La apuesta por la formación crítica y política de los ciudadanos como parte de su formación académica, el requerimiento de formación y experiencia específica para cargos públicos, el establecimiento de fórmulas para minimizar el posicionamiento político de los medios «informativos» y la reducción temporal de las legislaturas para evitar la corrupción institucionalizada, serían algunas de las claves para una reforma de cambio político y disminución del apoliticismo.

A finales del siglo XX, se hablaba del “fin de la historia” o del “fin de las ideologías” para referirse al triunfo del sistema económico del capitalismo y de la democracia liberal en Occidente. Muchos hablaron de la desaparición de ideologías realmente enfrentadas y diferentes entre sí, una especie de difuminación de alternativas de pensamiento político que trajo consigo la extraña sensación en la ciudadanía de que la política ya no tenía sentido. En la actualidad, sigue creciendo el desinterés de los ciudadanos sobre asuntos políticos, a veces entendido como forma de crítica hacia el modelo de partidos dominante en las democracias actuales.

El “apoliticismo”, que no apolitismo, describe a las personas que se desentienden de los asuntos políticos al sentirse decepcionadas con los partidos, no representadas por sus programas o no conseguir diferenciarlos unos de otros. Este estado de indiferencia política conduce al absentismo en las urnas, a percibir como variantes del mismo ideario a las fuerzas políticas que se presentan como diferentes y a buscar alternativas notablemente distintas. Esta suerte de aburrimiento ideológico supone un nicho interesante para nuevos modos y riesgos de entender el panorama político, como es el caso de las ideologías tecnocráticas.

La tecnocracia, el sistema político propuesto por el ingeniero W. H. Smyth (1919) y reiterado por el economista Thorstein Bunde Veblen en 1921, ponía las decisiones del Estado y del gobierno en manos de los técnicos, específicamente en economistas y administrativos. Este planteamiento, circunscrito a un ámbito técnico específico, no puede garantizar una visión universal de la sociedad, por lo que ha sido desechado por muchos como modelo idóneo de gobierno. Huyendo del vaticinio de A. Comte, “prépondérance des directeurs”, más que tecnocracia deberíamos perseguir lo que en origen fue denominado por la filosofía platónica sofocracia o aristocracia (en su sentido etimológico primero): un gobierno de sabios o de los mejores.

Esta versión actualizada y adaptada al sistema de partidos vigente en el mundo moderno es la que comparten algunos países septentrionales de Europa donde los responsables a cargo de los ministerios son técnicos especializados, académicos e investigadores con amplia experiencia en dichos ámbitos. Este modelo impone unos requisitos formativos y experienciales específicos a la hora de acceder a un puesto de responsabilidad pública, limitando las candidaturas de los aspirantes y evitando que lleguen a ser elegidos mediante el apoyo social, de avales corporativos o de partido aquellos que no cumplan con el perfil requerido para el cargo. La hiper-especialización formativa y laboral, la hibridación de la vida social con los escenarios virtuales, la fuerte influencia del mundo empresarial, el proceso de globalización e interacción constante, los nuevos modelos de sociedades multiculturales y la inabarcable cantidad de información, demandan equipos de gobierno cualificados y controlados.

La democracia, y sus diversas fórmulas, fue definida por Winston Churchill como el menos malo de los sistemas políticos. Sin embargo, a lo largo de la historia ha sido también entendida como un auténtico ejercicio de autoridad (Saint-John Perse), como un modo de revolución de demagogos (Aristóteles), como la tendencia al gobierno de la plebe que desemboca en tiranía (Platón), como un proceso que garantiza que no seamos gobernados mejor que nos merecemos (Bernard Shaw), como un modelo de gobierno en el que la mayoría de los ciudadanos son capaces de ejercer la más cruel represión contra la minoría (Edmund Burke), como el gobierno de los que no tienen educación (G. K. Chesterton), como un poder arbitrario constitucional que ha sustituido a otro poder arbitrario constitucional (Proudhon), como la transposición de lo cuantitativo a lo cualitativo: donde lo que más se quiere, se convierte en lo mejor (Tierno Galván), o como la creencia patética en la sabiduría colectiva de la ignorancia individual (Henry-Louis Mencken), entre otros.

Desde un punto de vista democrático es antidemocrático, claro está, limitar el acceso al poder a una persona que haya sido escogida por la mayoría estadística de los votantes. Desde el punto de vista de una sofocracia es un suicidio dejar elegir a la mayoría de una nación si esta no está debidamente informada, formada y comprende lo que escoge al votar y las decisiones que deben tomar las personas a las que vota; pues de lo contrario dicha masa de votantes podría elegir por inercia y ser fácilmente manipulable. Este punto de inflexión entre ambos modelos no tiene fácil discusión, ya que la mala praxis de cualquiera de ambos podría conducir al autoritarismo de la mayoría sobre las minorías o de las élites frente a la masa no cualificada. No obstante, el apoliticismo en auge responde en parte a la decepción, la falta de representatividad o la incapacidad de diferenciar las alternativas (como vimos antes); al desinterés político heredado y la postura de resignación ante las decisiones de los gobernantes, al desconocimiento de las opciones de cambio, involucración y funcionamiento de los mecanismos del Estado en todos sus niveles, así como al modelo de vida individualista y egoísta que participa de la economía mundial.

En este caso, las preguntas son más interesantes que las propuestas: ¿permitiría la democracia la votación de aspirantes a gobierno a los que se les exigiera unos requisitos, limitando el acceso al poder a parte de la población?, ¿aceptaríamos un gobierno de personas cualificadas para gobernar a la mayoría no cualificada?, ¿guarda alguna relación el demérito social de la intelectualidad en nuestro país y el modelo de democracia que practicamos?, ¿qué beneficios puede aportar la aceptación de gobernantes no cualificados o no específicamente cualificados? Por su parte, la sofocracia también plantea interrogantes complejos: ¿cómo se controla un gobierno de especialistas para que no actúe en contra de la sociedad?, ¿quiénes son los votantes, los mismos especialistas no presentados o toda la sociedad como en una democracia?, ¿tendríamos el mismo problema de manipulación mediática que en democracia, pero con aspirantes preseleccionados por requisitos técnicos/académicos?, ¿cómo se evitaría el tránsito de la sofocracia a la tecnocracia empresarial?

Posibles soluciones que habría que testear serían la apuesta por la formación crítica y política de los ciudadanos como parte de su formación académica, el requerimiento de formación y experiencia específica para el cargo (como en cualquier otro trabajo), el establecimiento de fórmulas para minimizar el posicionamiento político de los medios «informativos» y la reducción temporal de las legislaturas para evitar la corrupción institucionalizada. Más que una utopía es un proyecto a perseguir con el objetivo de mejorar, sabiendo que nada garantizará el éxito. Sin embargo, de algo sí que tenemos certeza: no por seguir intentando modelos que no funcionan, van a tener éxito.