La pasión de catalanes es algo tan aburrido y tan recurrente que si no fuera por la gravedad que encierra, bien merecería ser noticia desterrada al más absoluto de los olvidos, de los ostracismos o de las indiferencias. La cuestión catalana es un verdadero coñazo, insoportable en los aparatos de radio, de televisión, de Internet, de los periódicos. La cuestión catalana solo merece una reacción: "Que les den por el culo a todos", a Puigdemont, a la Forcadell, al Junqueras, a la cup, a la cap, a just pel sí y pel no, a Rajoy, a todos. Que les den por culo a todos y que nos dejen vivir en paz, que en la vida de las personas hay algo más que toda esta gilipollez que nos sobrevuela desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche. España no acaba en Cataluña y mucho menos la vida de cualquier mortal acaba en la política española.

En tiempos de Franco había un ministro de asuntos exteriores que parece que no tenía otra cosa que hacer que darle vueltas a lo de Gibraltar. Popularmente se le terminó conociendo como "el ministro del asunto exterior". Pues aquí igual. Me imagino que en Cataluña habrá algo que hacer en materia de infraestructuras, de presupuestos, de sanidad, de educación, de turismo, de cultura, de urbanismo, etc. ¿O es que solo saben masturbarse el cerebro con el coñazo de la independencia?

De todas formas, y ahora que parece que estamos en la resaca, quizá sería bueno apuntar tres lecciones de la magistra vitae, es decir, de la historia, según el dicho de Cicerón. Tres lecciones sobre lo que ha pasado y no debería volver a pasar. Tres lecciones que nadie leerá, y menos el gobierno, que es quien las debería aprender.

La primera es sobre el famoso artículo 155.1. de la Constitución, que probablemente poca gente habrá leído, y menos el gobierno, ya que en él no dice que haya que esperar tibiamente a que una parte del Estado declare formalmente la independencia para que el gobierno gobierne, sino que basta con que la comunidad autónoma "no cumpla las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España".

Esto, en Cataluña, se ha hecho desde hace mucho, pero que mucho tiempo. Una declaración de independencia no se lleva a cabo de la noche a la mañana, sino que es el resultado final de muchas actuaciones previas consentidas tibiamente. En esta actuación desgraciada de unos y otros hay una idea de fondo: la de creer que Cataluña es una cosa y España otra. O dicho de otro modo, la de olvidar que el presidente de la Generalitat no es el presidente de otro país, sino el representante del Estado español en esa comunidad autónoma, y por tanto, bajo cierta tutela del gobierno central y bajo el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Puigdemont no sabe de derecho. Ha confundido autonomía con autodeterminación; ha creído que el nivel de autogobierno que le otorga la Constitución era mayor del que realmente es.

Los que somos funcionarios y hemos jurado o prometido cumplir la Constitución, tenemos perfectamente claro que nuestras lícitas opciones independentistas, republicanas o del tipo que sea, que contradigan la Constitución, podemos expresarlas libremente a nivel individual y privado, en un partido, en un medio de comunicación, en una asociación, etc. Pero nunca desde el cargo institucional que ostentamos, porque eso sería incumplir precisamente la condición previa gracias a la cual hemos accedido a ese cargo. Y me pregunto yo ¿Cómo es posible que estos políticos de la Generalitat llevan años vulnerando sistemáticamente este juramento o promesa sin que desde el gobierno central se haya hecho absolutamente nada? ¿Cómo es posible que se haya permitido una impunidad tan continuada? ¿Cómo es posible que los distintos gobiernos de la nación hayan tenido ese cerebro de mosquito que no les ha permitido ver que una cerilla es más fácil de apagar que el incendio de un bosque? ¿Qué manera de gobernar es esa?

Hasta aquí la primera lección. Vamos con la segunda.

Los poderes del Estado tendrán que tomar a partir de ahora una determinación: Hay que suprimir de raíz las policías autonómicas. Aparte de que la eficacia policial y de las fuerzas de seguridad radica en el mando único y en la unidad de acción, es absolutamente inadmisible que un cuerpo armado manifieste la más mínima indisciplina, y no digamos en una situación de crisis. No pasa nada porque en un municipio haya treinta o cuarenta policías locales a las órdenes de un alcalde sedicioso. Pero no es lo mismo eso a que en una comunidad autónoma haya 17.000 efectivos llevando la contraria, empezando por su jefe. Eso es un miniejército en potencia. En los días más agudos de la crisis, circuló un inquietante informe de la guardia civil en el que se estimaba que en caso de conflicto, 9.000 mossos de escuadra se alinearían con la causa independentista. No se puede permitir llegar a un posible escenario así. Hay que suprimir las policías autonómicas. No ha habido desgracias personales, pero podía haberlas habido. Para quien no lo sepa, le diré que hace unos pocos años, desde la Generalitat se pretendió dotar de armamento pesado a los mossos de esquadra. Dicha pretensión fue totalmente denegada desde el ministerio del Interior.

Hay que suprimir las policías autonómicas. Su objetivo es ser pequeños ejércitos en potencia.

La tercera lección hace referencia al adoctrinamiento, que en el régimen nazi se llevó a cabo a través del ministerio de Propaganda al mando de Goebbels y en Cataluña se viene llevando desde hace cuarenta años a través de la consejería de Educación, desde la que se ha lavado el cerebro a casi dos generaciones de catalanes, sobre todo a través de la manipulación y falseamiento de la historia.

Es verdad que la historia es algo a lo que hay que enfrentarse con cautela, pues hay cuestiones que son revisables, de modo que hay que tomar lo cierto como cierto, lo falso como falso, y lo dudoso (que es la mayoría), como dudoso. La historia, muchas veces, es la narración de unos hechos que no se sabe si sucedieron, contados por alguien que no estaba allí. Hay que enfrentarse a la historia con cautela, lo cual está en las antípodas del adoctrinamiento ideológico, que es lo que se ha venido practicando en Cataluña con el dirigismo institucional de la Generalitat, al más puro estilo de una macrosecta en la que se eliminan contenidos del cerebro de los adoctrinados y se sustituyen por mentiras al servicio del poder.

El problema del adoctrinamiento es un problema grave que tardará muchos años en solucionarse. Es el problema de quienes han pertenecido a una secta y necesitan un tiempo de "descompresión" que les libere de esa tiranía intelectual que les impide pensar por si mismos. Es una tarea larga y difícil que requiere ante todo un amor y una búsqueda de la verdad, que no todos los catalanes están dispuestos hoy día a emprender con sinceridad.

Como he dicho al principio, y parafraseando a Sartre, este artículo es, probablemente, una pasión inútil, un conjunto de lecciones que nadie aprenderá desde el gobierno. No pasa nada. La gente suele aprender las lecciones cuando ya no hay posibilidades de ponerlas en práctica, pero para entonces, su lugar lo ocupan otros que ni siquiera se plantean aprenderlas. La maestra de la vida no termina de encontrar los alumnos adecuados. Siempre es maestra de alumnos jubilados.

Se acerca el 21D. Seguimos con el coñazo catalán. Presiento que el escenario político tras esa fecha no va a ser muy diferente al que desencadenó la reciente crisis. Es decir, que tras el 21D, Cataluña tiene todas las papeletas para volver a repetir el mismo error. Quizá alguno de los protagonistas varíe. Quizá Puigdemont no vuelva a ser el presidente de la Generalitat o Forcadell no sea presidente del parlamento. Pero estaremos ante el mismo perro con distintos collares. Después de la opereta de Artur Mas y de la de Carles Puigdemont vendrá una tercera. Desde el Gobierno no se ha aprendido la lección, y mientras tanto, hay huida de 3.000 empresas de Cataluña, se pierde la ubicación de la Agencia del Medicamento, se gastan energías inútiles, etc.

Desde mi humilde condición de funcionario, hago una pequeña propuesta, que nadie oirá: Llevar a cabo mediante la legislación que proceda una modificación ABSOLUTAMENTE OBLIGATORIA de la fórmula de toma de posesión de todos los cargos públicos del Estado, consistente en que el juramento o promesa de la Constitución adquiera en esa toma de posesión carácter de CONDICIÓN RESOLUTORIA AUTOMÁTICA de esa misma toma de posesión, y así se exprese en la fórmula procedente, de modo que si un cargo público, político o funcionarial, lleva a cabo posteriormente alguna manifestación o acto público, desde su cargo, que contradiga ese juramento o promesa constitucional, en ese momento entra en ejecución la condición resolutoria expresamente contraída en el acto de toma de posesión, y automáticamente, queda anulada su titularidad en el cargo.

Pienso que no pocos se lo pensarían dos veces a la vista de lo bien que se vive del cuento sin dar un palo al agua, a la vez que se cobra de los presupuestos públicos unos sueldos de escándalo.