La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, explicó este miércoles que los técnicos de la Seguridad Social están realizando “análisis de las observaciones” recibidas al reglamento que desarrolla la ley del fondo de indemnizaciones para víctimas del amianto, a fin de poder solicitar el “oportuno informe” al Consejo de Estado y que el texto se pueda aprobar posteriormente.

Así lo detalló Saiz en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde fue preguntada por el parlamentario de Bildu Óscar Matute por cuándo se va a aprobar dicho reglamento para desarrollar una ley que, además, llegó a las Cortes Generales a iniciativa del Parlamento de Euskadi.

“Mi compromiso es priorizar esta norma para que en el menor plazo posible se publique y entre en vigor”, declaró Saiz, quien comentó que “estamos informando” a las comunidades autónomas y a las asociaciones de víctimas “de todos los pasos que vamos dando”.

Dijo ser conocedora del “abandono que las víctimas han sufrido durante muchos años” aunque destacó la “complejidad” de un texto que requiere también de la participación de las comunidades autónomas, ya que serán ellas las responsables del diagnóstico y valoración de las enfermedades causadas por la exposición al amianto, una sustancia utilizada durante muchos años y que se demostró que provocaba problemas como cáncer.

La ministra añadió que “la demora no perjudica a las víctimas”, puesto que desde que se aprobó la ley en 2022 se generó un “derecho subjetivo”. Además, enfatizó que el Gobierno es “extraordinariamente sensible al perjuicio provocado por la exposición al amianto como resultado de medidas de protección insuficientes y a una escasa vigilancia de su salud”.

Saiz también recordó que existe ya un fondo aprobado de 25 millones para estas compensaciones pero el diputado de Bildu respondió que es una cuantía “insuficiente”, poniendo como ejemplo que para este fin, en Francia llevan invertidos más de 6.000 millones de euros en 20 años.

Asimismo, Matute señaló que saben de la “sensibilidad” del Gobierno con este asunto pero apremió a que el reglamento vea la luz cuanto antes, así como que el texto incluya “aportaciones” de las asociaciones de víctimas y sindicatos.