El problema señores, radica en algo tan simple como tener una idea clara de lo que representa el concepto de democracia, cuáles son sus embriones, cuales los deberes y derechos que emanan de su puesta en práctica y de la correcta y lógica valoración de cuáles son sus límites en cuanto a la magnitud de los colectivos a los que puede afectar y a la necesidad de que, los integrantes de estos, se atengan a las leyes emanadas del propio pueblo, a las que están obligados a atenerse. En realidad, algo tan simple en ocasiones, cuando existen intereses espurios de por medio, no resulta ni fácil ni mucho menos comprensible cuando, de forma torticera quiere extenderse a minorías en detrimento de los derechos de la totalidad de la comunidad, regida por un gobierno democrático.

Y, precisamente, como muestra de que se puede intentar usar el concepto de democracia para amparar causas ilegales, ambiciones personales, objetivos fraudulentos y pretensiones éticamente incalificables; tenemos lo que está sucediendo, desde hace algunos años, en la comunidad catalana dónde, por una parte, la incuria de los sucesivos gobiernos de la democracia; las cesiones que, por razones políticas, se han venido haciendo a los políticos nacionalistas catalanes ( Estatuto de autonomía), amén de la habilidad con la que estos han sabido ir jugando sus cartas haciendo que, mediante sucesivas demandas y puntuales exigencias, los distintos ejecutivos nacionales, para mantenerse en el poder, hayan ido permitiendo que la pelota de nieve del nacionalismo en Cataluña haya ido haciéndose grande hasta que, como está sucediendo ahora, haya llegado un punto en el que, difícilmente va a ser posible detener su crecimiento si no se utilizan métodos expeditivos para conseguirlo.

Sería cómico si, lo que subyace debajo de esta payasada organizada por los independentistas, escenificando lo que muy bien se podría calificar como un sainete cómico, con la teatral salida de Más, Ortega y Rigau del Palacio de la Generalitat para acudir, pedibus andando, en medio de muestras de apoyo por parte de unos cuantos miles de personas fanáticas, completamente entregadas a la causa nacionalista que, evidentemente, no han representado a la totalidad del pueblo catalán que, como se sabe, sólo una parte pequeña de él quiere la separación o independencia de Cataluña de España, aunque sí es cierto que muchos quisieran más autonomía para los catalanes; no encubriera un desafío directo y cargado de odio contra España y el resto de españoles del resto del país.

Estos señores que hoy, con evidentes muestras de estar representando una actuación de cara al público, especialmente dedicada a la TV catalana y a los medios informativos, con la pretensión de que tenga repercusión internacional; han querido que todo saliera a la perfección, lo que se demuestra si se observa que, para sincronizar la salida de los encausados por el episodio del 9N, tenían su propio maestro de ceremonias que se movía diligentemente para que las filas no se rompieran y los protagonistas representaran a la perfección sus respectivos papeles en la función. Todas las paradas, en un trayecto de menos de un kilómetro, estaban perfectamente previstas y pautadas e, incluso, en un punto determinado del recorrido, todos se han parado para entonar el himno nacional de Cataluña. Es curioso que, al final, si la cita era para las 9h a/m, ignoramos si premeditadamente o por otras razonas, se haya retrasado más de media hora. Esperamos que, como es su obligación, el TSJC no se deje amilanar por tales demostraciones y depure las responsabilidades que, a cada uno de los encausados, le puedan corresponder si, en pura ley, resultan ser culpables de los delitos de desobediencia y prevaricación que pesan sobre ellos.

Pero lo que es importante es que, todos estos señores que llevan años incumpliendo las leyes estatales, que se han pasado por el Arco del Triunfo las sentencias de los tribunales, incluso del TC y han ido desobedeciendo sus requerimientos respecto a sus actividades en lo que ellos llaman “el process”; entre ellas el que no permitiera la votación ilegal de la consulta del 9N; se apoyan para ello en lo que insisten en calificar como “el derecho democrático de los catalanes de decidir sobre si quieren o no seguir perteneciendo a España”. Evidentemente, aquí es donde radica el quid de la cuestión porque, para ellos, el hecho de formar parte integrante de un país democrático, plenamente reconocido por el resto de democracias del mundo y provisto de una Constitución mayoritariamente consensuada por todos los españoles, incluso en Cataluña; no es óbice para intentar hacer valer la opinión de una parte ( apenas el 50%) de los ciudadanos catalanes ( las últimas encuestas señalan que los separatistas van en retroceso) que ellos intentan presentar, cuando se dirigen a su parroquia, como si fuesen la totalidad de los catalanes, cuando ello no es cierto.

Pero, aunque se tratara de los siete millones de catalanes fueran los que quisieran ejercer su derecho a decidir, no les quedaría otro remedio que contar con la opinión del resto de españoles que, como un pueblo que habita dentro de una misma nación, que lleva unida seiscientos años (los EE. UU de América no llegan a los 300), compartiendo el mismo destino y afrontando todas las dificultades juntos (incluida una guerra civil) tendría todo su derecho a ello. España tiene una población de unos 48 millones de personas y, en este caso, para que se pudiera modificar la Constitución y pudiera acordarse la desmembración de una parte, como es Cataluña, del resto de la nación, debería convocarse un referéndum nacional para que, todos los españoles, pudieran opinar sobre ello. Dos millones y pico de votantes, como ocurrió en las últimas elecciones autonómicas y municipales, que votaron a los partidos nacionalistas no son quorum suficiente para que España, que no aceptaría nunca que aquellas elecciones fueran plebiscitarias, pudiera, ni siquiera, plantearse utópicamente el tomarse en serio semejante petición.

No se puede entender que, unilateralmente, con todas las instituciones del Estado en contra, solamente con el apoyo (en último momento) de los comunistas de Podemos, o puede que solamente de los que apoyan al señor Pablo Iglesias ( su presencia en los Goya vestido de etiqueta, ya parece que se ha convertido en una costumbre que no puede interpretarse más que como una de sus habituales payasadas, aunque aprovechó la ocasión para olvidarse de que estaba en un acto cultural para lanzar su artillería contra el Gobierno y los socialistas, últimamente convertidos, con excepción del señor Sánchez, en el objetivo de todas sus críticas) que parece no haberse dado cuenta de que forma parte de una de las instituciones básicas del Estado español, el Parlamento, al que debe fidelidad, lo mismo que a la Constitución, que prometió respetar y que, si tenemos en cuenta sus declaraciones, es evidente que no piensa, ni por un momento, cumplir con lo prometido; los partidos nacionalistas y separatistas catalanes puedan intentar justificar que tienen una democracia propia que está por encima de la que tenemos el resto de españoles , a no ser que pretendan, reduciendo el tema al absurdo que llegue un momento en que dos o tres ciudadanos argumentaran su derecho democrático a tener su propia nación en su propio domicilio. Absurdo, ¿no? Pues veamos quién es el majo que establece un límite para que, siguiendo la teoría de los catalanes, le ponga un tope mínimo al famoso “derecho a decidir”.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, debemos de echar nuestro cuarto a espadas para rechazar la pretensión de los cabecillas subversivos de Cataluña, en cuanto a presentarse como demócratas cuando, la realidad, evidencia que no son más que un puñado de rebeldes, aferrados a una serie de leyendas imaginarias, que pretenden aprovecharse de unos momentos en los que España pasa por unos momentos de incertidumbre para, como lo hicieron en las anteriores ocasiones en las que intentaron lo mismo( con Maciá y Companys), buscar su emancipación de España. Pero lo peor es que, señores, estos sujetos están convencidos de que van a ser aceptados como miembros de la UE cuando, como confirman la legislación europea y las declaraciones de todos los mandatarios de la CE, es de todo punto imposible que ello suceda por mucho empeño que pusiera en intentarlo. Las leyes comunitarias así lo especifican lo mismo que lo hace, en el caso de España, nuestra Constitución.