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Francisco Rodríguez |
FIRMA DE OPINIÓN |
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Ver, juzgar y actuar | |
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Francisco Rodríguez Barragán nació en Granada el año 1938, está casado y tiene cinco hijos. Es Licenciado en Geografía e Historia y Derecho. Ha pertenecido al Cuerpo Técnico de la Seguridad Social hasta su jubilación. Ha obtenido la Medalla al Mérito Civil y formó parte de la primera Corporación Municipal democrática de Granada. Actualmente es miembro del Movimiento Familiar Cristiano y colabora como voluntario en Proyecto Hombre Granada. Publica la columna de opinión 'Ver, juzgar y actuar' todos los miércoles en SIGLO XXI.
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| ÚLTIMOS 5 TEXTOS PUBLICADOS |
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| Rediseñar la sociedad |
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| Estamos asistiendo a la culminación de un cambio acelerado de las reglas morales y sistemas de valores que determinaban las maneras de actuar, pensar y sentir de nuestra sociedad. Comenzó el cambio quizás en los años setenta, aunque no llegamos a darnos cuenta, en aquel momento, de su alcance. El triunfal acceso del partido socialista al poder en 1982 fue un hito importante en esta deriva. |
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La transmisión del sistema de reglas y valores se venía produciendo en el seno de la familia. Los padres transmitían a sus hijos desde la infancia los valores que realmente vivían. La escuela complementaba la educación familiar. La ruptura se producía cuando la juventud llegaba a la universidad que invocando la ciencia y el progreso y sobre un esquema esencialmente marxista, se dedicó con entusiasmo a demoler los valores tradicionales tachándolos de franquistas.
Aquellas generaciones educadas en la universidad de los setenta fueron ocupando la sociedad con la decisión de cambiarla. Para ello había que eliminar a la familia como transmisora de valores. Recuerdo un número de la revista Triunfo en la que una feminista, todavía en activo, proclamaba que había que conseguir primero el divorcio y después terminar con la familia a la que consideraba represora, castradora, reproductora de relaciones de dominio, etc. etc.
Por otro lado también había que cambiar la escuela. Se proclamaron las excelencias de una educación no-autoritaria y la erradicación de cualquier clase de competitividad entre los alumnos. Decidieron borrar las diferencias entre alumnos y profesores, llamarse por el nombre de pila y utilizar el tuteo. Algunos profesores se resistieron, pero el paso inexorable del tiempo terminó jubilándolos.
Desde aquella EGB de los conjuntos y las fichas de rellenar, tirar y olvidar se fue pasando en sucesivas etapas hasta el cambio de curso sin aprobar el anterior y como colofón de todo ello la implantación obligatoria de Educación para la Ciudadanía que quiere fijar los cambios que han ido introduciendo en la sociedad.
A esta labor se sumaron con entusiasmo los medios de comunicación promocionando cualquier cosa que pudiera consumirse o producir beneficios económicos y votos. Los derechos sin deberes, la libertad sin responsabilidad, el placer sin frenos, han tomado carta de naturaleza en una sociedad que no quiere saber de problemas y cuando estos llegan, espera que un estado providente y benefactor lo resuelva todo, desde el embarazo no deseado al precio de la gasolina, la hipoteca del piso o el internamiento del abuelo que nos estropea las vacaciones.
Si alguna institución, como la Iglesia, levanta la voz para oponerse a esta marea, se la denigra sin contemplaciones y se trata de reducirla al silencio. El gobierno en lugar de una estricta neutralidad confesional se lanza en tromba a imponer su “religión”: el laicismo y el relativismo, la ideología de género, o el reconocimiento de nuevos y extravagantes derechos como el de abortar o el de la llamada muerte digna que no es otra cosa que dejarte morir o acelerar tu muerte.
Los resultados de estos cambios sociales están a la vista, para quienes quieran verlos. Fragilidad de los matrimonios, abortos, violencia, fracaso educativo, corrupción económica, inseguridad ciudadana, nacionalismos, terrorismo y ahora crisis económica.
Una vez más apelo a la sociedad civil, a las minorías que puedan tomar conciencia de la situación a que actúen con decisión y generosidad para rediseñar una nueva sociedad. La democracia no pueden monopolizarla los partidos, hay que hacerla entre todos cada día.
| | Miércoles 2 de julio de 2008 |
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| Extraños orgullos |
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| Con demasiada frecuencia nos llegan noticias sobre redes de pornografía infantil y últimamente la perversa actuación de unos jóvenes cuidadores de bebés que aprovechaban su ocupación para dar rienda suerte a su desviada orientación sexual. También leo el anuncio de la celebración el próximo día 24 del “día del orgullo pedófilo”. |
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Que haya gente que sienta orgullo por ser pedófilo pone al descubierto el resultado de políticas que se presentan como progresistas, pero van debilitando el armazón moral que hace posible la convivencia.
Proclamando constantemente la lucha contra cualquier clase de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, etc. se viene añadiendo en bastantes textos legales lo de “orientación sexual”. Que nadie sea discriminado por su orientación sexual, pero ¿todas las orientaciones sexuales son equivalentes? La pederastia, la pedofilia, la violación, el sado-masoquismo, el incesto, el bestialismo y otras muchas aberraciones responden a orientaciones sexuales, que hay quien considera opcionales.
La ideología de género trata de convencernos de que no somos lo que somos, sino lo que decidamos ser, que todas las formas de sexualidad son productos culturales sobre los que pesan tabúes y represiones que hay que destruir.
Son las razones que alegan los que convocan la celebración del día del orgullo pedófilo, remontándose a las prácticas de la antigua Grecia en la que los viejos buscaban disfrutar de los encantos de los jovencitos.
Cuando conocemos los abusos sexuales cometidos con bebés o con niños de corta edad sentimos rabia con los autores y piedad con las víctimas, pero si se trata de adolescentes y jóvenes inducidos a practicar el sexo en sus distintas variedades la cosa cambia.
Se considera delito el abuso sexual a menores cuando su edad es inferior a trece años ¡! Pero si es mayor de esta edad, el legislador estima que puede consentir en tales relaciones y, si son consentidas, desaparece el delito. Si es menor de dieciocho años no puede asumir ninguna obligación contractual, pero con trece puede consentir unas relaciones sexuales que ponen en riesgo su propia vida. Desde todos los medios, incluso desde las autoridades educativas y sanitarias, que con discutibles razones reparten preservativos o píldoras abortivas a los adolescentes, se incita a la práctica de la sexualidad.
La corrupción de menores avanza en una sociedad que va eliminando cualquier referencia moral, con los resultados que están a la vista. Solo una educación firme, atenta y responsable de los padres puede dotar a los niños y jóvenes de los necesarios mecanismos de defensa.
El placer sin límites es una mercancía que vende y reporta beneficios a los que trafican con ella. Su clientela está asegurada, si desaparecen los valores morales y se impone una permisividad sin más límites que las normas penales, fácilmente sorteables.
Basta echar una ojeada a los anuncios clasificados de nuestros periódicos, con la notable excepción del “20 minutos”, para encontrar la más variada gama de ofertas al servicio de la orientación sexual de los lectores.
Que se vaya a celebrar el día del orgullo pedófilo tendría que hacernos pensar hacia donde vamos. Los promotores de este extraño orgullo están convencidos de que terminarán por ser aceptados sus planteamientos.
En la llamada lucha contra la discriminación pienso que nos han colado una mercancía averiada con el añadido de la orientación sexual.
| | Miércoles 25 de junio de 2008 |
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| La huelga del transporte |
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| Según el artículo 28.2 de nuestra Constitución se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses y añade que la ley que regule el ejercicio de este derecho, establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. |
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Pasados más de treinta años no se ha dictado ninguna ley reguladora del derecho de huelga sino que por vía de hecho se han ido consolidando malos usos como los piquetes, eufemísticamente llamados informativos, aunque en realidad son en muchas ocasiones salvajemente coactivos.
El establecimiento de garantías para asegurar el mantenimiento de los servicios mínimos esenciales se impone por el gobierno, cuando se trata de huelgas en la misma administración y sus servicios, especialmente de sanidad o transportes urbanos.
El mantener el abastecimiento del mercado no está garantizado, aunque no hay duda de que se trata de un servicio esencial de la comunidad. Como hasta ahora no se ha dejado sentir de forma grave, nadie ha previsto qué hacer cuando llegara la situación.
La presente huelga de los transportistas es bastante rara. El derecho reconocido a los trabajadores en defensa de sus intereses, se ha entendido siempre que era frente a sus empresarios y se enmarca en la estrategia sindical para obtener mejoras de las relaciones laborales.
Ahora, al parecer, los huelguistas son trabajadores autónomos que protestan porque en los acuerdos de transporte que suscribieron con otros empresarios no establecieron ninguna cláusula de revisión cuando aumentara el precio del combustible y plantean que el gobierno le rebaje el precio del gas-oil o fije un precio mínimo obligatorio.
Si el gobierno puede rebajar el precio del combustible tendría que hacerlo para todos los usuarios y no solo para los transportistas y en cuanto a fijar precios mínimos obligatorios sería un intervencionismo inaceptable, incluso por los mismos transportistas que siempre desearán tener la libertad de fijar mejores precios. Hasta el abusivo encarecimiento del combustible, la actividad de transportistas autónomo ha debido ser rentable y ha animado a mucha gente a comprar su camión.
Lo que no es admisible es que los que se declaran en huelga alegando un derecho, impidan a otros ejercer el suyo de trabajar y que esto lo hagan con amenazas, coacciones y daños. Estos comportamientos son delictivos y están tipificados en el Código Penal y la autoridad que tenga conocimiento de ellos, está obligada a actuar y si no lo hace estará cometiendo un delito previsto y penado en el mismo Código.
Más inadmisible aún es que el ejercicio de su “derecho” cause daños irreparables a los agricultores y ganaderos que ven como han de destruir sus productos perecederos y a los ciudadanos que siempre les toca pagar “los platos rotos”.
Quienes no han podido llegar al trabajo, llevar sus hijos al colegio, repostar combustible para poder desplazarse, quedarán perjudicados sin remedio. Estos mismos ciudadanos tendrán que pagar sus compras más caras, como viene ocurriendo a diario. Todos los artículos van aumentando de precio de forma permanente y la destrucción de productos que han provocado estos huelguistas los encarecerán todavía más.
En el caso de que el gobierno quiera calmarlos con determinados beneficios, éstos saldrán también del bolsillo de los ciudadanos que son los que en definitiva, pagan todos los desaguisados con los impuestos que se le exigen coactivamente.
Cualquier medida que se tome, ha de contemplar a la totalidad de los ciudadanos y no solo al colectivo que causa problemas, aunque vemos a menudo que potentes grupos de presión imponen sus tesis y tratan de convencernos de que lo que es bueno para ellos, es bueno para todos, lo que nunca es verdad.
| | Miércoles 18 de junio de 2008 |
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| Para qué sirven los partidos políticos |
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| Dice nuestra Constitución en su artículo sexto que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. |
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La existencia de varios partidos expresa, sin duda, el pluralismo político. Los países con partido único o partido permanente como fue el PRI mejicano no son nunca democráticos. Cuando a la palabra democracia se le añade un adjetivo como por ejemplo: democracia orgánica, democracia popular, democracia social o social democracia, lo que desaparece es el sustantivo democracia, que queda absolutamente desfigurado.
Gracias al pluralismo político pueden ofrecerse a los ciudadanos, en quienes, no olvidemos, reside la soberanía, diversas formas y soluciones para organizar la convivencia y resolver los problemas que vayan apareciendo a lo largo del tiempo. Por tanto cada cuatro años lo que habría de someterse a consulta de los españoles serían los programas con las orientaciones y soluciones que proponen de forma clara y entendible cada partido político.
El programa de cada partido debería ser un compromiso, un contrato con los votantes que lo respalden. Pero en la realidad los programas no se hacen para cumplirlos, como dijo Tierno Galván, según creo. Una vez obtenidos los votos, en lugar de representar a sus votantes con exacta fidelidad al programa, cada partido se dedica a disfrutar del poder que obtenga en el gobierno o la oposición y a decidir desde sus cúpulas dirigentes, sin contar para nada con sus votantes y a veces ni con sus militantes, sobre pactos y componendas.
Aquello de que concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular es problemático. Concurrir a formar la voluntad popular tendría sentido cuando en tal concurrencia además de los partidos hubiera una sociedad civil viva y organizada. El individuo aislado no puede hacer otra cosa que votar cada cuatro años unas listas cerradas y bloqueadas que otros han cocinado, pero si forman parte de organizaciones libres, no subvencionadas, ni mediatizadas por una relación clientelar con los partidos, harían valer el peso de los titulares de la soberanía y someterían a un control real al gobierno y a la oposición.
Para que la sociedad pueda expresarse libremente necesita libertad y un marco claro de referencias legales. No puede ser que los ciudadanos estén inermes frente a las múltiples administraciones que costeamos con nuestros impuestos. No puede ser que nuestros gobernantes decidan por nosotros, sin contar con nosotros, sobre la economía, sobre la moral, sobre la salud, sobre la educación, sobre nuestro presente y nuestro futuro. No puede ser que sólo podamos expresarnos cada cuatro años. La voz de la sociedad organizada tiene que ser oída permanente por los gobernantes y los partidos, pero es necesario que estudie, piense, razone, no se deje manipular y sea independiente de las administraciones y de los mismos partidos.
Si la constitución dice que los partidos son instrumento fundamental para la participación política, hay que entender que lo fundamental es que son sólo instrumentos y los instrumentos son útiles si sirven para hacer realidad la participación política de los titulares de la soberanía nacional, pero si la suplantan se convierten en instrumentos de dominación y coerción.
Quizás tendríamos que tener todo esto en cuenta cuando el partido gobernante proclama que puede hacer lo que quiera con su mayoría de votos y el principal partido de la oposición trata de cambiar la oferta política que hizo a sus votantes, pensando que así conseguirá el poder que por segunda vez se ha escapado de sus manos. Con una sociedad más viva y organizada esta deriva sería imposible.
| | Miércoles 11 de junio de 2008 |
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| Fraudes |
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| Pienso que la mayoría de las personas no se sienten culpables si consiguen eludir el pago de cualquier impuesto. Es bastante normal decir que no necesitas factura para evita el IVA. |
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Pero no sé si alguien siente remordimiento por estar en una situación de incapacidad temporal sin estar enfermo o prolongar la situación todo lo que puede, después de estar en perfectas condiciones para trabajar.
Leo en el diario IDEAL de Granada que el número de bajas laborales fraudulentas aumenta un 25% en los últimos dos años. La Unidad Médica de Valoración de incapacidades detectó el pasado año 2007 en la provincia de Granada que nada menos que 5.730 trabajadores de baja fingían una enfermedad. Indica también que los dos sectores con mayor número de bajas son el de funcionarios y el agrícola.
Se habla constantemente de las pensiones de la Seguridad Social, exigiendo al gobierno que aumente sus importes o de la utilización de los fondos de reserva. Pero no hay clara conciencia de que el fraude en las prestaciones es un cáncer del sistema al que es difícil poner remedio, si no aumenta el nivel moral en la conciencia de los ciudadanos.
Los médicos de familia no pueden dedicarle a cada enfermo más que unos pocos minutos y pienso que, ante la duda de si está o no realmente enfermo el trabajador a quien atiende, opte por extender la baja, ya que negársela podría causarle más problemas. Las patologías que se alegan por estos enfermos además de las estacionales, gripes, alergias y resfriados, son los dolores que no resultan medibles o las afecciones psíquicas de estrés o de depresión, cuya subjetividad no las hace detectables por el facultativo.
Las bajas fraudulentas no solo perjudican a la Seguridad Social sino también a las empresas, ya que éstas vienen obligadas a seguir cotizando durante la situación de baja y a completar el salario, pues buena parte de los convenios colectivos incluyen esta garantía suplementaria de la prestación a cargo de la Seguridad Social.
El sector de funcionarios señalado como defraudador, quizás se deba a la estabilidad en el empleo, frente al resto de trabajadores, cuyas empresas tratan de no mantener en el trabajo a los falsos enfermos. Los trabajadores agrícolas, dado su ocupación estacional, tratan por todos los medios de conseguir bajas por incapacidad para seguir manteniendo unos ingresos. Este Régimen Agrario se presta a muchas anomalías, empezando por la inclusión en el mismo de muchas personas que no realizan trabajos agrícolas.
Otro aspecto interesante es la duración media de las bajas que ha descendido a 84 días mientras que en el año 2003 era nada menos que de 250. El monto económico de esta prestación a nivel nacional ascendió en el 2003 a 5.1124 millones de euros, que se redujo a 3.406 en el 2007. La reducción ha sido posible gracias a las Mutuas Patronales que fueron autorizadas a cubrir tanto las bajas por accidente de trabajo como por enfermedad común, a cambio de la fracción de cuota correspondiente a estas contingencias. Estas Mutuas han conseguido un mejor control del gasto mediante reconocimientos más exhaustivos y la inmediatez de programas de recuperación que en los Centros de Salud se demoran en exceso, alargando la situación de baja médica. Las empresas han optado masivamente por cubrir la enfermedad común con la Mutua que le cubría el riesgo de accidentes.
Es muy probable que si supiéramos que cualquiera de nuestros amigos roba a los vecinos o en los supermercados nos pareciera correcto acabar con la relación amistosa, pero si conocemos que defrauda a la Seguridad Social o a su empresa no mostramos ningún desacuerdo sino, como mucho, guardamos un comprensivo y cómplice silencio.
Para poder exigir nuestros derechos, sería necesario que aumentara nuestro nivel moral y condenáramos, sin contemplaciones, tanto las grandes corrupciones, como estos fraudes continuados. El dinero del estado o el de la Seguridad Social es el dinero de todos y lo común hay que cuidarlo con mucha más diligencia que lo particular.
| | Miércoles 4 de junio de 2008 |
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