El establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español, herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro “Oligarquía financiera y poder político en España” escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet). Dichos lobbys de presión estarían interconectados mediante “una alianza inquieta basada en su comunidad de intereses económicos y amalgamada por la defensa a ultranza del Régimen del 78 y de la “unidad indisoluble de España” y su objetivo confeso sería implementar en España una “democracia no liberal” siguiendo la estela de la Hungría de Orbán.

El lobby judicial tardofranquista habría fagocitado los principales estamentos judiciales del Estado español (CGPJ, Tribunal Supremo, Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional) y a pesar de estar en funciones desde el 2018, el PP se niega a renovar la cúpula judicial al seguir ostentando la mayoría en dichos Tribunales. El Tardofranquismo judicial tendría al Tribunal Supremo como muro de contención de los decretos-leyes aprobados por el “rodillo progresista” del Congreso; a su Presidente Carlos Lesmes como croupier en la ruleta de adjudicación de cargos y procesos judiciales; a los jueces Marchena, Lamela y Llarena como sus estrellas mediáticas y a los fiscales del “clan de los indomables” como sus abnegados peones.

Asimismo, el Tribunal Supremo estaría controlado por el llamado “clan de los políticos” en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo y habría devenido en un verdadero lobby o grupo de presión de la derecha tardofranquista que mediante controvertidas decisiones judiciales intentará paralizar o revertir las decisiones políticas o económicas del Gobierno Sánchez. En este contexto, se enmarcaría la reciente campaña emprendida por el PP y Vox (Operación Toga) y que contará con la aquiescencia del Tribunal Supremo, del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Constitucional para provocar la parálisis legislativa y ejecutiva de la actual mayoría progresista y forzar la convocatoria de nuevas Elecciones Generales con la esperanza de lograr la mayoría absoluta.

Así, en las próximas Generales podríamos asistir al triunfo de la nueva CEDA representada por PP y Vox (previa absorción de los restos del naufragio de Ciudadanos) que conformarían un Gobierno de Salvación nacional basado en la triple enzima tardofranquista (mantenimiento de la unidad indisoluble de España, control estricto de la inmigración y retorno al pensamiento único heteropatriarcal) y que gobernará con claros tintes autocráticos. La autocracia sería pues una especie de dictadura invisible sustentada en sólidas estrategias de cohesión (manipulación de masas y culto al líder) basadas en el control absoluto de los medios de comunicación y la censura y desprestigio social de los individuos refractarios al mensaje del líder. De ello sería paradigma el primer ministro húngaro, Viktor Orbán que habría convertido a Hungría en la primera autocracia europea o “democracia no liberal”, doctrina que por mimetismo han adoptado el resto de países del Grupo de Visegrado ( Polonia, Eslovaquia, Chequia).

En el supuesto de alcanzar el Poder el PP en coalición con Vox, asistiremos a la implementación de “una democracia no liberal” siguiendo la estela de Orbán que beberá de la fuentes del centralismo bonapartitsta y del paternalismo de las dictaduras blandas y que se traducirá en el finiquito de la separación de poderes de Montesquieu, en la ilegalización de partidos refractarios a los postulados de la Constitución (partidos independentistas vascos y catalanes) así como la instauración de una feroz ofensiva recentralizadora que supondrá la asunción por el Gobierno central de las actuales competencias autonómicas (Sanidad, Educación, Policía y Prisiones). 

Ello supondrá “de facto” vaciar de contenido las competencias legislativas de los Parlamentos forales vasco-navarros, medidas restrictivas que podrían convertir tanto a Euskadi como a Navarra en autogobiernos devaluados, enconsertados y sometidos a los dictados del Gobierno Central o Tribunal Constitucional de turno, lo que podría desembocar en la apertura del Frente del Norte contra la regresión centralista del Gobierno de Madrid.