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¿Corre peligro la propiedad privada en España?

“Sindicalización, a diferencia de comunismo, presupone la relación de empleo, sino que se basa en el sistema de salarios y reconoce plenamente y sin reservas la institución de la propiedad privada y el derecho a los beneficios de inversión.” John L. Lewis
Miguel Massanet
martes, 8 de agosto de 2017, 11:26 h (CET)
Corren tiempos de cambio, de nuevas ideas políticas y de propuestas que nada que ver tienen con las que han estado vigentes en España, durante los ochenta últimos años, y que han permitido, a pesar de todos los obstáculos que ha sido necesario superar durante las épocas de crisis, políticas y económicas que, en tan largo lapso de tiempo, ha sido necesario afrontar; que nuestra nación, España, haya conseguido avanzar espectacularmente en todas las facetas que afectan a un estado moderno y que caracterizan, sin duda alguna, a aquellos países avanzados con relación a los que se quedaron anclados en tiempos pretéritos, que han tenido que pagar tributo, en ocasiones dramático, a los sistemas de gobierno a los que han estado sometidos. Como ejemplo, hemos tenido a todos los países del Este de Europa, de detrás del Telón de Acero, casi todos ellos bajo la órbita de la opresión soviética que, aún después de los años que hace que se libraron de la tutela del Kremlin, siguen manteniendo un atraso tal que les impide seguir el paso del resto de naciones de la UE.

La evolución política que viene sufriendo España durante los últimos años, empezando por el desafío catalanista y por la llegada a nuestro país de una serie de activistas universitarios, bien instruidos en las doctrinas comunistas, suficientemente dotados de los medios necesarios y muy bien adiestrados en la propaganda política; que han conseguido afincarse en las instituciones, conseguir reunir a su alrededor a una serie de personas, siempre dispuestas a actuar contra del Estado de Derecho, y crear un cierto desconcierto en el resto de los partidos tradicionales, que se han ido repartiendo el gobierno de España desde que ésta se constituyó en una democracia, con el advenimiento de la monarquía y la promulgación de la Constitución de 1978. Como efecto colateral, fruto de las facilidades que muchos jóvenes, que antes no accedían a la universidad a causa su procedencia humilde, se ha producido un fenómeno de evolución hacia la izquierda política de los nuevos licenciados y, de una forma particular, en aquellas profesiones, como la fiscalía o la judicatura, tradicionalmente de ideologías conservadoras, que han conseguido darle la vuelta a la tendencia y, en la actualidad, forman parte del frente izquierdista que parece que, paulatinamente, se va apoderando de los resortes del poder en nuestra nación.

Todo ello ha ido influyendo, de una forma palmaria, en el concepto de propiedad privada, como derecho fundamental, reconocido en el Artº33 de la Constitución que, no obstante ser reconocido como uno de los derechos fundamentales de todo ciudadano, contiene una trampa, una salvedad que ha permitido a todos estos izquierdistas que se le tienen jurada muerte a todo tipo de propiedad privada; para intentar vaciar de contenido el mencionado derecho dejándolo huero, desnaturalizado y, en ocasiones, sin eficacia alguna ante el poder de la Administración local. Se trata del apartado 3º del mencionado artículo en el que se habla “de la causa de utilidad pública o interés social” (como una excepción a la regla general) como excepción al derecho capaz de privar de “bienes y derechos, por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes”. Como suele ocurrir con muchas de las normas de nuestra Constitución, se prevé un desarrollo que, en la práctica (como ha sucedido con la ley de Huelga), no ha llegado a producirse.

En consecuencia, la posibilidad de declarar un bien inmueble, en el caso que nos ocupa, de interés social, en principio parece que se delegó en los gobiernos autonómicos que, a la vez, delegaron en cada municipio, lo que permite que cualquier alcalde pueda proponer medidas contra la propiedad de viviendas, si están vacías, bajo la excusa de que son necesarias para alojar a familias que carecen de ellas y no están en condición de pagar alquileres elevados. En Barcelona la señora Colau, saltándose a la torera una parte esencial de lo que dispone la Constitución en su Artº33, se ha liado la manta a la cabeza utilizando la amenaza de imponer multas a quienes tengan pisos vacíos y no los alquilen, estableciendo impuestos anuales para tal clase de viviendas y chantajeando a los bancos y a la SAREB (sociedad que se ha hecho cargo de una gran parte de las viviendas que los bancos y cajas de ahorros tuvieron que quedarse por el impago de las hipotecas.) para que destinen parte de su stock de viviendas al alquiler social ( un alquiler rebajado para favorecer a los inquilinos que pasen a habitarlas)

No obstante, se nos antoja que los derechos de las personas o sociedades sobre sus propiedades, se merecen un trato más cuidado, con más garantías y, por supuesto, más escrupuloso. Vamos a ver. ¿No sería preciso que cada municipio, antes de tomar la decisión de intervenir a cerca de los propietarios particulares o empresas propietarias, debiera tener hecho un estudio pormenorizado en el que se especificaran las necesidades de viviendas de acuerdo con las personas solicitantes?; en segundo lugar “ ¿no sería obligatorio disponer de un estado detallado de las viviendas de propiedad pública de que disponga el ayuntamiento; de los solares públicos donde se pudieran edificar viviendas de bajo alquiler y disponer en sus PG anuales de una cantidad destinada a invertir en dichas construcciones, todo ello antes de acudir al procedimiento de gravar a la propiedad inmobiliaria privada?, en tercer lugar ¿ no se deberían habilitar programas de construcciones, modificando si fuera preciso, de planes de urbanismo, calificaciones de terrenos semi urbanizables o semejantes, para habilitarlos para construcciones sociales?.

Resulta altamente injusto el tratar por igual a pisos construidos en zonas de alto standing o aquellos emplazados en zonas baratas, “okupadas” por huéspedes sin título o zonas de alta delincuencia. Es obvio que no se puede hacer discriminación metiendo familias en un piso de 200 metros y a otras en una de 30m2; no se puede obligar a un propietario que ha invertido muchos millones en una urbanización a que ceda pisos a precio de alquiler reducido, cuando, a otros, puede que les resultara beneficioso por la escasa calidad del piso. En todo caso, estos “derechos” de los que se priva al propietario, según la ley deben serlo “por causa justificada”, a la que se debería acompañar “la correspondiente indemnización”; nada de lo cual parece que se ha tenido en cuenta en el caso de Barcelona por la alcaldesa, ex antisistema, en sus actuaciones; privando arbitrariamente de sus derechos legales a los propietarios a los que les ha perjudicado, imponiéndoles sanciones o tasas.

Como ya comentamos en otras ocasiones, con el tiempo y cuando los afectados se niegan a ser objeto de ilegalidades, son frecuentes las sentencia que van siendo emitidas por los correspondientes tribunales de justicia, declarando la nulidad de las actuaciones municipales y sus multas. Y quizás aquí vendría a cuento hablar un poco de lo que ha sido llamado la “gentrificación”, algo que hace referencia a aquellos barrios casi en ruinas y habitados por personas humildes, que son adquiridos por grandes inmobiliarias, pagan indemnizaciones a los inquilinos y, a continuación, edifican en aquel lugar viviendas caras, con parques y plazas modernas; convirtiendo lo que no era más que un poblado pobre, en un barrio de alto standing, completamente revalorizado. Muchos se oponen, alegando que se les priva a los antiguos residentes del ambiente familiar del que venían gozando, pero se olvidan de mencionar que las indemnizaciones que reciben, en muchas ocasiones, les permiten trasladarse a otros barrios en los que la vida les resulta más agradable, ubicados en mejores viviendas que aquellas que, por su mal estado, en muchas ocasiones amenazaban ruina y los propietarios no se gastaban un euro en ellas esperando que acabaran cayéndose. Los más idiotas hablan de que los nuevos propietarios les han robado a los que se van: la “historia de aquel barrio” Las sandeces van a muy poco precio el kilo.

Sin embargo, si nos referimos a esta invasión de la Administración introduciendo a vecinos de distinta clase social en barrios donde, el vecindario, sea de un nivel de vida muy superior, es muy posible que la llegada de una serie de familias pobres introducidas entre los residentes más acomodados cree situaciones muy molestas para unos y otras; produzca una clara reducción del valor de las viviendas de aquella manzana o puedan surgir entre sus habitantes polémicas debidas a la diferencias insalvables entre la educación y las costumbres de cada bando; que pudieran acabar haciendo la convivencia de aquella zona muy difícil de sostener.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, es como sentimos que se nos está acercando, cada día con más posibilidades de convertirse en una realidad, la amenaza de un regreso a una época en la que la lucha de clases, la que están intentando imbuir en la ciudadanía los señores de Podemos, fue la causa directa del enfrentamiento entre españoles, algo que puede volver a suceder si, como parece, no hay nadie capaz de poner los medios para evitarlo.
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