Los principales sindicatos del sector de la Justicia valoraron este viernes como una “vergüenza absoluta” que mientras se recorta a los empleados públicos, el expresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Dívar vaya a cobrar una indemnización de 208.000 euros.

El portavoz de Justicia de CCOO, Javier Hernández, afirmó que esta noticia en tiempos en que los trabajadores sufren una oleada de recortes supone “un atentado brutal a los derechos de los ciudadanos”.

Hernández calificó de “vergüenza absoluta” que por un lado se exijan cada vez más esfuerzos a los trabajadores mientras por otro se mantienen “normas inaceptables” con las que determinados órganos fijan sus propias retribuciones.

El portavoz sindical pidió al CGPJ que cambie la ley que permitirá a Dívar cobrar esa indemnización y más aún cuando tuvo que dimitir por un mal uso de fondos públicos. “Si no son capaces de hacer esto (cambiar la ley), verdaderamente no son representantes de nadie y muchos menos de los ciudadanos”, sentenció Hernández.

El nuevo presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, respaldó este jueves la solicitud de su antecesor en el cargo de cobrar esa compensación y afirmó que en caso contrario “se incumpliría la ley”. Estas declaraciones no han gustado en CCOO y el portavoz de Justicia de la organización sindical las calificó de “intolerables, inaceptables y vergonzosas”.

Por otra parte, desde el sindicato mayoritario de los funcionarios, CSI-F, su presidente del Sector Nacional de Justicia, Francisco Lama, afirmó que no están de acuerdo con la indemnización y que es una noticia “negativa”.

Enmarcó este hecho dentro “de la mala gestión que se está haciendo del dinero público” y recordó que al igual que esta indemnización, hay otros casos escandalosos de despilfarro del dinero que pagan los contribuyentes. Como ejemplo citó las dietas de 1.800 euros que están cobrando algunos diputados con domicilio en Madrid en concepto de “alojamiento y manutención”.

El portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), Carlos Artal, se mostró más cauto y no quiso entrar a valorar directamente un hecho que está recogido en la ley. Eso sí, advirtió de que “todo el mundo tiene que pensar muy claramente lo que hace y las repercusiones que tiene”, y más en época de crisis.

Artal considera que la actuación de Dívar “éticamente puede ser reprobable” y que “cada persona con sus actos, más o menos, se retrata”. Echa en falta que el Gobierno no incluyera en su último paquete de recortes la supresión de las indemnizaciones a los altos cargos y declaró que más pronto que tarde este tipo de compensaciones “se tienen que revisar”.

Por último, el portavoz del Sindicato de Secretarios Judiciales (Sisej), Rafael Lafuente, ve “fuera de lugar” que una persona que se ha visto obligada a dimitir vaya a cobrar una indemnización de 208.000 euros. En declaraciones a Servimedia, Lafuente, afirmó que es “impensable para la ciudadanía lo que está sucediendo con el señor Dívar”.