Por fin, el Estado español se ha decidido a emplear toda la potencia de la que dispone un Estado de Derecho para enfrentarse a estos belicosos, descerebrados, fanáticos y díscolos defensores del independentismo catalán; ensoberbecidos por la excesiva tolerancia que se ha tenido con ellos a lo largo de los años en que han estado desafiando a España y los españoles, cada vez con más temeridad, desvergüenza e intensidad, valiéndose de la excesiva prudencia de los sucesivos gobiernos de la democracia. Tarde y no sabemos si con suficiente tiempo para detener el anunciado referéndum catalán “para el derecho a decidir”, la maquinaria de la Justicia y de los encargados por velar por la seguridad y el orden en nuestra nación, ha empezado a rodar sincronizadamente, de modo que los primeros efectos de cara a crear dificultades a todos aquellos que, hasta ahora, habían actuado a su aire, con exceso de libertad y de espaldas a la Ley, han comenzado a actuar produciendo las primeras consecuencias sobre aquellos que intentan enfrentarse a la Constitución española.

Y es que, cuando los buenos se dejan de tonterías, deciden aplicar las armas de la Ley y se enfrentan a los malos, las posibilidades de que éstos consigan sus objetivos quedan inmediatamente mermadas, reducidas por el efecto de la razón, la ética y la misma democracia, a los verdaderos límites que siempre reducen a la nada cualquier mala acción, cuando se enfrenta a los medios de que dispone cualquier democracia para evitar que puedan dañarla. Nos hemos estado quejando, durante años, de este absurdo temor de los gobiernos a utilizar los medios que les proporciona la Constitución, y las leyes que se derivan de ella, por escrúpulos, mojigatería, cálculos electorales o intereses particulares. El efecto pernicioso de esperar que los problemas se solucionen por si solos; el dislate de fiar en que el tiempo siempre discurra en favor los gobernantes y el despropósito de calcular mal la capacidad del adversario, pensando que lo tenemos controlado; han sido, sin duda, algunas de las causas por las que se ha llegado a este punto en el que ya no caben excusas ni existen otros medios para impedir que, España, pueda desaparecer como nación, fraccionada por efecto disgregador de las aspiraciones nacionalistas de los catalanes.

La lucha de cifras sobre los que asistieron a la Diada, incluso aceptando la de un millón aducida por los separatistas, no es significativa si la comparamos con los siete millones de la población de Cataluña ( tengamos en cuenta que, a la concentración de la Diada, acudieron familias enteras con niños, incluso en carritos de bebés; lo que, a efectos de votantes reales a la hora de acudir a las urnas, merma notablemente el número de posibles síes, aunque ello, en realidad, importe poco) y prácticamente ridícula, si la comparamos con la totalidad de la población española. Se puede decir que, desde que el TC declaró la suspensión de la ley sobre la convocatoria del referendo catalán o, como hizo ayer, la otra ley de Transitoriedad y el Código Tributario y está sopesando si, también, se toman medidas sobre la llamada Sindicatura Electoral catalana, integrada por personas que han estado apercibidas de las consecuencias de colaborar en la organización del referendo del 1 de octubre; ya se va notando como, en los medios de comunicación catalanes ( la TV3 también ha sido advertida), parece que se hayan moderado mucho respecto a días anteriores en los que, la propaganda a favor de la consulta era, cada vez, más exagerada.

Es llamativo el efecto de la advertencia de los fiscales a los cuerpos de seguridad del Estado (a los que no hacía falta advertirles de algo que ya estaban convencidos) especialmente en el caso de los mossos de escuadra catalanes, un cuerpo en el que se habían producido distintas interpretaciones respecto a quiénes deberían acatar en el caso de que sus jefes les obligaran a tener que elegir entre las normas estatales y las emanadas del Parlament catalán. La llamada del fiscal al Mayor de los mossos el señor Trapero, para recordarle que, la obligación de los mossos bajo su mando, era atenerse a las leyes estatales en el caso de que discreparan de las que recibieran de sus jefes políticos. El señor Trapero salió de la entrevista con la promesa de que, los subordinados a su cargo, colaborarían en la búsqueda de urnas y para paralizar cualquier intento, por parte de los nacionalistas, de infringir la Constitución. No es que creamos mucho en que, en definitiva, el señor Trapero ponga excesiva diligencia en la tarea que se le ha encomendado, sabiendo su manera de pensar, pero, al menos, queda claro que cualquier actuación de la policía autonómica catalana que vaya en contra del ordenamiento jurídico español, quedará comprendida en el delito de desobediencia y, quienes incurran en él, deberán aceptar las consecuencias penales que se deriven de él.

Si los funcionarios de correos quedan incluidos en la obligación de no colaborar en apoyar el referendo, es evidente que deberían negarse a repartir las “tarjetas censales” que parece ser que piensa enviar el señor Oriol Junqueras.

“Llegarán cuando toque, un día de estos…” comentó, como si fuera la forma más natural del mundo el promocionar un referendo declarado ilegal por el propio TC. Veremos cómo ve la fiscalía este nuevo intento de darle normalidad a un proceso que es nulo desde su origen sin que, los separatistas, hayan entendido que, todo lo que están intentando, está considerado delito. Seguramente, los funcionarios de correos se deberán plantear la posibilidad de que esté peligrando su puesto de trabajo, si es que deciden repartir las tarjetas que va a enviar la Comisión Electoral de Cataluña. Y una nota a destacar: la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que ofreció una sala del Ayuntamiento para que se celebrara un acto a favor del referendo catalán, ha sido desautorizada por un juez que ha ordenado que se suspenda el acto por ser contrario a lo dispuesto por el TC. Algo que, seguramente, ha dejado descolocada a la jueza.

Pero al lado de este cambio de actuaciones en contra de las aspiraciones secesionistas de Cataluña, se han producido unos intentos de chantaje por parte de los vascos. El PNV parece que está intentando salir de su aparente neutralidad respecto al tema catalán y ha emplazado al Gobierno para que “no se exceda en la cuestión catalana” bajo la amenaza de reconsiderar su apoyo (por el que recibirán 6.000 millones de euros) a los PGE del 2017. No es que no se pudiera esperar de quienes, durante años, convivieron con ETA a pesar de negarlo; pero este nuevo intento de desestabilizar al Estado, amenazando con retirar su apoyo a los PGE, debiera hacer pensar al señor Pedro Sánchez del PSOE, respecto a su actitud obstruccionista a la aprobación de los mismos cuando, los nacionalistas, demuestran estar del lado del secesionismo e intentan que el Gobierno se achante ante quienes la independencia de España.

Y es que, como ya hemos denunciado en numerosas ocasiones, el papel de P. Sánchez como líder del PSOE, no deja de ser, en todo este asunto, bastante equívoco. Por una parte, parece que está a favor de Rajoy en sus actuaciones para detener la celebración de la consulta, pero, por otro, en recientes declaraciones, no deja de criticar la falta de “diálogo” del PP y sigue insistiendo en su oferta de un estado de tipo “federal”, en el que se pudieran acoger (seguramente como premio para los catalanes) los catalanes, a los que se les concederían todavía más derechos y beneficios de los que gozan en la actualidad sin que ello garantizase que, una vez conseguidas las mejoras que demandaran y pasado un tiempo, no volvieran a insistir en conseguir la independencia.

No quiero pasar algo que puede ser trascendental para la opinión de una parte importante de los españoles en su valoración del problema engendrado por el separatismo catalán. El Rey, por primera vez, se ha manifestado claramente respecto al problema planteado por la autonomía catalana. Ha sido directo, sin mostrar la menor duda respecto a la ilegalidad del intento de secesión catalán y ha reafirmado que España es un estado indivisible que está formado por todas las 17 comunidades autónomas reconocidas por la Constitución. Si hubiera alguien que tuviera dudas respeto a esta cuestión, las palabras del Rey han sido meridianas, para dejar despejado cualquier equívoco respecto a quien lleva la razón en este enfrentamiento con los nacionalistas catalanes. También es conveniente destapar las mentiras interesadas que aparecen en algunos periódicos, en este caso en La Vanguardia del grupo Godó en cuyo rotativo, un articulista, seguramente partidario del sistema de los Castro y refiriéndose al huracán Irma, cuando pasó sobre la isla Cubana, habló del orgullo de los cubanos y del sistema imperante, por el hecho de que, dicho fenómeno, había cruzado la isla sin causar ninguna víctima, lo que les permitía “sacar pecho” a las autoridades comunistas de la república cubana. Desgraciadamente y lamentamos tener que rectificar a tan “eufórico” periodista, el fenómeno meteorológico al que hizo mención no fue tan inocuo como lo presentó, sino que produjo la muerte de diez personas, una cantidad superior a las que produjo en los EE.UU.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos que alegrarnos de que, aunque tarde, el Estado empiece a tomar medidas efectivas para poner orden entre aquellos que fían sus objetivos separatistas, ya que las leyes no los amparan, en la ocupación multitudinaria de las calles y la invasión de “senyeres” que, por lo visto, han ido sustituyendo, a medida que el nacionalismo exacerbado se ha ido extendiendo a una parte importante del pueblo catalán, a las cuatro barras de la bandera oficial de la autonomía catalana. En realidad, todo son pasos hacia lo que va a ser una de las pruebas más grandes a las que se enfrenta el Estado español, cuando la unidad de la patria está en peligro y, para ello, sería preciso que la proporcionalidad de la que nos habla Rajoy llegara, si fuera preciso para salvar la integridad del país, a utilizar todos los medios disponibles según nuestra Constitución de 1978. Y cuando decimos todos es…todos sin despreciar ninguno.