A Forcadell le ha cogido un ataque de autoimputacionitis que la ha impulsado a inmolarse, voluntariamente, ante las “fuerzas del mal” (para ella todo lo que tenga relación con la justicia del Estado español), en calidad de víctima propiciatoria del separatismo catalán; con la única y peregrina intención de conseguir provocar una reacción del nacionalismo catalán, que lo haga levantarse en masa contra la “tiranía opresora” de España y los españoles, los responsables, según ella, de todo lo malo que le sucede a Cataluña y a todo el pueblo catalán.

Si no fuera por lo ridículo que está resultando el que, cada día, se produzca un acto semejante, que no haya sesión en el Parlamento de la comunidad Catalana que no deban enfrentarse entre sí los partidos constitucionalistas contra alguna de las barrabasadas, ocurrencias o desafíos de los grupos nacionalistas y comunistas que pululan, como almas en pena, por las dependencias de ese nido de serpientes secesionistas, con la única intención de encontrar una excusa, descubrir un motivo o pergeñar una nueva ofensa capaz de irritar a los españoles y a su gobierno. Resulta patético la insistencia con la que se repiten a sí mismos, seguramente con la intención de llegar a creérselo, el tema de que están defendiendo la “separación de poderes” ¿de qué poderes, señora Forcadell? ¿Habla usted del legislativo y el ejecutivo o del judicial?,¿qué es lo que no entienden ustedes de que, el poder judicial, sea independiente de los otros dos y, por consiguiente, cuando se produce la violación de una norma, sea quien sea el que la haya violado, debe ser perseguido mediante el correspondiente procedimiento judicial?, ¿qué tendrá que ver esta supuesta democracia en la que intentan fundamentar su desobediencia manifiesta, reiterada, obscena y agravada, por su condición de autoridades dependientes del Estado español?

Este intento fraudulento, evidentemente mal utilizado y que nada tiene que ver con el verdadero sentido de la democracia que, evidentemente, es el conjunto de normas recogidas en una Constitución, la de 1978, que el pueblo español ,en su conjunto, como nación soberana, libremente y con todos los condicionamientos y garantías de una consulta a toda la ciudadanía en edad de votar, se dio a sí mismo, lo votó mayoritariamente y se comprometió a obedecerlo para que, en España, existiera el orden, el acatamiento de las normas que han de regir nuestra convivencia y el respeto a las instituciones que se establecieron como garantes de que nadie pudiera utilizar otros medios para cambiar, mejorar, extinguir o publicar, nuevas condiciones de vida o sistemas de gobierno, fuera de los procedimientos y límites admitidos por la ley de leyes, en nuestro caso, la Constitución.

El que al señor Puigdemón, al señor Junqueras, a la señora Forcadell o a cualquier otro de toda esta serie de traidores a España (ellos mismos se han declarado así), que no dejan de hacer méritos para ser juzgados por la Justicia española; se les ocurra hablar de que están ejerciendo los derechos democráticos del pueblo catalán, no es más que una de estas estupideces que sólo se le ocurrirían a un niño que, cuando se le dice que no a alguno de sus caprichos, arma la pataleta, buscando lo que le ha faltado al Estado español, que sus padres le apliquen el correctivo pertinente para que deje de dar la lata. Y es que, señores, cuando a uno de estos extremistas se le pregunta cuál es el límite en cuanto a las democracias que se pueden permitir en una nación, en el sentido excluyente de las que abarcan a menos personas respecto a las mayoritarias, no saben lo que responder ya que, si se permite a la comunidad catalana optar por su propia democracia, al día siguiente Barcelona podría pedir lo mismo ( recuerden en caso del famoso “cantón de Cartagena”) y al poco tiempo lo mismo podrá hacer San Cugat del Valles hasta, que siguiendo por este mismo camino, todo el territorio nacional estuviera convertido en un inmenso semillero de democracias independientes. Porque ¿quién es el sabio que pone límite al número de personas que pueden aspirar a decidir sobre su propio futuro? El reducir un tema al absurdo, en ocasiones, basta para esclarecer y demostrar la imposibilidad de ciertas afirmaciones que, si de por sí ya resultan ridículas nada más enunciarlas, cuando se pretenden utilizarlas como argumento resultan absurdas e irrealizables.

El simple hecho de que, el Gobierno de España, siga perdiendo el tiempo intentando negociar soluciones nada viables o que la Justicia vaya alargando los plazos sin tomar las medidas que, ya hace tiempo que debieran haberse tomado, no hace más que demostrar que en esta nación tenemos miedo de aplicar las leyes, cuando se trata de asumir un riesgo. Se actúa, en ocasiones con excesiva prontitud y con grandes alaracas cuando se trata de empapelar a particulares, a algún político o a quien ha robado una gallina; no obstante, cuando nos encontramos ante una desafío, como el que en estos momentos viene planteando el Parlamento y la Generalitat de Cataluña, en el que se está poniendo en cuestión la unidad del suelo patrio, se acusa al Estado español por hacer que se cumplan las leyes, en base a unos supuestos derechos de un Parlamento, el catalán; que no ha hecho otra cosa que saltarse la Constitución, pedir que se le dé la independencia a Cataluña y exigir que se ceda a sus múltiples pretensiones como, por ejemplo, que se parte el Ejército de esta tierra, que se quiten los retratos de los reyes, que no se pueda izar una bandera española, cuando se han inundado las calles de banderas separatistas, sin que una sola autoridad haya tenido el gesto de hacer que las retiren.

Si hay unas palabras más específicas, más claras y más indicativas de lo que piensan la señora Forcadell y su amiga, también obligada a declarar, la señora Anna Simó, son las que ellas mismas han reconocido que le habían dicho al Juez que las interrogó: “el simple hecho de tener que ir a declarar ya vulnera nuestros derechos” (¿existe el derecho de desobediencia al TC o el de permitir promulgar una ley que dicho tribunal ya había declarado como inconstitucional?). No hay el menor indicio de arrepentimiento, ni tan siquiera de intentar disimular, alegando desconocimiento o mala interpretación de la resolución del TC, porque la señora Forcadell no se conformó con negarse a declarar ante las preguntas del fiscal o del señor juez, sino que se mostró recalcitrante cuando añadió: “No nos doblegaremos a la voluntad censora de quienes quieren limitar el mandato parlamentario” Evidentemente que ningún mandato parlamentario permite evadir el imperio de la Ley ni tiene la más mínima base pretender que, cualquier institución autonómica, tenga facultades ni que entren en sus funciones, el provocar un proceso cuya finalidad última sea el pedir constituirse en un Estado independiente de la nación española.

No obstante, señores, nos cuesta aceptar que habiendo llegado este tema de Cataluña a un estado tal de deterioro político, a una situación de evidente rebeldía y los protagonistas de esta rebelión han adoptado la postura de declararse fuera del imperio de la Constitución y de la legalidad española y que, toda la actuación que ha llevado a cabo el Gobierno del Estado se haya limitado a interponer recursos en contra de cada acto que se ha considera anticonstitucional y no se han puesto en práctica los artículos de la Constitución (155), que permiten que, con la intervención del Parlamento se puedan aplicar medidas, en casos semejantes, que declaren en suspenso la autonomía, nombrando a funcionarios del gobierno para que asuman las funciones que se les han retirado a los gobernantes locales. Lo que puede suceder es que lleguemos a un momento en el que se alcance un estado tal de tirantez que los requerimientos legales, las resoluciones de los tribunales (algo que ya tienen anunciado los separatistas) no tengan ya ningún efecto y, entonces, va a llegarse a un punto en el que ya no basten los paños calientes y deba llegarse a las palabras mayores que, por cierto, están perfectamente previstas en el Art.º 8 de nuestra Carta Magna.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie creemos que, en Cataluña, la situación se ha vuelto tan crítica, existe un clima (continuamente agitado por los comunistas y separatistas) que se hace cada vez más irrespirable y que ya se empieza a notar entre las mismas comunidades de vecinos que no dejan de aprovechar las reuniones habituales para solventar los problemas entre vecinos, para intentar colar de rondón adhesiones al proceso separatista, introduciendo la política en lugares donde nunca debiera meterse. No sabemos si se está a tiempo de parar esta situación prerrevolucionaria, ni si el Gobierno tiene controlado, como parece que dice, el desarrollo de todo este problema, pero, si no lo tiene, mejor es que se pongan las pilas porque este polvorín está a punto de explotar y nosotros estamos metidos en su propio centro.