Habiendo trascendido que el Defensor del Pueblo va a investigar el grado de protección que tienen los consumidores de los créditos rápidos, desde la Asociación Española de Consumidores consideran que esta investigación llega tarde en tanto que, aun siendo positiva, ”se han generado multitud de problemas para los consumidores, dados los elevados tipos de interés que tienen que soportar en estos contratos”. Así, en algunos casos se supera el 25% de interés, lo que los hace tremendamente gravosos para el consumidor que tiene que recurrir a ellos.

Además, se debería regular claramente la información que debe recibir el consumidor con carácter precontractual. A raíz de determinadas consultas y reclamaciones recibidas por la Asociación Española de Consumidores, esta organización ha podido constatar cómo la información recibida antes de firmar los contratos es mínima y parcial, así, una regulación de la misma en idénticas condiciones a cuando se firma una hipoteca, por ejemplo, sería muy positivo para paliar esas carencias informativas.

Por otro lado, para ASESCON se debe velar por una especial protección para los contratantes con discapacidad o con algún problema de salud mental. En este sentido, afirman su preocupación por ciertas contrataciones que se están produciendo y que complican la situación económica de estos consumidores y de sus familias que tienen que afrontar los pagos en muchos casos.

Por todo ello, desde la Asociación Española de Consumidores aseguran estar muy atentos a los resultados de la investigación que va a realizar Ángel Gabilondo para trasladar en base a esas conclusiones sus propuestas de regulación al Gobierno de España.