El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido este lunes una respuesta “firme y proactiva” contra los delitos de odio en su intervención inaugural del VI Seminario de Delitos de Odio, organizado por la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (ONDOD) del Ministerio del Interior. “El odio ataca la libertad y seguridad de la sociedad y nos convierte a todos en víctimas”, ha señalado.

El foro, que se desarrollará hasta este martes en Madrid en el marco de la presidencia española de la Unión Europea, está dirigido a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y se ha centrado en las buenas prácticas en la gestión de los delitos de odio y la cooperación sectorial. Las jornadas complementan el seminario celebrado por la ONDOD el 4 de octubre que analizó el impacto de la inteligencia artificial en la gestión de los discursos de odio.

El ministro ha señalado a las redes sociales como uno de los factores que ha favorecido la propagación de los discursos de odio hasta convertirlos en una de las principales amenazas para la paz social. “A lomos de internet se han impulsado discursos que solo intentan quebrantar la autonomía personal de personas que pertenecen a determinados grupos sociales. Fomentan la desigualdad y exaltan las diferencias para forzar su exclusión social”, ha lamentado Grande-Marlaska.

Para combatir la expansión de los discursos de odio, el ministro ha destacado los “importantes avances jurídicos y sociales en materia de integración, no discriminación y respeto a la diversidad” impulsados desde el Ministerio del Interior, mencionando expresamente la aprobación del Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación y los dos planes de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio. 

Al seminario asisten presencialmente 60 agentes y más de 500 por videoconferencia, procedentes en su mayoría de 12 países latinoamericanos, que podrán seguir una veintena de ponencias impartidas por miembros de la Comisión Europea, la Unesco, la OSCE, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), la Fiscalía, el Departamento de Seguridad Nacional, Policía Nacional y Guardia Civil, así como de distintas asociaciones del tercer sector.