El Ministerio del Interior ha desplegado en las últimas horas un nuevo dispositivo liderado por agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que incluye la inspección del subsuelo del Parlament y un refuerzo presencial de vigilancia en aeropuertos y fronteras terrestres y marítimas, según informan a Europa Press fuentes conocedoras del dispositivo.

En el marco de este operativo, la Policía Nacional ha inspeccionado este miércoles el alcantarillado del Parc de la Ciutadella en Barcelona, donde está el Parlament. Este Cuerpo no tiene encomendadas en Cataluña estas competencias en seguridad, que asumen los Mossos d'Esquadra. Fuentes de la policía autonómica señalan que serán ellos los que, siguiendo el protocolo habitual, vuelvan a revisar y sellar las alcantarillas el mismo día del pleno.

El plazo máximo para celebrar la primera sesión de debate de la investidura es el próximo 31 de enero. El expresidente Carles Puigdemont, reclamado por la Justicia y que se encuentra fugado en Bélgica, ha insistido hoy tras reunirse con el presidente del Parlament, Roger Torrent, en que "hay muchas posibilidades", además de la asistencia presencial, para participar en ese pleno.

El único candidato propuesto a la Presidencia de la Generalitat es Carles Puigdemont y los letrados del Parlament ya han señalado que no es posible la investidura telemática. Este miércoles, cinco agentes de la Policía Nacional han revisado cada cloaca del interior del recinto, según ha podido comprobar Europa Press.

Diversos furgones de la Policía Nacional han aparcado desde el lunes en diferentes puertas del Parc de la Ciutadella y este miércoles se han sumado los agentes especialistas en subsuelo. En la entrada más cerca de la Estació de França han aparcado tres furgones, mientras que en una lateral hay otro furgón estacionado.

Fuentes policiales han explicado que están llevando a cabo un refuerzo operativo en diferentes puntos estratégicos de Cataluña, que incluye el Parlament, con vistas a la primera sesión del pleno de investidura. El dispositivo de Interior ha movilizado a guardias civiles del GRS que, según la Cadena Ser, ha desplazado un centenar de efectivos desde Sevilla a Girona, donde tiene su residencia Puigdemont.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado en una entrevista en Onda Cero que "hará todo lo posible" para que se cumpla la ley en España y que están preparados para recurrir ante el Tribunal Constitucional en cuanto se produzca una decisión de la Mesa del Parlamento catalán avalando esa investidura, aunque "respetando siempre los procedimientos y las formas".

IMPEDIR QUE ENTRE EN UN MALETERO
Ayer el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, también confirmó que estaban "muy preocupados" ante la posibilidad de que Puigdemont burlara los controles, por lo que se había reforzado el dispositivo policial, extremando la vigilancia en la frontera, los puertos y el espacio aéreo.

"Hay muchos caminos rurales y se puede entrar por barco, en helicóptero o por ultraligero, pero trabajamos para que no ocurra", aseguró Zoido. Trabajan, incluso, para procurar "que Puigdemont no pueda entrar ni en el maletero de un coche". "Vamos a trabajar de manera muy intensa mañana, tarde y noche", añadió el titular de Interior, que hoy no ha querido dar más detalles a preguntas de la prensa.

Las Fuerzas de Seguridad también trasladaron información a la Fiscalía cuando ayer Puigdemont asistió a una conferencia en Copenhague. El Ministerio Público pidió que se reactivara la euroorden de detención, una medida que fue rechazada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Interior puso fin el 31 de diciembre a la Operación Copérnico desplegada en Cataluña desde el pasado mes de septiembre para hacer frente al referéndum del 1-O. Durante la jornada de votación, que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional, Puigdemont consiguió burlar el seguimiento de la Policía, que utilizó para ello un helicóptero, cambiando de coche debajo de un puente.

El expresidente catalán y candidato a la reelección por JxCat se fugó en otro coche el 29 de octubre con destino a Bruselas. El viaje, que contó con la participaron de mossos de su confianza, se llevó a cabo horas después de que el Gobierno activara el artículo 115 de la Constitución, aprovechando que la Justicia aún no había reclamado su personación.