No sabemos, porque no somos adivinos, lo que va a suceder en los próximos días, después de las confesiones (no se sabe si dadas a conocer voluntariamente o por un descuido del señor Comín) inesperadas y reveladoras del prófugo señor C. Puigdemont; dando a entender que tiraba la toalla y se resignaba al papel de héroe abandonado por los suyos y traicionado por sus anteriores aliados. No obstante, fuere cual fuere la intención o el descuido de quien permitió que saltaran a la luz, lo que sí es evidente es que el efecto que han tenido, tanto entre sus seguidores como en sus adversarios (el Gobierno, especialmente) y la prensa extranjera; tenemos la firme creencia de que han sido devastadores para la causa separatista. En ocasiones,

lo que se puede pensar que fuera una idea brillante (en este caso, pretender incentivar el sentimiento de victimismo de los seguidores independentista de forma que se produjera una reacción en favor de la investidura de Puigdemont calculando que, aquellos a los que iba dirigido, tendrían una percepción más profunda y sibilina que la que, en realidad eran capaces de asimilar ya que, normalmente, a lo único a lo que llegan ( a veces con gran esfuerzo), es a creerse todo lo que aparece en la prensa o se dice en las TV, sin que se les pueda pedir que lleguen a interpretar posibles doble intenciones en los textos que leen. Dicho lo cual el efecto que, con toda seguridad, van a tener estas declaraciones sobre las masas va a ser el que, una lectura literal del texto, va a dejar en las mentes imbuidas del radicalismo separatista. Por consiguiente si Puigdemont pensó en esta forma tan artificiosa de promocionarse, la causa en sí adolece de falta de realismo y, como tengo la impresión que va a suceder en este caso concreto, lo más probable es que se crean a pies juntillas lo que ha aparecido en estas declaraciones reveladoras de un presunto estado de ánimo de Puigdemont, teniendo en cuenta que no ha negado la existencia de las declaraciones, que ha atribuido a unos momentos de flaqueza y desmoralización.

Es obvio que, lo que está sucediendo estos últimos días, poco viene favoreciendo a los que siguen creyendo en la posibilidad de una república catalana y menos a aquellos que, como el recientemente nombrado presidente del Parlamento Catalán, señor Roger Torrent, un cabeza de turco que, con toda seguridad, estará maldiciendo el día en el que se prestó a ocupar tan delicado cargo. Podríamos decir que lo que ha sucedido en el refugio de Bruselas con las manifestaciones del expresidente de la Generalitat, ha sido un torpedo en toda la línea de flotación del entramado separatista y, especialmente, en las pocas esperanzas que algunos todavía albergaban en cuanto a un difícil investidura de la persona propuesta por el presidente del Parlament, señor Torrent. De hecho, ya eran muchos, incluso de su propio partido, los que en el anonimato se quejaban de la testarudez de su líder, el excesivo retraso que se estaba produciendo en la constitución de un nuevo gobierno catalán, que pudiera hacerse cargo de la multitud de asuntos que hay pendientes de resolver en la comunidad catalana y con la, para muchos separatistas “insoportable” vigencia de la ocupación de hecho y derecho de la autonomía, en virtud de la aplicación del 155.

Al mismo tiempo, será casualidad o simple imperativo del trascurso del tiempo de la instrucción que, el juez Pablo Llarena, está llevando a cabo, respecto a los personajes que, de una manera u otra, protagonizaron y formaron parte de aquellos políticos y autoridades autonómicas que desobedecieron, prevaricaron, cometieron presuntamente delito de rebelión o de sedición, incumpliendo la Constitución, los autos y advertencias del TC. La pretensión de actuar independientemente, prescindiendo del Estado español; junto a hacer caso omiso de los requerimientos del Gobierno y las sentencias de los tribunales de justicia del reino español, declarándose en rebeldía contra el orden constitucional español, no podía quedar impune. La participación de todos los implicados en este sucio asunto de los despropósitos separatistas de Cataluña intentando darle un enfoque meramente político a la cuestión, buscando una negociación “entre iguales”, de tú a tú, con el Estado, como si éste se pudiera saltar la normativa y la Constitución, para permitir que, una parte de España se pudiera separar del resto. Todo ello, sin tener en cuenta que su petición de independencia de España; su negativa a admitir que se estaban violando artículos de CP, calificados de extremadamente graves, y su temeridad de seguir cometiendo acciones que, el TC, había declarado de forma expresa contrarias a la constitución, tenían todas las consideraciones precisas para ser declaradas delictivas. No cabía más que una respuesta, proporcional y adecuada, por parte de los tribunales competentes de Justicia, obligando, a todos los que participaron en aquel circo de insensateces, a que tuvieran que comparecer ante los jueces para explicar sus motivos y defenderse de los delitos que se les han imputado. Con todas las garantías personales para los acusados, pero con la seguridad de que el ministerio fiscal y las acusaciones particulares, en su caso, van a hacer valer todas las pruebas y evidencias para intentar probar la culpa de quienes se han atrevido a desafiar el Estado de derecho.

Ha pasado el tiempo de las bravatas, de las declaraciones explosivas, de los desafíos institucionales, de las amenazas revolucionarias, de las ocupaciones de las calles, de las amenazas y chulerías contra los catalanes que se seguían considerando españoles y las ocupaciones, por la fuerzas, de locales públicos. Ha llegado el momento de poner en claro las actuaciones, durante los días del falso referendo y las irregularidades que, en el trascurso de los últimos meses, pudieran haberse cometido por los funcionarios, los dirigentes, los miembros del gobierno de la Generalitat y los parlamentarios autonómicos, para ser sometidos a la consideración de los jueces, los que, en el ejercicio de sus atribuciones, deberán determinar si ha existido delito en las acciones de cada uno de los investigados y, previo escuchar a los peritos, tomar en cuenta las pruebas aportadas y los alegatos de la defensa y a la acusación, dictar el sobreseimiento o la condena adecuada al grado de culpa que, de acuerdo con la Ley, les correspondiera a cada uno.

La situación de interinidad que, todos estos últimos acontecimientos, han provocado en la administración catalana, que se ha visto imposibilitada de designar a una persona que pueda formar gobierno en la comunidad catalana, no deja de ser algo que, hasta ahora, no se había producido en nuestro país y, en consecuencia, va a corresponder a los expertos establecer el camino legal que se va a tener que seguir para restablecer la normalidad que, a consecuencia de los distintos movimientos de separatistas y constitucionalistas, da la sensación de que ha quedado encallada. Lo que es evidente es que, por sentido común, no es conveniente que se prolongue demasiado sin que se sepa cuál va a ser el resultado y las medidas que se vayan a tomar para normalizar la situación. Es obvio que, unas nuevas elecciones, están contempladas en el caso de que la persona elegida como candidato no pueda conseguir los apoyos para ser elegido, pero es preciso que se presente, presencialmente, para que se pueda comprobar si cuenta con ellos o no. Mientras se está en un limbo jurídico provocado por la suspensión que, el presidente del Parlamento Catalán decidió decretar del pleno en el que se tenía que nombrar presidente de la Generalitat catalana, sin que se sepa el plazo que tiene para convocar de nuevo la reanudación del acto suspendido.

Mientras la ciudadanía catalana sigue pendiente de lo que va a suceder en esta comunidad, amenazada de caer en manos de comunistas como la señora Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, o de sujetos tan atrabiliarios como los de la CUP, principales responsables de todas las ocupaciones y destrozos callejeros; individuos que no se cortan cuando se trata de atacar, insultar, amenazar y agredir a aquellos que no comulgan con sus especiales métodos. Una Cataluña en la que formaran parte del gobierno semejantes sujetos, estaría condenada, desde el primer día, al más absoluto fracaso. Esperemos que el Gobierno tenga preparados y en condiciones de ser puestos en funcionamiento todos los recursos políticos, materiales, administrativos y garantes del orden para el caso, más que probable, de que los ánimos de los más incendiarios y fanatizados independentistas y nacionalistas, tuvieran previsto elevar el nivel de protestas de modo que llegaran a colapsar la vida ciudadana.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, estamos viendo como los acontecimientos se precipitan, los virajes de la política se han convertido en habituales y la normalidad institucional parece que está amenazada, como no sea que se eleven los niveles de seguridad por parte de los responsables del Gobierno que tengan facultades para ello. Quizá el adelantamiento de los juicios de las personas que han sido encausados por causa de la rebelión catalana fuera un medio para que, condenas ejemplarizantes y disuasorias, rebajaran la presión que, hoy en día, se está ejerciendo por aquellos fanáticos nacionalistas que no se resignan a que, una vez más, como sucedió con Maciá y Companys, sus ambiciones nacionalistas se hayan convertido en agua de borrajas. Ya hemos repetido varias veces que la marcha de policía nacional y Guardias Civiles ha sido precipitada y no nos extrañaría que, según como se desarrollen los acontecimientos, deban regresar de nuevo para pacificar las calles de Cataluña. Entre tanto: esperar y ver.