Tres ex ministros (César Antonio Molina, José Barrionuevo y Javier Sáenz Cosculluela); dos ex presidentes del Senado (Javier Rojo y Juan José Laborda); el ex embajador Paco Vázquez, Eligio Hernández que fue fiscal general del Estado y una treintena más de antiguos altos cargos de los gobiernos de Felipe González y Rodríguez Zapatero solicitan por carta la dimisión de Pedro Sánchez por casos de corrupción vinculados a personas de su máxima confianza. Los firmantes explican que su "único propósito es salvaguardar la dignidad de nuestros votantes y restituir el honor del Partido Socialista y de su militancia".

Hay que estar atentos a los resultados no explícitos de la declaración del ex ministro de Fomento José Luis Ábalos ante el juez del Tribunal Supremo que investiga la presunta trama de amaños de contratos con empresas organizada para cobrar comisiones. Es un escándalo de corrupción de dimensiones inocultables, pero la mayor corrupción es la Ley de Amnistía. Ley que fue el precio que pagó Pedro Sánchez a los partidos separatistas catalanes cuyos dirigentes habían participado en el intento de golpe del "procés" a cambio de contar con los votos que le permitieron acceder a la presidencia del Gobierno.

Tres días antes de que la UCO (Guardia Civil) entrara por orden judicial en la sede central del PSOE en Madrid en busca de pruebas sobre las actividades presuntamente delictivas de Santos Cerdán, número dos del partido hasta hace una semana, Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, tras un encuentro con Pedro Sánchez en la Moncloa salió diciendo que le notaba "tocado". Una expresión coloquial que describe un estado de ánimo hundido, próximo o previo a la depresión. Todavía no se había producido la entrada de los agentes en Ferraz pero ya habían trascendido nuevas revelaciones sobre las andanzas de Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Dos hombres clave en su vida política que están ahora bajo el radar de la Justicia investigados por formar parte de una organización criminal presuntamente dedicada al cobro de comisiones a empresas a cambio de la adjudicación de obras públicas.

Huyendo de la quema --los casos de corrupción en los que están siendo investigados quienes eran dos de sus colaboradores más próximos-- Pedro Sánchez enciende otra hoguera. El objetivo es cambiar el guion centrado en la corrupción. Manda una carta al secretario general de la OTAN en la que señala que España no asumirá un incremento al 5% del PIB como aportación a la financiación de la Alianza tal y como exige el presidente norteamericano, Donald Trump.

El escándalo de las presuntas mordidas que, según el informe de la Guardia Civil, se quedaban Ábalos y Cerdán a cambio de mediar en las contrataciones de obras públicas incomoda a los socios de Sánchez. A unos más que a otros. Pero todos tratan por igual de resolver el dilema que supone seguir apoyando al Gobierno para no perder el chollo, con un Sánchez a la baja dispuesto a dejarse sangrar al tiempo que intentan disimular que apoyan a dos organizaciones salpicada por la corrupción: el Gobierno -Ábalos era ministro de Fomento- y el PSOE -Cerdán era secretario de Organización.

Escuchar a Pedro Sánchez diciendo: "Esto no va de mí" -idea que ha vuelto a reiterar en la última de sus lúgubres comparecencias- tras conocerse el informe de la UCO sobre la trama organizada por Santos Cerdán, número dos del PSOE, para cobrar comisiones instaló a media España en la perplejidad. Por no hablar de indignación. La otra media hace como que no se ha enterado del latrocinio.