El Tribunal de Justicia Europea ha dictado sentencia esta semana y es muy clara, ya que España está incumpliendo el Acuerdo Marco europeo, sobre el trabajo de duración determinada, en el sector público o en la administración pública.

La sentencia es vinculante para el Gobierno español y plantea también la orientación correcta, en la contratación de trabajadores en el ámbito público. Miles o cientos de miles de interinos de larga duración tendrán que convertirse en fijos, ya que llevan trabajando 10, 15, 20, 25 o 30 años encadenando contratos laborales sucesivos y esto no es lo que corresponde, como señala la sentencia del alto tribunal europeo de justicia. Además, el TJUE también considera inadecuados los concursos de méritos, para consolidar plazas de interinos de larga duración, porque han sacado muy pocos puestos de trabajo para cientos de miles, que cumplen los requisitos por disponer de una experiencia laboral continua de más de 15 años en la Administración Pública. Porque existen muchas vacantes, que se podrían haber destinado para la conversión de interinos de larga duración en fijos, y no se han ofertado a los afectados. No solo por esto, ya que la sentencia es más profunda e insiste en que este no es un sistema justo, por muchas razones, que no es necesario explicitar a cualquiera que piense un poco, en la situación de los interinos de larga duración. Por tanto, la justicia europea abre la puerta a hacer fijos a hasta 900.000 interinos o incluso a más de un millón de larga duración en España.

El TJUE también dice a través de la sentencia, que nuestro país no ha legislado con el fin de evitar el abuso de los contratos indefinidos no fijos, como el de los interinos en Sanidad y en otras administraciones públicas. Insta al Gobierno y a las administraciones correspondientes a convertir a todos los interinos de larga duración en trabajadores fijos.

Una de las claves de la cuestión es que el sector público no puede contratar a trabajadores, de forma precaria, durante años y utilizar de forma abusiva este sistema o vía para satisfacer necesidades permanentes y estables en materia de personal, ya que deberían haberse cubierto esas plazas con condiciones de trabajo fijo.

Las necesidades de trabajadores no justifican, en ningún caso, que se abuse de la contratación temporal, que está justificada en algunas situaciones, pero no en todas. Es una manipulación de la legislación y de lo que señala el TJUE en su reciente última sentencia. Las leyes y normas no son interpretables al antojo de los que gobiernan o mandan. El cumplimiento de las sentencias y la separación de poderes, parece que no funciona correctamente en nuestro país y no se puede seguir así.

Ciertamente, ya hace años que en el País Vasco y en alguna otra Comunidad Autónoma española, se convierte prácticamente en fijos a docentes interinos de larga duración, al prorrogar contratos hasta su jubilación, si ya tienen una experiencia laboral de más de 10 o 15 años. Incluso es más barato para la Administración hacer esto que es lo correcto y coherente, con el espíritu de la sentencia del TJUE.

No debe haber agravios comparativos en el ámbito laboral, pero existen y son muy notorios e injustos.  La fuerza del poder y de la autoridad parece que no tiene en cuenta las sentencias judiciales europeas, y opta por lo más sencillo e injusto, con inadecuadas interpretaciones que favorecen sus planteamientos e intereses más inmediatos, despreocupándose de todo.

La propia Unión Europea tendría que ponerse más firme y exigir que se cumplan las sentencias, en los países que forman parte de esta. De otro modo, se seguirán aplicando medidas insuficientes, que son indudablemente injustas. Es verdad que algunos interinos de larga duración pleitean y logran convertirse en fijos, pero es lamentable que más de un millón de interinos tengan que pensar en la posibilidad de acudir a la justicia, con todo lo que eso supone, para que les den una razón, que ya tienen reconocida por las altas instancias judiciales europeas.

En realidad, es la indefensión de los ciudadanos frente a un poder que parece que no quiere cumplir lo sentenciado y busca excusas o vías alternativas, que no dan justa solución a los interinos de larga duración. Lo evidente no se puede negar.

Pero la lógica y el derecho no son cuestión de valoración subjetiva, porque se debe ser objetivo y aceptar la realidad y actuar en consecuencia.  La fundamentación argumentativa y jurídica de la sentencia del TJUE es profunda, verdadera y coherente y está perfectamente motivada. Por tanto, debe ser aplicada literalmente y no con interpretaciones que la dejan en algo absolutamente insuficiente. No se pueden aplicar a la realidad laboral unas sentencias y otras no, según interese al gobierno de turno en cada momento. Y esto es lo que parece que se está haciendo ya desde hace años y lamentablemente se sigue en esta vía. Es hora de que el Gobierno actual reaccione y se tome en serio y cumpla lo que dice la sentencia del alto tribunal europeo.