No hace falta ser ningún experto en demografía para darse cuenta de que cada vez somos más los viejos y menos los jóvenes. Además los viejos cada vez duramos más y aunque muchos consigan mantenerse, durante años, ágiles y activos, todos vamos terminando deteriorados y dependientes.

Mientras que el sector de la población con más de 65 años aumenta de forma acelerada, la población de menos de 24 se reduce también rápidamente. El sistema de reparto de la Seguridad Social se basa en que las generaciones en edad de trabajar coticen, no para capitalizar sus pensiones futuras, sino para pagar las pensiones que devengan las generaciones actuales que, a causa de la edad, han dejado de trabajar. Si a causa de la crisis disminuye de manera significativa y prolongada el número de trabajadores, el pago de las pensiones presentes y futuras se hace problemático.

La crisis económica terminará, pero no porque se dé una vuelta a la situación anterior, sino porque se impondrán otras relaciones distintas, que no sabemos si serán mejores o peores. Como estamos en tiempo de elecciones los políticos prometen cosas que no saben si podrán cumplir. Parecen estar de acuerdo en que hay que hacer “recortes” y frenar el despilfarro anterior, “para preservar el estado de bienestar.” Pero lo que ha puesto de manifiesto la crisis es que el actual estado de bienestar es insostenible.

Pienso que el mayor problema con que nos enfrentamos es precisamente el demográfico. El gasto que supone una población envejecida, y dependiente durante largos años, es difícilmente asumible mediante el sistema de reparto ya que la suicida disminución de la natalidad impide el reemplazo generacional.

El estado providente no puede crear dinero de la nada, aunque algunas veces lo haga para mal, sino que tiene que sacarlo de los contribuyentes o detraerlo de la riqueza que estos sean capaces de generar. Crear riqueza es el único camino para superar una crisis económica: un difícil camino, que los políticos pueden facilitar o dificultar. La actual generación de jóvenes que no consiguen empleo, no va a facilitar la creación de riqueza ni el aumento de población necesario para el reemplazo generacional.

Diversas fuerzas disolventes han socavado la institución familiar, aunque en estos momentos, muchos descubran su importancia para sobrevivir en situación de paro, de pérdida de vivienda, de dificultades de todas clases.

En nuestro Código Civil, aunque muchos lo ignoren, siguen vigentes las obligaciones de alimentos, vestido y acogida entre parientes: la de los padres de proporcionar lo necesario a sus descendientes y lo mismo de los hijos respecto a sus padres, obligaciones que pueden ser exigidas en los tribunales, aunque muchos hijos piensen que es el Estado y no ellos quienes tienen que cuidar a sus padres.

No hay soluciones milagrosas para resolver los problemas. Me gustaría oír a algún político que ofrezca actuar con sentido común y honradez y dejara de repetir, como un mantra, lo del “estado de bienestar”, convocando a todos al esfuerzo, la austeridad y la recuperación de los valores que pueden hacernos personas libres y responsables y no simples votantes de esta deteriorada democracia formal.