La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ordenado desalojar la sala de vistas en la que se está desarrollando el juicio contra Baltasar Garzón para escuchar a puerta cerrada parte de las conversaciones que mantuvieron en la cárcel los supuesto cabecillas del “caso Gürtel”, Francisco Correa y Pablo Crespo, unas comunicaciones que el magistrado ordeno intervenir y que ahora le han llevado hasta el banquillo de los acusados.

El presidente del tribunal, el magistrado Joaquín Giménez, ordenó el desalojo de la Sala tras la práctica de la prueba testifical. El Alto Tribunal aceptó reproducir y escuchar estas conversaciones al atender a los requerimientos de la defensa de Garzón.

Sin embargo, no se reproducirán “las cintas excluidas por el propio instructor por afectar al derecho a la defensa”, según señaló el presidente del tribunal.

Garzón intervino, en concreto, las conversaciones que mantuvieron Correa y Crespo en la prisión madrileña de Soto del Real, y en las que participaron abogados como Ignacio Peláez o José Antonio Choclán, quienes ahora ejercen la acusación contra Garzón.

Tras la audición de las cintas, la sala volverá a decretar la audiencia pública para continuar con el resto de la prueba documental.

Garzón estaba “obsesionado” con eliminar de las grabaciones de la “Gürtel” lo que afectase a las defensas
El funcionario de la Audiencia Nacional Vicente Maroto, que se encargó de la tramitación judicial en la instrucción del “caso Gürtel”, aseguró este miércoles en el Tribunal Supremo que el juez Baltasar Garzón “estaba obsesionado” con eliminar “todo aquello que afectase al derecho de defensa” de las grabaciones de las conversaciones que mantuvieron Francisco Correa y Pablo Crespo en la prisión de Soto del Real (Madrid).

Maroto hizo esta afirmación en su declaración como testigo en el juicio que el Tribunal Supremo está celebrando contra Garzón por haber ordenado intervenir las conversaciones que mantuvieron en la cárcel los cabecillas del “caso Gürtel”.

El funcionario del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional inició su declaración señalando que se tuvo que dedicar exclusivamente a la tramitación del “caso Gürtel” y explicó que Garzón es un juez que exige “un escrupuloso cumplimiento” en su juzgado. “Era muchísima presión, a veces excesiva, tenía mucho estrés”, señaló

Maroto explicó fue uno de los mandos de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) quien alertó en el juzgado poco después de la detención y encarcelamiento de Correa y Crespo que “estaban moviendo dinero desde la cárcel”. Fue entonces, para prevenir este supuesto blanqueo, cuando Garzón ordenó intervenir las comunicaciones en la cárcel.

El funcionario de la Audiencia Nacional señaló que en el mes de marzo la fiscal anticorrupción Miriam Segura se presentó “muy nerviosa” en el juzgado. “Decía: Baltasar, Baltasar, hay que hacer algo con estas visitas a la cárcel”, señaló el testigo.

Maroto aseguró en este sentido que tanto Garzón como las fiscales encargadas del caso “estaban obsesionados con que había que quitar todo lo que afectase al derecho de defensa” de las grabaciones.

Explicó asimismo que a finales de marzo, cuando se recibió la inhibición a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Garzón insistió en que había que eliminar de la transcripción de las conversaciones “todo lo que afectase al derecho de defensa”.

Fue la propia fiscal Miriam Sabadell la que se encargó de indicarle a Garzón que partes concretas de las transcripciones había que eliminar.

El testimonio de Maroto fue aceptado por el tribunal ayer, al inicio de la vista oral. La defensa de Garzón solicitó su declaración en el trámite de las cuestiones previas y el tribunal, si bien rechazó la mayoría de sus pretensiones, si accedió a esta comparecencia.

Garzón está acusado en esta causa de intervenir de forma ilegal hasta 25 comunicaciones que mantuvieron en la cárcel los principales imputados del “caso Gürtel” –Francisco Correa y Pablo Crespo- con sus abogados entre febrero y abril de 2009.

Se le atribuyen en esta causa delitos de prevaricación y de violación de las garantías constitucionales y se enfrenta a penas de hasta 17 años de inhabilitación y multa de 3.240 euros.

Mantienen sus peticiones iniciales
Las acusaciones decidieron  mantener sus peticiones iniciales y solicitaron al Tribunal Supremo que condene al juez Baltasar Garzón a penas de hasta 17 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación y vulneración de las garantías constitucionales que habría cometido al ordenar intervenir las conversaciones que mantuvieron en la cárcel los cabecillas del “caso Gürtel”.

Las tres acusaciones personadas en la causa elevaron a definitivos sus escritos provisionales. De esta forma, la acusación ejercida por el presunto cerebro del “caso Gürtel”, Francisco Correa, mantuvo a través de su abogado, José Antonio Choclán, su petición de 17 años de inhabilitación y multa de 3.240 euros para Garzón.

El supuesto número dos de la trama de corrupción, Pablo Crespo, pidió a través de su letrado, Gonzalo Rodríguez Mourullo, 15 años de inhabilitación para el juez.

Por su parte, el abogado y exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez mantuvo su petición de 10 años de inhabilitación para Garzón.

Peláez, defensor del empresario José Luis Ulibarri, imputado en la trama de corrupción del "caso Gürtel", fue el artífice de la querella que dio lugar a este procedimiento.

ABSOLUCIÓN PARA EL JUEZ

La Fiscalía, por su parte, no ejerce la acusación en el caso al considerar que no hay elementos suficientes para proceder contra Garzón.

El defensa de Garzón, ejercida por el abogado Francisco Baena Bocanegra, solicitó la absolución de su cliente.

Garzón está acusado de intervenir de forma ilegal hasta 25 comunicaciones que mantuvieron en la cárcel los principales imputados del “caso Gürtel” –Francisco Correa y Pablo Crespo- con sus abogados entre febrero y abril de 2009.

Tras este trámite, el presidente del tribunal, el magistrado Joaquín Giménez, dio por finalizada la sesión del juicio.

La vista oral se retomará mañana con la que será su última jornada, en la que las partes realizarán sus informes y Garzón tendrá derecho al turno de última palabra.