Caixabank; Colón Viviendasxxix del grupo Azora; Encasa Cibeles de Goldman Sachs; Haya Real Estate del fondo Cerberus; Lazora propiedad de Azora y la gestora estadounidense CBRE Global Investorsxxx; Solvia del banco Sabadell; Tempore de la inmobiliaria Sareb; Testa de propiedad de Acciona y Merlin, BBVA y Santander; Vivenio de APG;)xxxi, se concentran fundamentalmente en las urbes más pobladas de España (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Bilbao, Alicante y Córdoba), donde su presencia causa una grave perturbación de los alquileres, con una subida desproporcionada de los precios. El fenómeno es aún más lamentable teniendo en cuenta que estas sociedades disfrutan de un régimen fiscal provechoso, puesto que de respetar ciertas condicionesxxxii su impuesto es del 0%xxxiii, es decir, un regalo del Estado a lo ricos para que se vuelvan más ricos y depredadores. De otra parte, tal situación de privilegio les permite determinar un calentamiento del mercado dejando muchos pisos vacíos (el ayuntamiento de Barcelona ha tramitado 268 expedientes de viviendas pertenecientes a bancos)xxxiv, juntos a particulares que quedaron colgados después de la aprobación del PEUAT, no llegando a convertirlos en alojamientos turísticos.

El gran dilema es como conservar historia, rasgos y tradiciones de la ciudad con sus residentes, sin apartarse del desafió que la contemporaneidad impone. Entre las soluciones propuestas por parte de los candidatos a la alcaldía, se destaca la de Manuel Valls, que apuesta por construcciones verticalesxxxv, instrumento típico para ahorrar suelo, energía y desplazamientos, acogiendo un mayor número de personas. Sin embargo, se ofrece una solución de economía de escala con peculiaridad posindustrial y capitalista, cuyo objetivo es, a través de la altura y la reproducibilidad de la edificación, difundir un arquetipo jerárquico universal y de dominio de la naturaleza. Su multiplicación, en los últimos decenios, revela una tendencia a afirmar la competición como factor de elevación social, no es un caso que las plantas altas de los rascacielos están ocupadas por los bufetes y los inquilinos superpoderosos. Este prototipo que se presenta como el antítesis de la ciudad-comunidad, no es el lugar ideal para crear y profundizar relaciones sociales, debido a que engendra soledad e introversión, además, hay que justipreciar el impacto en el horizonte artificial o perfil de la ciudad o línea del cielo (“skyline” en inglés), que es un patrimonio de la cultura barcelonesa con sus techos y azoteas representadas magníficamente por Pablo Picassoxxxvi, en particular, durante su época azul.

Por último pero no menos importante, es que la idea planteada minimiza uno de los asuntos principales para el futuro de la capital catalana, que es la alta densidad urbana con sus ventajas y desventajas. De acuerdo con esto, dos corrientes de pensamientos y los relativos grupos de presión que las suportan, chocan para imponer su visión, por una parte, los partidarios de una metrópoli difusa que auspician aliviar las lacras de la alta tasa de urbanización favoreciendo una estructura nodal o policéntrica, y por otra parte, los que consideran viable la realización de una ciudad con una estructura concentrada, monocéntrica y radiocéntricaxxxvii. Estos últimos consideran que la descentralización engendra más prejuicios que beneficios, entrando en el fondo de la cuestión, estigmatizan el exceso de consumo de suelo para edificar espacios urbanos e infraestructuras y, por ende, la destrucción de tierras agrícolas, bosques y áreas verdes que suministran sus productos al contexto urbano, el incremento del uso de coches privados y los atascos de tráfico asociados a los mayores gastos asumidos por la administración pública en la gestión de los flujos vehiculares, como realización de aparcamientos, actividad de patrullaje, accidentes y pérdida de vidas humanas, servicio médico y emergencia, trámites burocráticos y administrativos, empeoramiento de la contaminación atmosférica y acústica a causa de emisión de contaminantes y ruido. Y encima, señalan los costos sociales de la baja densidad, como la aparición de aglomeraciones periféricas y la separación funcional entre zonas residenciales, comerciales, de negocio y diversión, que exacerbando la movilidad con una sobrecarga de la red viaria, reducen al mínimo los contactos sociales interclasistasxxxviii.

Examinando los datos de los distritos municipales, parece que Barcelona a pesar de ser una realidad con alta densidad (la primera en Europa según Geostat)xxxix, ya experimenta los inconvenientes de una ciudad desperdigada, esta evidente contradicción se explica con el índice de concentración demográfica, que es un indicador más ajustado respecto a las tasas de densidad de población aritmética y urbanaxl. En efecto, si la densidad es de 15.987 habitantes por kilómetro cuadrado (datos 2018)xli, se manifiestan enormes diferencias entre distritos muy poblados, que superan esta media, como Eixample, 35.630 habitantes por km2 (Sagrada Família, 49.040 por km2; Sant Antoni, 47.870;), Gràcia, 28.990 por km2 (Camp d'en Grassot i Gràcia Nova, 52.850 por km2; Vila de Gràcia, 38.210 por km2;) Ciutat Vella, 23.210 por km2 (Raval, 43.340 por km2; Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, 20.390 por km2;), Sant Andreu, 22.480 por km2 (Navas, 52.270 por km2; Congrés i els Indians, 34.680 por km2;), Sant Martí, 22.380 por km2 (Camp de l'Arpa del Clot, 51.460 por km2; Clot, 38.850 por km2) y Nou Barris, 20.720 por km2 (Verdun, 52.030 por km2; Vilapicina i la Torre Llobeta, 45.120 por km2;); y otros, que se ponen debajo o muy por debajo de la misma, como Horta-Guinardó (14.120 habitantes por km2), Les Corts (13.630 por km2), Sarrià-Sant Gervasi (7.430 por km2) y Sants-Montjuïc, (7.930 por km2)xlii. Los números atestiguan como se han desarrollado tres áreas de baja densidad y en algunos casos con rasgos periféricos, una, de burguesía adinerada, en el nordeste (Sarrià-Sant Gervasi y Les Corts), y otras dos en los sectores suroriental (Sants-Montjuic) y noroccidental (Horta-Guinardó).

Asimismo, se registran unos barrios (29) con una densidad neta (población/superficie residencial) inferior a la media de la ciudad (62.580 habitantes por km2), entre estos sobresalen la Marina del Prat Vermell, Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, la Clota, Torre Baró, Pedralbes, Vallbona, Sarrià, Font d'en Fargues, Dreta de l'Eixample, Tres Torres, Sant Gervasi-la Bonanova, Vallcarca i els Penitents, Sant Genís dels Agudells, Can Peguera y la Vila Olímpica del Poblenou, mientras que se han generado condiciones de hacinamiento en realidades como Provençals del Poblenou (148.980) Turó de la Peira (115.150), Clot (114.500), Sant Martí de Provençals (111.650), Barceloneta (110.740), Baix Guinardó (108.190), Poble Sec (104.310) Sagrada Familia (100.620), Navas (98.360), Prosperitat (96.530), Raval (95.880), Forte Pienc (95.860), Sants-Badal (95.450), Sant Antoni (92.760), y la Font de la Guatlla (91.170), que son síntomas de fuerte disparidades dentro de los mismos distritos.

En definitiva, se perfila una metrópoli con una pronunciada inclinación hacia el ámbito disperso, en el que los varios isótopos que componen su tejido, despliegan muchas ciudades dentro de la misma ciudad, pues, el debate tendría que enfocarse no tanto en baja o alta densidad como en dispersión o compacidad. Adoptar una estrategia de crecimiento inteligente (“smart growth”)xliii es una alternativa válida, que, sin embargo, no subestime como la alta densidad favorezca, al faltar requisitos de ventilación e insolación en la edificación, la incidencia de enfermedades contagiosas, y sobre todo, en lo social, condiciones de estrés y agresividad, que la escasa disponibilidad de espacio vital por cada residente y la proliferación de lugares sin identidad y vínculos de vecindad (luego, también la alta densidad puede causar problemas de convivencia), provoca en los individuos. Cada vez más, las personas buscan un equilibrio entre la vida del campo y la del mundo urbano, según el famoso modelo de la “ciudad-jardín” de Ebenezer Howardxliv, que hoy en día parece superado por la necesidades medioambientales y de autoproducción, que presagian el surgimiento de la “ciudad-huerta”.