La reforma eléctrica recibió a finales del pasado mes de octubre el espaldarazo de los 27 ministros de la Unión Europea (UE) con el objetivo de descarbonizar la economía, favoreciendo la transición energética hacia las energías limpias. A la espera de la ratificación definitiva por parte del Parlamento Europeo, España, por su por su clima y orografía, puede liderar este proceso y los compromisos adquiridos —las renovables deben representar en Europa el 42,5% del consumo en el horizonte de 2030— siempre que se mejoren las infraestructuras eléctricas, es decir, la modernización, digitalización y ampliación de la actual red. Una preocupación que se extiende al conjunto de los miembros de la UE y que precisará de un importante esfuerzo inversor.

Por ejemplo, la asociación Wind Europe, que cuenta con 600 miembros y promueve el uso de energía eólica, destaca que las conexiones retrasadas de la red frenan la expansión de esta energía proveniente del viento. La UE quiere instalar alrededor de 30GW de energía eólica cada año hasta 2030, sin embargo solo alcanzó la mitad de este objetivo en 2022. El retraso en el refuerzo y las conexiones de la red son uno de los principales cuellos de botella para la instalación oportuna de nuevos proyectos de energía limpia, claves en la transición energética y uno de los objetivos de la reforma del mercado eléctrico. Los gobiernos deben simplificar el proceso de conexión a la red y garantizar que las solicitudes se aprueben lo más rápido posible. También deberían aclarar las normas sobre la conexión a la red y publicar datos periódicos sobre la capacidad de la red disponible.

Un reciente informe de la consultora PwC abunda en esta idea de mejora de las infraestructuras de transporte de electricidad. “Las redes son hoy un cuello de botella para la descarbonización y se corre el peligro de que estanquen la transición hacia las energías limpias y el cumplimiento de los objetivos a 2050”, explican el estudio. Y añaden: “La regulación se debe adecuar a la nueva coyuntura del mercado y debe haber seguridad jurídica”. Estos objetivos a largo plazo en el conjunto de Europa suponen reducir sus emisiones hasta situarlas entre un 80% y un 95% por debajo de los niveles de 1990.

Para cumplir los objetivos marcados no sería suficiente ni posible con el cambio de uso de las energías fósiles por las renovables. Hay un reto muy importante de descarbonización del conjunto de la economía que afecta a sectores como el transporte, la industria y la calefacción que hoy en día son los grandes responsables de la emisión de gases contaminantes. Por tanto, la red eléctrica precisa un gran redimensionamiento para abarcar ese proceso de electrificación de la demanda en sectores en los que aún no está presente.

Financiación de las inversiones

En el caso de España, el borrador del nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) remitido a Bruselas, también ha sido cuestionado por su falta de ambición. Esta nueva hoja de ruta energética (2023-2030) ha elevado a 52.920 millones de euros las inversiones en redes, un montante que representa el 18% de las inversiones totales de la década. Prevé, pues, destinar 0,45 euros en redes por cada euro invertido en capacidad de generación renovable, muy lejos de los 0,67 euros por euro renovable que considera imprescindible la patronal europea Eurelectric y muy por debajo de los 0,85 euros de media que estima la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Además, España cuenta con una limitación de inversión de tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy que data de 2013, derivada de la crisis global y la receta de contención del gasto que aplicó el PP. Esto exige una nueva legislación que levante estos topes a la inversión. Así, se estableció un límite anual a la inversión en redes de distribución, que acometen las empresas de distribución eléctrica, del 0,13% del PIB —unos 2.000 millones de euros—; y del 0,065% en transporte, responsabilidad de Red Eléctrica, el equivalente a 1.000 millones. Estos límites fueron modificados al alza excepcionalmente como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia y la guerra de Ucrania durante los años 2020 y 2022, pero después, el Ejecutivo de Pedro Sánchez restableció los topes anteriores, a pesar de que su receta económica es antagónica y pasa por estimular el crecimiento especialmente en dos áreas: digitalización y electrificación.

Sin embargo, Europa ha abierto un nuevo camino con su llamado “plan de acción” que menciona la posibilidad de utilizar distintos instrumentos de financiación de la Unión Europea, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), los Fondos de Cohesión (FC) o el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (FRR), incluyendo su componente REPowerEU para esta mejora de las redes. Ahora el gobierno español, tiene una oportunidad única para dirigir estos fondos hacia redes y realizar una reforma que facilite el despliegue de las inversiones por las empresas, sin repercusiones en las tarifas de los consumidores. España dispone de 23.000 millones de euros en fondos FEDER hasta el año 2027.

El almacenamiento, una pieza esencial

La reforma del mercado eléctrico intenta responder a los desafíos de la transición energética. La mejora de las redes de transporte y distribución es una de las piezas clave de este proceso, pero la otra es el almacenamiento.

Dada la naturaleza intermitente de gran parte de las fuentes de energía renovable y las fluctuaciones en la producción, el almacenamiento representa uno de los desafíos más significativos en el proceso de descarbonización. A pesar de que se están investigando diversas formas de almacenamiento, algunas de las cuales aún son costosas o están lejos de alcanzar un desarrollo eficiente, existen alternativas como las centrales de bombeo que se presentan como la opción más eficaz para el almacenamiento a largo plazo, proporcionando una valiosa complementariedad a fuentes como la solar o la eólica.

Las centrales de bombeo funcionan como una suerte de batería natural a gran escala y aprovechan los excedentes de energía eléctrica en momentos de baja demanda. En España, hay aproximadamente 20 GW de potencia instalada en centrales hidroeléctricas convencionales que almacenan agua en el embalse y, después de generar energía, liberan el flujo hacia el río o el mar. Sin embargo, de este total, solo 3,3 GW corresponden a centrales de bombeo. De momento, la solución del bombeo hidroeléctrico se perfila como la única opción posible para garantizar el suministro cumpliendo las todas las exigencias de las energías limpias a las que aspira la reforma eléctrica.