Calles congestionadas en Puerto Príncipe, la capital haitiana donde bandas criminales han implantado un estado de violencia. Responsables de las Naciones Unidas exponen la necesidad de apoyar al país caribeño en materia de seguridad,y a un proceso político que proporcione estabilidad a largo plazo. Imagen: Roger LeMoyne / Unicef

NACIONES UNIDAS – La violencia protagonizada por bandas y que el año pasado se cobró cerca de 4.800 vidas, ha llevado a Haití a un “punto crítico”,  según ha advertido ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la enviada especial de la organización a ese país caribeño, María Isabel Salvador.

Haití “sigue azotado por una violencia cada vez mayor debido a un aumento sin precedentes de secuestros, violaciones y otros delitos cometidos por bandas armadas”, expuso Salvador, representante especial del secretario general de la ONU, António Guterres.

“No puedo exagerar la gravedad de la situación en Haití, donde múltiples crisis prolongadas han alcanzado un punto crítico que afectan cada vez más los medios de vida de la población y socavan las actividades humanitarias”, agregó la diplomática ecuatoriana.

El año pasado, la Oficina de las Naciones Unidas en Haití que Salvador dirige registró más de 8400 víctimas directas de la violencia de las pandillas, entre ellas 4789 muertos y varios miles de heridos y secuestrados, un incremento de 122 % en comparación con las cifras de 2022.

De los asesinatos y heridas, 83 % se produjeron en la capital, Puerto Príncipe, de 1,1 millones de habitantes y a orillas de la bahía caribeña que lleva su nombre. La violencia también se extendió a otras zonas, sobre todo al noroccidental departamento de Artibonite.

Al sur de la capital, las pandillas han llevado a cabo ataques a gran escala para controlar áreas clave, y continúan utilizando sistemáticamente la violencia sexual en las áreas que controlan, poniendo en peligro a mujeres y niñas de apenas 12 años.

La violencia, el desplazamiento y la pérdida de medios de vida han dejado a miles de niños vulnerables al reclutamiento por parte de las decenas de pandillas que operan en el país, el más pobre del hemisferio, de 27 755 kilómetros cuadrados y 11,5 millones de habitantes.

Desde la última presentación de Salvador ante el Consejo de Seguridad, en octubre, al menos 75 personas han sido asesinadas por movimientos de autodefensa civil que aparecieron como un medio de autodefensa contra las pandillas.

Por su parte, la jefa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Ghada Waly, dijo al Consejo que “mientras las pandillas sigan teniendo acceso a armas de fuego altamente sofisticadas, seguirán siendo capaces de someter a la población haitiana a un reinado de terror”.

En un informe de octubre de 2023, la oficina de Waly identificó cuatro rutas marítimas y terrestres principales para los flujos ilícitos de armas de fuego y municiones, procedentes principalmente de Estados Unidos.

Un segundo informe, este enero, refiere la existencia de contrabando de armas y otros ilícitos por vía aérea, pues en el pequeño país hay al menos 11 pistas de aterrizaje informales o clandestinas.

Incluso algunas pandillas se han especializado en la compra, almacenamiento y distribución de armas y municiones.

Salvador dijo que su oficina trabaja para fortalecer a la Policía Nacional de Haití (PNH), con énfasis en el desempeño y la capacitación en inteligencia.

Sin embargo, hay altas tasas de deserción, lo que reduce aún más la capacidad de la PNH para contrarrestar la violencia de las pandillas y mantener la seguridad.

“Durante los últimos meses, el gobierno y la comunidad internacional han realizado esfuerzos encomiables para aumentar su apoyo a la PNH. Eso incluye un aumento de 13 % en el presupuesto estatal asignado a la PNH, así como el suministro de equipos de protección personal, vehículos blindados y armas”, dijo Salvador.

Su oficina mantiene “estrechas consultas” con las autoridades haitianas para comprender mejor sus expectativas respecto del impacto potencial que podría tener el despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Esa misión, en principio encabezada por un contingente de 1000 efectivos aportados por Kenia, todavía no se concreta pese a la luz verde del Consejo de Seguridad.

Salvador pidió a los Estados miembros de la ONU que “contribuyan generosamente” para garantizar el despliegue oportuno de esa misión multinacional en Haití.

Sin embargo, estimó que “aunque mejorar la situación de seguridad es esencial para romper el ciclo de crisis en Haití, la estabilidad a largo plazo sólo puede lograrse a través de un proceso político inclusivo apoyado por el país”.

Haití es gobernada por el primer ministro Ariel Henry desde que en julio de 2021 fue asesinado el presidente Jovenel Moïsi, y Salvador señaló que aunque continúan el diálogo y las consultas, persisten diferencias en las modalidades de gobernanza, lo que obstaculiza el progreso en el frente político.

A-E/HM - Fuente: IPS