Un artículo aparecido en el diario La Vanguardia, de Barcelona, suscrito por un periodista, J.M.Brunet, ha despertado en nosotros la lógica inquietud que nos produce cualquier anuncio de que, alguno de los órganos encargados de impartir la Justicia pretenda esquivar sus responsabilidades, se excuse de cumplir con sus obligaciones de aplicar las leyes en toda su amplitud e intente buscar en los recovecos procedimentales la excusa para evitar aparecer como el responsable directo de aquella resolución que sabe que no será bien recibida por un sector importante de la ciudadanía. El autor del artículo titula el texto con la siguiente leyenda: “El TC no suspenderá a Forcadell tras avalar la ley que lo permitiría”. No conocemos, por supuesto, las fuentes que le han permitido a este señor afirmar, con tanta rotundidad, lo que va a decidir hacer el tribunal encargado de que la Constitución española sea respectada en cualquier lugar de la nación española; pero suponiendo que lo que dice en su comentario fuera cierto, tendríamos que convenir que la noticia es alarmante y entrañaría el aceptar que cualquiera, en esta nación, puede mostrarse dispuesto a atentar contra la unidad de la nación, en una institución tan importante como es el Parlamento de la autonomía catalana, sin que ello signifique que, preventivamente, mientras se sustancia su causa ante la justicia, no se le retire la posibilidad de seguir actuando contra la legalidad.

Podemos entender que, el TC, antes de aceptar la posibilidad de poder utilizar la facultad que la nueva ley le otorga de exigir, directamente, la ejecución de sus resoluciones a aquellos que se niegan a cumplirlas, quisiera cerciorarse de que, este nuevo poder, entrara dentro de las funciones que la misma Constitución y Reglamento de funcionamiento le conferían; pero, una vez decidido, por mayoría, que la nueva ley está de acorde con la Carta Magna, el hecho que insinúa el periodista de que, el TC, haya decidido reservárselo para una ocasión mejor, declinando esta facultad para suspender de su cargo a la señora Forcadell; nos parece absolutamente demencial porque, señores, si existe un caso donde sea más necesario detener el progreso de la actividad supuestamente delictiva y, además, hacerlo con contundencia es, precisamente, en este especial supuesto en el que, por parte de la presidenta de un Parlamento autonómico, públicamente y en un acto oficial de la institución, se ha puesto de manifiesto la intención de continuar el proceso de legislar para continuar avanzando hacia la separación de Cataluña de España.

En todo caso, no me extraña que este tipo de artículos se publiquen en uno de los periódicos, del grupo Godó, que más se vienen distinguiendo por su apoyo a la causa independentista catalana, dando lugar a que, muchos de los periodistas que más se vienen destacando en este absurdo supuesto de pretender saltarse las leyes españolas, incluso la Carta Magna, para llevar a los catalanes a una situación que, cualquiera que tenga un mínimo atisbo de sentido común, sabe que no existe ninguna posibilidad de que pudiera producirse y aún, en el hipotético caso de que lo consiguieran, los resultados para esta nueva nación catalana, fuera de la UE y sin disponer de posibilidades de obtener apoyo de los bancos europeos, estaría condenada al más absoluto fracaso; son los que colaboran, con sus artículos, en dicha publicación.

No se trata de que los jueces del TC, se tomen unas vacaciones y decidan si conviene aplicar ahora la ley que les autoriza a actuar directamente, sin necesidad de acudir al Gobierno, para solicitar que éste pida la intervención del señor Fiscal General del Estado, para activar el correspondiente procedimiento; porque esto es lo que se ha querido evitar precisamente. Se le confiere, al alto tribunal, la facultad de activar la ejecución de sus propias sentencias o resoluciones para darle agilidad al procedimiento y que esto permita que, situaciones como ésta a la que nos estamos refiriendo, no se perpetúen en el tiempo, evitando los efectos perniciosos que, estas conductas de desobediencia y posible prevaricación, puedan causar escándalo en aquellos ciudadanos que creen que, un Estado, no se puede permitir que cualquier vulneración del Estado de Derecho pueda prolongarse más de lo estrictamente necesario para evitarlo.

No queremos creer que, cuando los magistrados del TC han estado tan diligentes en comprobar que, la nueva facultad que se les atribuía, encajaba dentro de sus funciones según la Constitución, haya sido para, ahora que tienen la ocasión de demostrar su utilidad en un caso especialmente preocupante, dejen pasar la ocasión para ensayarlo en cualquier otro tema menos trascendente para España y el pueblo español, que éste en el que se está poniendo en cuestión la unidad de la nación española. ¿Acaso puede haber quien, ante un desafío semejante por parte de un órgano, como es el Parlamento catalán, pueda pensar que, habiendo sido admitido a trámite el correspondiente expediente, pueda cerrarse el asunto con una exculpación para la persona imputada o investigada? Si fuera así ya podemos dejar de confiar en la Justicia, en sus órganos encargados de administrarla y en que, España, sea un país donde se respeta el cumplimiento de las leyes y se abomina de quienes pretendan incumplirlas impunemente.

Y ya que hablamos de quienes administran justicia, deberemos manifestar nuestra repulsa, nuestra disconformidad y nuestra preocupación respecto a que, una señora que forma parte de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, haya sido desposeída por su propio partido, el PSOE, de su cargo de presidenta de la Comisión de Justicia y se la permita seguir actuando en la judicatura. Y decimos que nos alarma porque, una persona que es capaz de desobedecer las normas de su propio partido, que no ha tenido inconveniente en unirse a una aventura tan perjudicial para España y los españoles, apoyando a un iluso obcecado en mantener en su puesto y conseguir el poder a toda costa, como ha sido el caso de Pedro Sánchez, y mostrarse tan contumaz en sus ideas, nos hace pensar que quizá no reúna las condiciones idóneas para ocupar un puesto de tanta responsabilidad como el que ocupa en el TS. La Justicia y quienes tienen la misión de hacerla respetar, ha de ser impartida por personas carentes de obsesiones políticas que, en un momento determinado, puedan llegar a condicionar su equidad, imparcialidad y capacidad para aplicar las leyes tal y como las concibió el legislador y no, como las pudiera interpretar quien tuviera prejuicios que pudieran alterar, a favor o en contra, los derechos a una justicia imparcial de la persona a la que se juzga.

Estamos ante un hecho evidente. Las izquierdas han dejado de ser moderadas, respetuosas con la Constitución y defensoras de la unidad de la nación española. Tenemos nuevas formaciones integradas por lo peor de la sociedad, en las que se mueven en su salsa los comunistas bolivarianos, los antisistema, los seudo-intelectuales, los resabiados de la farándula y todos aquellos grupos que se sienten agraviados por la sociedad y que esperan, nostálgicos de la República del Frente Popular, que les llegue la ocasión para ajustar cuentas y tomar venganza de aquellos a los que culpan de su propia estulticia. A ellos deberemos añadir todos estos catalanes que los políticos independentistas han conseguido atraer a la causa y que se han dejado convencer por estos falsos profetas que pretenden que, una Cataluña alejada de España, va a poder atender mejor a las necesidades de sus ciudadanos.

Lo que se han dejado de decir los políticos separatistas ha sido que, la deuda de Cataluña supera los 68.000 millones de euros; que los bonos emitidos por la Generalitat han tenido que ser avalados por el Estado español, ya que están calificados, por todas las agencias de rating, de bonos basura BB- y, en el caso de que dejaran de tener la protección del Estado español, el gobierno que se hubiera hecho cargo del nuevo país, un gobierno de izquierdas por supuesto, no tendría posibilidad de renovar los créditos, de atender a los pagos de la Seguridad Social ni pagar las pensiones de las clases pasivas, que se verían, como ha sucedido en la Grecia de Psipras, donde han tenido que ser reducidas en un 30%; obligadas a aceptar las rebajas correspondientes. Y, esto, en el dudoso caso de que se pudieran seguir abonando.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos la inquietante impresión de que se está intentando, por los nuevos disidentes del PSOE, estos que han votado el no para Rajoy y que siguen intrigando, para intentar llevarse el gato al agua en un futuro Congreso del partido y en las primarias que pudieran seguirle; una nueva conjura en la que tomarían parte todos estos partidos extremistas de izquierdas, entre los cuales se podría contar una nuevo PSOE, dispuesto a llegar a acuerdos con los señores de Podemos y con los nacionalistas que, mientras no consiguieran la independencia, quizá salieran favorecidos con arrimarse a estas izquierdas peleonas, anticonstitucionales, partidarias de impedir el normal transcurso de la legislatura a base de manifestaciones, algaradas, escraches, amenazas, etc.; con la evidente intención de impedir que las instituciones pudieran desarrollar, con eficacia, las funciones que les corresponden, dentro de la legalidad constitucional. Cuidado que, cuando el populacho decide impedir y obstaculizar la fuerza de las urnas, existe un grave peligro de involución hacia la rebelión y los desórdenes públicos. O sea, volver al año 36.