El Parque Tivoli de Benalmádena lleva casi tres años cerrado sin que los derechos de los trabajadores (las indemnizaciones correspondientes) y los de Hacienda y de la Seguridad Social (deuda millonaria) se vean satisfechos. El deudor es el grupo inmobiliario Tremon, actual propietario del parque.

Sus trabajadores, sin cobrar nada, siguen atendiendo las necesidades del recinto (vigilancia durante las 24 horas del día, mantenimiento, riego de los jardines, etc). Tanto los trabajadores como la corporación municipal sostienen que el negocio es rentable y que su puesta en marcha es sólo una “cuestión de voluntad”.

No vamos a entrar en los entresijos de la legalidad, verdadero nudo gordiano cuya misión no parece ser la de resolver los problemas, sino eternizarlos. Ese aspecto es similar al de la teología, que no da respuestas, sino que evita preguntas. Mejor preguntarse sobre la filosofía de nuestra sociedad.

Ayer, en una entrevista en la radio con la participación de trabajadores y corporación municipal, salió a colación el sacrosanto concepto de propiedad privada. ¿Y tan sacrosanto derecho a que lleva? Pues mirando el caso al desnudo, y dejando al margen consideraciones legales casi teologales, a que tienen más entidad las cosas que los seres humanos.

Es decir, que hay que atender los sacrosantos derechos de una empresa que no paga, y no los de la administración (que somos todos) ni los de los trabajadores que cumplieron con sus obligaciones y aun más, pero no cobran.

Quienes hayan cursado estudios de Derecho romano recordarán los casos prácticos planteados para su aprendizaje. Sorprendían por su poca entidad, cinco denarios, un pájaro, una pequeña senda, etc. El estudio hacía abstracción de la cosa, y se concentraba en lo que algunos profesores denominaban la espiritualidad de la norma, por lo cual buscaban la sencillez del ejemplo para resaltar el principio. O como decían en el medioevo: no es por el huevo, sino por el fuero.

El caso de Tivoli pone de manifiesto la filosofía de nuestra sociedad, bañado su lenguaje por la idea de unos derechos humanos hueros, ideales para los frontispicios de los edificios públicos, no para que la gente coma diariamente.

Porque, nos preguntamos, si el negocio es rentable, los trabajadores están dispuestos a trabajar y dirigir la empresa, el ayuntamiento a controlar lo que haya que controlar, y los sacrosantos propietarios no cumplen con sus obligaciones legales, sociales y humanas ¿por qué la filosofía de nuestra sociedad pone el acento en la sacrosanta propiedad privada, y no en el beneficio de la sociedad? Nuestra Constitución pone un énfasis en lo social que luego la ley se lo resta. Ya lo dijo Romanones: que ellos hagan las leyes que nosotros haremos los reglamentos.

Que la Constitución diga, por ejemplo, en su artículo 46 que “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad” nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Un ser humano no tiene derecho a esa exclusión de derechos y de titularidad cuando uno de sus bienes más preciados, el trabajo, está en peligro?

Por el contrario, se han echado las campanas al vuelo porque se ha eliminado de su artículo 49 el término "disminuidos" y se ha sustituirlo por el de "personas con discapacidad". Y no es que critiquemos el oportuno cambio, sino el énfasis puesto en la noticia. Más adornos al frontispicio; que legislar cuando no hay poderes enfrente, es fácil.

Volvamos a la cosa. Cerradas, las instalaciones de Tivoli se están deteriorando, por mucho que las atiendan sus empleados; estos, a su vez, están soportando una travesía horrible sin trabajo –sobre esto diremos algo más—y se escamotea a la zona una atracción turística. Aparte de que se demuestra lo que la empresa puede hacer.

Siempre nos ha sorprendido lo fácil que es privatizar lo público (en países ha sido un verdadero latrocinio), y lo difícil que es convertir en pública una propiedad privada. El concepto uno tiene más poder que el concepto muchos.

Respecto al destino de los trabajadores, --que para nosotros es lo esencial--, Lola Villalba, de CCOO, dijo en su día: «…los trabajadores fijos discontinuos pasarán a cobrar la prestación social extraordinaria pero los trabajadores fijos se van a quedar en un limbo, ya que no van a cobrar su sueldo porque el parque está cerrado y no hay actividad; pero tampoco pueden pedir el desempleo porque no están despedidos y aunque no haya actividad siguen dados de alta en Cipasa, la empresa de Rafael Gómez que hasta ahora era la propietaria del parque de atracciones».

Como vemos, los entresijos de la ley desconocen los derechos humanos y protegen a aquellos que la incumplen. Aparte de que una ley a paso de tortuga no es ley, sino burocracia. Esa es otra cuestión ¿cómo se pueden defender los derechos humanos sin tribunales ni personal suficientes? La cuestión es que, por activa o por pasiva, la propiedad privada –sobre todo la grande-- es sagrada, aunque se hunda el Titanic.