WASHINGTON -- .A mí me gustaría recuperar mi Constitución.

La aparición de estos constitucional conservadores autodeclarados constituye un mal presagio que ha recibido escasa atención -- y poca respuesta.

Hasta ahora. Bajo el estandarte de "Progresistas Constitucionales", una coalición de grupos de izquierdas ha empezado a exponer un importante argumento en dos partes: en primer lugar, que un programa progresista es consistente con los valores constitucionales. En segundo, que el enfoque constitucional conservador representa un peligroso retroceso de las funciones del estado.

Esta apuesta a "refutar los cuentos de hadas constitucionales predicados por el movimiento de protesta fiscal tea party", en palabras de Douglas Kendall, del colectivo Centro de Transparencia Constitucional, no podrían ser más oportunas con el vertiginoso avance del Gobernador de Texas Rick Perry.

La crítica constitucional conservadora, según la articulan Perry, la congresista de Minnesota Michele Bachmann y los demás candidatos presidenciales conservadores, va mucho más allá del lamento familiar sobre jueces que llevan al estrado su programa político. Se trata, en el fondo, de un argumento contra el siglo XX -- en concreto contra la noción de que la Constitución concibe y dota de competencias a un ejecutivo federal fuerte capaz de garantizar que su ciudadanía tiene aire puro, comida sana y lugares de trabajo seguros.

Para captar la naturaleza radical del enfoque conservador constitucional, piense en la trayectoria de cada presidente Republicano desde el programa New Deal.

Richard Nixon se postuló con la promesa de nombrar jueces "que se ciñan al texto constitucional y no vayan más allá", pero fundó la Agencia de Protección Medioambiental diciendo al Congreso que "Nuestro ejecutivo nacional no está hoy estructurado para realizar un ataque coordinado a los contaminantes que intoxican el aire que respiramos, el agua que bebemos y la tierra que nos proporciona alimento". Nixon no puso en duda -- como dudan los actuales conservadores constitucionales -- que el régimen medioambiental era una competencia idónea y constitucional del estado federal.

Del mismo modo, George W. Bush se despachó contra los jueces que "legislan desde el estrado". Pero aun así presidió la mayor ampliación del Medicare de la tercera edad -- la adición de la prestación de las recetas médicas -- en la historia del programa y supervisó una nueva competencia arrolladora para el ejecutivo federal al ser garante de la calidad de la educación en los centros de enseñanza locales. Bush no cuestionó -- como cuestionan los constitucional conservadores -- que fueran actividades permitidas al estado federal.

La visión constitucional conservadora es dramáticamente distinta. Concibe un gobierno federal cojo limitado a unas cuantas actividades básicas como la inmigración o la defensa nacional. La Décima Enmienda, que reserva a los estados las competencias no adjudicadas específicamente al gobierno federal, se aplicaría en estado puro. El Capítulo de Actividad Comercial, que deja en manos del gobierno federal la autoridad de regular las actividades comerciales entre los estados, se vería drásticamente reducido.

Desde luego hay un debate legítimo en torno al papel idóneo del estado y el alcance de las competencias federales frente a las estatales. Pero es un debate distinto al que durante mucho tiempo se consideró zanjado durante el New Deal: que la Constitución concede al estado competencias para regular un amplio abanico de actividades en el interés nacional.

El peligro planteado por los constitucional conservadores reside en que tratan de desatar debates relativos a lo que el estado debería de hacer y lo que la Constitución le permite hacer.

Un documento del izquierdista Centro para el Progreso Estadounidense esboza la repercusión potencial de la visión constitucional conservadora. Programas como la seguridad social, el Medicare de los ancianos o el Medicaid de los pobres se considerarían extralimitaciones de las competencias del estado enumeradas específicamente en la Constitución.

El ejecutivo federal deja de tener cualquier competencia en materia de educación, se elimina la financiación de los centros públicos y las ayudas a las matrículas universitarias y en cuanto a combatir la pobreza, se acaba la prestación por desempleo y las cartillas de alimentación. Las leyes relativas a todo lo que va del trabajo infantil a la seguridad alimentaria serían revocadas.

No es probable que algo de esto vaya a suceder, por supuesto, por la sencilla razón de que la mayoría de los estadounidenses no quieren que pase. Cuando Perry fue presionado durante el debate acerca de las implicaciones de sus opiniones en materia de la constitucionalidad de la seguridad social, por ejemplo, evitó la pregunta diciendo que era un interesante ejercicio intelectual.

Pero la aparición del argumento constitucional conservador guarda repercusiones en el mundo real -- hasta sin un constitucional conservador en la Casa Blanca. Desplaza significativamente a la derecha el debate jurídico, dinamizando y dando fuerza a los magistrados y los jueces conservadores. Y altera la naturaleza del debate político en la misma medida que limita el coto en el que, según la opinión de ciertos legisladores por lo menos, el ejecutivo federal se considera con competencias para intervenir.

"Es una forma de utilizar a la Constitución como arma con el fin de evitar un verdadero debate acerca de la forma en que el estado puede solucionar problemas nacionales", me decía Kendall.

Duras palabras, pero la visión constitucional conservadora es demasiado radical para seguir ignorándola con la esperanza de que desaparezca de forma espontánea.