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“Cuando un político dice que acabará con la pobreza, se refiere a la suya” Paulo Coelho

No, no se adelanten a recordarme que en España ni en los países europeos si exceptuamos el Reino Unido que tiene una suerte de impeachment que data del Siglo XIV, no hay establecido un procedimiento semejante para destituir al presidente u otros altos cargos de la política. Lo cierto es que esta modalidad o procedimiento para cesar a una figura importante del gobierno o las instituciones existe en aquellos países de modelo presidencialista y ha sido usada en varias ocasiones como en el caso del presidente Nixon, en Norteamérica, que se vio obligado a dimitir a causa de un gran escándalo político que tuvo lugar en Estados Unidos a principios de la década de los setenta que, según las crónicas de aquellos tiempos, surgió “a raíz de un robo de documentos en el complejo de oficinas Watergate de Washington D. C., sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos, y el posterior intento de la administración Nixon de encubrir a los responsables causa del famoso escándalo del Watergate”, que acabó con la presidencia del señor Nixon.


En realidad, el hecho de que en América Latina sea corriente el sistema presidencialista propicia esta figura que está vinculada al impeachment del derecho anglosajón y al juicio de residencia del derecho indiano. En España lo más parecido a este proceso de destitución seguramente lo podríamos encontrar en la denominada moción de censura en la Cámara baja o los posibles procedimientos de desafuero iniciados por el poder judicial con el objeto de someter a los aforados al juicio de los tribunales de justicia. Es por eso, por lo que tiene de indefensión para la ciudadanía el hecho de que se vote a un gobierno, presuntamente de carácter democrático, aunque fuere de izquierdas, un gobierno cuyo presidente, el señor Pedro Sánchez se postuló para ser elegido con la promesa de que no pactaría con los comunistas de Podemos y después lo hizo o que respetaría las normas constitucionales y el imperio de la ley democrática y luego hemos podido comprobar que nada de todo ello ha tenido lugar; antes bien, tanto él como todo los miembros de su gobierno se han esmerado en encontrar subterfugios, martingalas, recovecos legales y demás artificios para que, con el método de los hechos consumados, los decretos leyes y el puentear las funciones de las Cortes representativas de la voluntad popular, no solamente ha vulnerado el espíritu de nuestra Carta Magna sino que subrepticiamente ha ido introduciendo leyes netamente favorables a sus intentos totalitarios.


Vean ustedes el caso bochornoso de la nueva ley educativa conocida, para INRI de quién la ha confeccionado e impuesto, sin el apoyo de la mayoría de la comunidad educativa, de las instituciones y, de toda la oposición, que han visto en ella una cacicada de la señora ministra y el traslado al texto de la norma del más puro sectarismo y cerrazón ideológica de quien, más que buscar el interés del alumnado, lo que ha intentado, y al parecer conseguido, es convertir la enseñanza en un lugar de adoctrinamiento, reclutamiento y restricción del pluralismo ideológico y de las libertades de padres y alumnos para que, como dispone nuestra Constitución, puedan elegir libremente el sistema de enseñanza, pública, privada o especial, sin que sea el Estado el que pueda poner impedimento a estas facultades fundamentales que concede nuestra Constitución del 78. Es evidente que este engendro de ley, perpetrado por la ministra Zelaa, contendrá una serie de disposiciones inconstitucionales que, con toda seguridad, cuando sea recurrida ante el TC, que lo será sin duda, van a obligar a quienes la dictaron a rectificar, a modificar y, probablemente, a anular algunos de sus extremos más conflictivos, si es que la legislatura y la realidad misma no obligan al mismo Gobierno a modificarla para adecuarla a la realidad. En todo caso es obvio que el mal que va a causar a una enseñanza descafeinada, con posibilidades de que los alumnos pasen curso con diversas asignaturas suspendidas o dejar al albur de los respectivos profesores aplicar el criterio de quien pasa o quien no puede pasar, lo que puede entenderse como una cuestión discriminatoria ya que, según sea el criterio del profesor, en unas mismas circunstancias, un alumno de una escuela pasará con varios suspensos, mientras que otro de una escuela distinta valorado por otro profesor no podrá pasar curso.


¿Cómo se puede consentir que el presidente del Gobierno de una nación, democrática como es la nuestra o debería serlo, prometa una cosa y luego, sin que hayan cambiado las circunstancia, haga lo contrario? Pues esto es lo que viene haciendo nuestro actual presidente una y otra vez sin que parezca que el pueblo se de cuentas de que se le está ninguneando, engañando, estafando y, lo que todavía se puede considerar más grave, ocultándole las consecuencias gravísimas que, en todos los órdenes de la vida nacional, van a tener las consecuencias de la epidemia del virus Covid 19, junto a las graves equivocaciones y la deficiente administración de los recursos nacionales, por parte de quienes nos gobiernan y las repercusiones negativas, que ya se están notando en nuestras empresas y comercios, en cuanto a sus posibilidades de supervivencia y de estar en condiciones para poder competir con el resto de empresas del resto de Europa que, al parecer, se encuentran en mejores condiciones para poder resistir los embates de la crisis que se avecina.


Cualquiera que revise la prensa diaria, quien tenga un mínimo interés de estar al tanto de lo que ocurre con nuestras empresas y quien sienta curiosidad por el desarrollo de nuestra economía, va a ver que las noticias sobre los resultados de nuestras empresas reflejados en los balances y en sus cuentas de pérdidas y ganancias pueden poner como escarpias los vellos de su cuerpo al ir constatando que, cada día y cada semana, son más numerosas las empresas que tienen graves pérdidas, aquellas que disminuyen sustancialmente sus beneficios en relación anteriores ejercicios, y aquellas que se ven obligadas a convocar concurso de acreedores o, sin más, declararse en quiebra y, ya no digamos en cuanto a los autónomos que, hoy en día, más de 300.000 de ellos permanecen con la persiana bajada por no poder aguantar los efectos de la crisis. Esto no lo cuentan nuestros ministros ni lo menciona el señor Pablo Iglesias y sus compinches. Miles y cientos de miles de puestos de trabajo siguen amenazados por las restricciones que comporta la lucha contra el coronavirus y otros miles se ven enfrentados a tener que acudir a los ERTE y, en su caso, a los ERE, si no se consigue atajar con medidas acertadas, no con el sistema de subsidios y ayudas, con los cuales no se hace más que endeudar al Estado sin que se pongan remedio a los defectos de una economía de tipo intervencionista que nunca ha dado resultados satisfactorios en aquellas naciones que han optado por semejantes mecanismos.


Y no olvidemos en ningún momento que la mayoría de izquierdas que hoy domina nuestras Cortes no tiene ninguna solidez, no forman un grupo homogéneo (si no es ir en contra de la derecha), ya que su coordinación depende de la habilidad del señor Sánchez en ir cediendo a los chantajes de cada una de las formaciones que le están apoyando, simplemente por el miedo que todos tienen de un resurgimiento de las derechas. Pero son demasiados a los que hay que contentar y es evidente en que llegará un momento en el que el Gobierno no pueda acceder a dar más concesiones a los independentistas, más dinero a los del PNV, más incentivos y facultades a las feministas o pagar la gran infraestructura de funcionarios, asesores (ya cuenta, en la actualidad, con 1200 asesores a los que deberá pagar y suponemos que no con el salario mínimo) y enchufados en las empresas públicas, lo que produce que el gasto público resulte insostenible para un Estado que ya ha sobrepasado con creces el 100% del PIB en lo que es su Deuda Pública.


En cualquier otra nación civilizada y democrática el poner en cuestión el uso del idioma oficial en cualquier ámbito que fuere, oficial, privado, en la enseñanza o en cualquier medio de información sería considerado como un delito de lesa majestad. En España, por el contrario se acaba de aprobar una ley en la que se suprime el castellano como lengua oficial en la enseñanza en favor de otros idiomas que son considerados por la Constitución como cooficiales pero siempre subordinados a la lengua oficial de Estado que recordemos: todos tienen la obligación de saber y poder usar en cualquier parte de nuestro país. Y nos preguntamos si en Francia, recordemos su “grandeur” o en Alemania y ya no digamos del Reino Unido alguien se atreviera a cuestionar sus respectivos idiomas o a eliminarlo de la enseñanza o si en dichas naciones la chusma quemara banderas del país.


Imaginemos a cualquier estadounidense quemando la bandera de las franjas y estrellas en público ¿qué les parece que le sucedería? No sería la policía ni el ejército el que se sentiría ofendido sino que los propios conciudadanos serían con toda seguridad, los que tomarían represalias en su contra. En España tanto en Cataluña como en el País Vasco el quemar efigies del Rey y el pisotear y quemar públicamente la bandera nacional se hace con plena impunidad, sin que se considere delito sino, como parece que opinan los jueces, un “ejercicio del derecho de libre expresión”. Y, así nos va.


O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos la impresión de que existen motivos sobrados, diríamos que escandalosamente sobrados y suficientes para que, si tuviéramos el impeachment reconocido en nuestra Constitución habría motivos más que suficientes para que se encausara a todo este Gobierno y, en especial, a nuestro presidente, señor Pedro Sánchez que tenemos por sus actuaciones erróneas, manifiestamente contrarias al espíritu democrático y constitucional que debe presidir las actuaciones de todo gobierno que respete las libertades y el concepto de nación como un ente único, indivisible, solidario, sin privilegios regionales o comunitarios en el que todos estén regidos por las mismas leyes sin excepciones, que garanticen la igualdad de derechos de todos los españoles. Y quiero que recuerden aquella frase de don Emilio Castelar: “La libertad es el instrumento que puso Dios en manos del hombre para que realizase su destino.” ¿De verdad creen que, este Gobierno, nos la va a garantizar?

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Lo que sí queda demostrado es que, a diferencia de lo que se podía esperar de la unión de comunistas y socialistas, tradicionalmente adversarios políticos, en esta ocasión parece que lleva camino de escorar hacia la izquierda la labor del actual gobierno, con el peligro de que se vayan tomando decisiones, dictando leyes y decretos, ocupando puestos clave de las instituciones básicas del reino.

En realidad ya no hay nada, en esta España en la que vivimos, que pueda extrañarnos, que sea capaz de asombrarnos o que nos pueda sacar de este estado de depresión y desconfianza en el futuro que nos viene afectando desde que el señor Pedro Sánchez se alzó con el poder, a causa de aquella malhadada moción de censura que apartó a Rajoy de la jefatura del gobierno.

La señora Calvo ha querido aprovechar, como en general han estado haciendo este gobierno de

socio-comunistas que padecemos, para colarnos de matute otra de estas leyes “especiales” hechas a la medida del intervencionismo absolutista de Podemos Unidas, que el Gobierno se está sacando de la manga para dejar convertida en una filfa, sin valor alguno, nuestra Constitución de 1978, a base de continuas infracciones, trucos, artimañas y falsas interpretaciones ad hoc.

En este contexto no podemos menos que sentirnos alarmados ante una serie de hechos que, desgraciadamente, se vienen produciendo con demasiada frecuencia que nos hacen dudar seriamente sobre la legalidad y la legitimidad de diversas actuaciones del Gobierno y de algunos colectivos e instituciones directamente relacionados con él.

La detención de 21 personas que, al parecer, estarían implicadas en la trama, pese a la reacción adversa de los medios de comunicación catalanes, con La Vanguardia a la cabeza (¿no estarán metidos en algún asunto poco confesable, relacionado con el tema de que tratamos, algún miembro del grupo, cuando se han apresurado en poner cuestión la decisión del señor Juez y a intentar sembrar dudas sobre el rigor de la actuación del representante de la Justicia?).

Que al PP, con una abstención hubiera tenido bastante creo que es algo que, la mayoría de sus simpatizantes (digo simpatizantes no directivos ni altos cargos autonómicos), hubieran considerado como la mejor postura, dentro de lo difícil que evidentemente resultaba la elección.

En realidad, el actual Gobierno de la nación española, se asemeja más a un lobby o algo similar a un cártel, en este caso de tipo político, cuyo fin es reducir o eliminar la competencia en un determinado entorno administrativo y de control de poder.

Pero también, desde el propio CGPJ, se juzga que la medida que intenta imponer el señor Sánchez y su ejecutivo socio-comunista, se ha considerado que es contraria a las recomendaciones que nos llegan desde Europa sobre la politización del órgano.

 
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