Los portavoces de PP y Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando y Juan Carlos Girauta, han firmado este viernes el pacto anticorrupción exigido por el partido naranja para empezar a negociar con los 'populares' un acuerdo que permita sumar sus votos para sacar adelante la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

El acto ha tenido lugar a las 11 horas en una sala del tercer edificio de la ampliación del Congreso con presencia de los secretarios generales de cada grupo (José Antonio Bermúdez de Castro, del PP, y Miguel Gutiérrez, de C's) y otros miembros de la dirección de ambos grupos parlamentarios.

Ante los informadores gráficos y en un tono distendido, los dos portavoces han puesto su firma bajo el documento con los seis puntos reclamados por Ciudadanos y se han dado la mano entre amplias sonrisas.

La firma de esta mañana y el anuncio de la fecha para la investidura permite que a las cuatro de la tarde de este viernes se sienten por primera vez ambos partidos a negociar un acuerdo de investidura. Fuentes de ambas partes han asegurado que la reunión de este viernes servirá para ordenar el trabajo de los próximos días.

Los seis puntos del acuerdo propuesto por Ciudadanos son los siguientes:
1. Separación inmediata de cualquier cargo público imputado formalmente por delitos de corrupción política -- lo que ahora se llama 'investigados'-- hasta la resolución completa del procedimiento judicial. "No se sentará ni en los gobiernos ni en los escaños si Ciudadanos está en una negociación", sentenció Rivera cuando presentó su oferta.

2. Eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos. Se trata de acabar con los "privilegios" que, según Ciudadanos, tienen los políticos frente al resto de los ciudadanos. "Todos a primera instancia", reclamó el líder del partido naranja. Eso sí, el aforamiento de diputados y senadores y de los miembros del Gobierno está blindado en la Constitución de 1978.

NUEVA LEY ELECTORAL
3. Nueva ley electoral para incrementar la proporcionalidad. Según Rivera, "después de 40 años" con la ley actual, cuya última gran reforma es de 2011 (en la que se implantó el voto rogado para el exterior), es necesario redactar una nueva que, entre otras cosas, contemple "listas desbloqueadas" para que los votantes puedan "escoger personas y no sólo partidos".

La nueva norma, según Ciudadanos, también tiene que garantizar "que todos los votos valgan igual" o que haya "una mayor proporcionalidad para que no haya españoles de primera y de segunda"; así como acabar "con el laberinto del voto rogado" para que el voto de los extranjeros también valga igual.

Al tratarse de una ley orgánica, su aprobación exige un respaldo de la mayoría absoluta del Congreso, lo que supone 176 diputados. Y es tradición respetada que las leyes electorales, al formar parte de las reglas del juego de la democracia, cuenten con el voto de al menos los dos partidos mayoritarios.

4. Eliminar la posibilidad de indultos a condenados por delitos de corrupción política. El PP asegura que no los concede, pero faltaría que la ley lo prohibiera expresamente para que no dejar la cuestión al albur del Gobierno de turno. Ciudadanos exige que "no se pueda anular la justicia por compadreo entre amigos políticos": "No queremos volver a ver corrupción política y encima que nos la restrieguen por la cara con indultos", demandó Rivera.

LIMITAR MANDATOS
5. Limitación del ejercicio de responsabilidades de presidente del Gobierno a un máximo de ocho años o dos mandatos, una idea que Ciudadanos quiere implantar para evitar que pueda "perpetuarse" en el poder. Según dijo el dirigente 'naranja' Fernando de Páramo, si se aplicara, ésta sería la última legislatura de Mariano Rajoy.

6. Más Transparencia, para lo cual se reclama la creación de una Comisión de Investigación Parlamentaria sobre "la presunta financiación ilegal del PP" del 'caso Bárcenas', por los 'papeles' del que fue tesorero del PP nombrado por Mariano Rajoy. "Que se investiguen las responsabilidades políticas que se diriman de la financiación ilegal presunta del PP", exigió.