El Tribunal de Cuentas tiene en estudio una petición de la Fiscalía para investigar al expresident Artur Mas y otros de sus consejeros y todo apunta a que aceptará el expediente y que en breve nombrará un instructor que se ocupe de dilucidar responsabilidades por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, lo que podría acabar en una reclamación del dinero público que se gastó.

Hace un mes, la Fiscalía presentó un informe pidiendo la apertura de una investigación contra el expresidente del Generalitat de Cataluña Artur Mas, el exconsejero de Presidencia, Francesc Homs, y las también exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau "para determinar sus responsabilidades por el gasto de 5,12 millones de euros en las votaciones del 9N" de 2014.

Con ese informe el ministerio público apoyaba la denuncia que había sido presentada por Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes que consideran que aunque Mas y sus consejeros ya fueron condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les exime de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.

Según indicaron a Europa Press fuentes del Tribunal de Cuentas, la Sección de Enjuiciamiento está completando las diligencias preliminares y próximamente procederá al nombramiento de un delegado instructor que asumirá el caso. Su labor será contrastar la denuncia de los colectivos catalanes para determinar las responsabilidades contables de Artur Mas y sus consejeros y, en su caso, reclamar su reintegro al Tesoro.