Síntomas cada vez más alarmantes del progreso, en España, de doctrinas de carácter totalitario y de peligrosos ensayos intervencionistas en algunas capitales españolas, en las que se pone en duda, bajo la excusa del sometimiento de la propiedad privada a lo que, para algunos, justifica la extensión del concepto de “función social” de la propiedad a cualquier tipo de propiedad, especialmente la inmobiliaria, hasta un extremo de que, la libertad del propietario respecto al uso y disfrute de sus bienes, prácticamente queda al albur de cualquier administración local que decida implantar una serie de obstáculos ( impuestos especiales, tasas, multas etc.) si el propietario no accede a que, el inmueble en cuestión, se deba ceder en alquiler forzoso, so pena de ser acosado fiscalmente o incluso de ser privado de la facultad de disponer de él.

Es evidente que el artículo 33.1 de la Constitución reconoce como derechos la propiedad privada y la herencia, lo mismo que, a continuación, en el apartado 2 proclama su función social y, en el apartado 3, garantiza que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes. Esto es, reconoce constitucionalmente el instituto jurídico de la expropiación forzosa. Pero se debe entender que el recurso a privar al propietario, bajo la cobertura legal de la “función social” del bien, debe ser en casos extraordinarios, en situaciones en las que la Administración no disponga de otros medios, recursos o posibilidades alternativas que le permitan hacer frente a sus obligaciones para con las clases desfavorecidas.

Y aquí es donde algunos partidos comunistas, determinados municipios en manos de ayuntamientos de ideas intervencionistas, han decidido interpretar las leyes según conviene a sus teorías marxistas o al arbitrio de alcaldes surgidos de grupos antisistema, decidiendo ponerse las leyes estatales por montera y, valiéndose del poder local que ostentan, del apoyo incondicional de todos aquellos que piensan que la propiedad privada es un atraso, vienen intentando, cada vez con más desvergüenza, temeridad y desfachatez, ir limitando por medios coactivos los derechos indudables de aquellos que con su trabajo, con su ahorro o privándose de legítimas expansiones de ocio, han conseguido hacerse con una vivienda de la que esperan sacar un complemento para su pensión o, si precisaran de ello, poderla vender en caso de necesidad, a modo de seguro para garantizar su vejez.

Todos son conscientes de que, por una vivienda alquilada, y mucho más si el alquiler es bajo (como sería el caso de los alquileres sociales propuestos por algunos ayuntamientos) no es posible obtener el mismo precio que si está libre de ocupantes y que, a la hora de venderla, las dificultades para conseguir un comprador son mucho más problemáticas. Pero esto no es obstáculo, por ejemplo, para la señora alcaldesa de Barcelona, la señora Colau, una activista de profesión, conocida por sus intervenciones para obstaculizar las ejecuciones de hipotecas y de la que se supo de viva voz que “si las leyes no le complacían estaría dispuesta a no cumplirlas”. La primera obligación del Consocio de Vivienda de Barcelona, integrado en la Generalitat y el Ayuntamiento , debería ser la de ocuparse, antes de crear un servicio de espionaje para controlar cuántos pisos vacíos particulares hay en la ciudad, en averiguar cuáles son las viviendas de “protección oficial” que se construyen, cuáles de ellas siguen vacías y cuáles son los solares de propiedad pública que quedan en Barcelona y el área metropolitana para, con los recursos públicos que recaudan de los impuestos a los ciudadanos ( no olvidemos que Barcelona es una de las ciudades, si no la ciudad, que paga más impuestos dentro del territorio español), proceder a construir nuevos edificios de viviendas para atender a la demanda que pueda haber de gente necesitada, en Barcelona y sus alrededores.

Lo que no pueden pretender ni la Colau ni la Carmena es que, en ciudades como Barcelona y Madrid, donde el precio del solar sigue por las nubes, seguramente los más caros de toda la península, los propietarios de pisos que, seguramente, se han tenido que gastar muchísimo dinero para adquirir los pisos como una inversión más, lo mismo que lo hubieran podido hacer invirtiendo en valores mobiliarios o en fincas rústicas; deban salir perjudicados a causa de que unos ediles incapaces, fanáticos y seguramente influenciados por sus ideas totalitarias, hayan decidido prescindir del sentido común para que, un inmueble vacío, tenga que ser alquilado a la fuerza, con amenaza de ser multado si no se hace o de verse obligado a pagar unos impuestos draconianos, por no querer alquilarlo por una cantidad que, posiblemente, no sirva ni para cubrir los gastos de conservación, de la comunidad, el IBI y las numerosas tasas municipales con las que estará gravado.

Pero es que, señores, tal y como establece el Art.º 33 de la Constitución española, la privación de la libertad de uso de una propiedad necesita que previamente haya sido declarada de utilidad pública o interés social y, sólo entonces, previo haber hecho efectiva la correspondiente indemnización podrá procederse a su expropiación. Hay que decir que, la declaración de interés social, es competencia de las comunidades autónomas lo que cada vez les permite a las Administraciones actuar con más libertad, ya que el interés social no es necesario que se deba declarar caso por caso, sino que es suficiente que sea declarado con carácter general para que pueda aplicarse a toda una zona o ciudad.

Naturalmente, esta facultad se agrava cuando se está en manos de administraciones de izquierdas dispuestas, en todo caso, a dictar normas en contra de aquellos ciudadanos que sean poseedores de viviendas en ciudades donde el coste de edificación y el del suelo son elevados y, por consiguiente, las viviendas de protección oficial cada vez son menos frecuentes, si no es que se construyan en suelo propiedad de la Administración, que haya sido cedido para tal fin. Lo que sucede es que, como sucede en Cataluña, los impuestos, las subvenciones estatales, la financiación recibida del Estado central etc. son destinados a partidas a las que, por interés partidista, por cuestiones electorales, por contratación de funcionarios ( hay que pagar favores recibidos y el aumento de las plazas de funcionarios siempre es garantía de una buena cosecha de votos seguros) les es más rentable a los dirigentes municipales; siéndoles más fácil y útil acudir a las viviendas ya construidas de los particulares, que tener que invertir los recursos municipales en la construcción de viviendas para las clases necesitadas.

El peligro que corremos es que, mientras en el Parlamento de la nación se pierde el tiempo en rifirrafes absurdos, mientras las izquierdas extremistas entretienen, con naderías, al resto de parlamentarios y el Gobierno apenas consigue salir un día de la cámara baja, sin haber salido trasquilado por algún tema; los comunistas y los separatistas van continuando su labor de zapa; van atornillando a los ciudadanos cada vez con mayores cargas fiscales y, no contentos con ello, ya van entrando en el apartado de hacerse con las propiedades de la clase media porque, señores, lo que es evidente es que, con los ricos de verdad, con las grandes empresas, con los multimillonarios no van a poder, porque saben que si lo intentan, los millonarios, las multinacionales y todos aquellos que dispongan de una fortuna suficiente para poderse ir a otro país donde los traten mejor, lo harán. En definitiva que, como siempre, sean unos u otros los que dirijan el país, los que acaban pagando el pato son los de la “sufrida” clase media, que somos los que nos vemos obligados a quedarnos, nos guste o no, aguantando las estocadas que nos propinan todos aquellos que han decidido enriquecerse a nuestras espaldas y, una consideración evidente: los que más necesitan enriquecerse no son los que ya son ricos, sino los que piensan que, en política, van a conseguir medrar y convertirse en pudientes a costa, precisamente, de aquellos infelices a los que engañaron haciéndoles creer que ellos eran los que iban a cambiar el país; y sí lo van hacer, pero para alcanzar el poder, desde el cual van a conseguir que los demás acabemos trabajando para ellos.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no nos queda otra opción que el ocupar el olvidado oficio de las plañideras e invitar a todos que piensen que, a medida que la nación vaya cayendo en manos de esta colección de “enterados” como el señor Pablo Iglesias, Errejón, Monedero, Rufián y alcaldesas como la Manuela Carmena o la Ada Colau y vayan avanzando, sin que nadie consiga detenerlos; nuestros derechos irán declinando, que se unan a nuestros llantos ya que, el camino que llevamos, es el de que España acabe siendo una franquicia de naciones como Venezuela o Bolivia. Y es que, señores, nos amenaza el gran Armagedón.