El miércoles era un día marcado en color rojo en el calendario del independentismo, el Tribunal General de la Unión Europea iba a dar a conocer la sentencia sobre la impunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí. Una resolución judicial del alto tribunal europeo en la que los implicados tenían puestas sus esperanzas para poder seguir moviéndose por territorio de la Unión Europea con total tranquilidad. Desde hace casi seis años, los políticos catalanes en el exilio están transitando por diversos vericuetos jurídicos para evitar que las euro órdenes del magistrado Llarena se hagan efectivas y acaben siendo extraditados a España.

Hace unos meses el Parlamento Europeo, por mayoría, aprobó retirar la inmunidad a los tres políticos catalanes dando vía libre a la posibilidad que algún juez de cualquier país de la UE asintiera a la petición del magistrado LLarena del Tribunal Supremo del Reino de España. Una demanda de los interesados ante el TGUE dejó cautelarmente en suspenso la pérdida de la inmunidad, hasta que este miércoles el citado tribunal ha sentenciado que los tres demandantes, desde ese momento, han perdido su inmunidad como parlamentarios y pueden ser detenidos por cualquier policía europea en cumplimiento de las solicitudes de extradición emitidas desde el Tribunal Supremo español, sin que por ello Puigdemont, Comín y Ponsatí hayan perdido su condición de europarlamentarios.

La sentencia ha caído como un jarro de agua fría entre los círculos independentistas donde siempre se ha confiado en que la Justicia europea pondría en su sitio a los magistrados españoles y sus sentencias, siempre dictadas a favor de parte. De momento y de manera inmediata esta sentencia supone que los tres eurodiputados de Junts ven limitados sus movimientos ya que antes podían viajar libremente por todos los países de la Unión Europea, excepto España, donde el Tribunal Supremo no admitía esta inmunidad. Ahora está en peligro, incluso, su asistencia a los plenos de Estrasburgo, por lo que Puigdemont ha pedido al tribunal que por escrito le confirme que su inmunidad continúa aunque tan sólo sea para acudir a las reuniones parlamentarias que se celebren en la ciudad francesa.

Los tres eurodiputados catalanes en el exilio aún tienen una última oportunidad, ya que pueden recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en un plazo de dos meses y se espera que el TJUE dicte sentencia definitiva en seis meses. Todavía queda un largo tiempo para que esta historia finalice, primero el magistrado LLarena tendrá que, a instancia de los fiscales, emitir nuevas euro órdenes, ya que las anteriores eran por el delito de sedición que ha desaparecido de la legislación española, supongo que ahora lo hará por malversación agravada, que requiere que los acusados del delito se hayan beneficiado económicamente de dicha malversación, supuesto que no se da en este caso. Y, en caso que los acusados dejen de ser inmunes, serían los tribunales belgas los que tendrían que conceder la extradición, y parece ser que no están muy dispuestos a hacerlo por su desconfianza ante la imparcialidad de los jueces del Supremo.

Hay partido por un largo tiempo. Pero la sentencia del TGUE entre alguna prensa y la mayoría de la clase política española ha sido recibida con olés y ovaciones. Puigdemont es una pieza de caza mayor codiciada a derecha e izquierda, y unos y otros están ya preparando sus argumentarios de campaña con un apartado dedicado a ponerse, unos y otros, la medalla de haber conseguido dejar a Puigdemont sin inmunidad parlamentaria. Seguro que hay quien ya está babeando pensando en ver al President catalán bajar esposado y entre dos policías las escalerillas de un avión en el aeropuerto Adolfo Suárez en Madrid. En los 15 días de campaña oiremos muchas veces el nombre de Carles Puigdemont, unos frotándose  las manos pensando que ya han conseguido el trofeo de caza tanto tiempo perseguido,  y otros, los independentistas, le citarán en sus arengas electorales como un ejemplo de la mala praxi de la Justicia española.

Tal vez esta sentencia a algunos nos ha acabado de abrir los ojos ante una Europa que no es la que nos contaban en vísperas del referéndum del 1-O. El Tribunal General de la Unión Europea hace suyos todos los planteamientos del Parlamento Europeo desestimando todos los argumentos en contra expuestos por Puigdemont, Comín y Ponsatí. Aquella Europa que iba a aceptar Catalunya como una nación independiente nunca ha existido ni, en estos momentos, está en condiciones de existir, estamos ante la Europa de los mercaderes, la Europa de las naciones con Estado, la Europa que no quiere ni oír hablar de una Catalunya independiente porque eso traería muchos problemas a otros de los socios donde también existen pueblos con ansias de independencia.

El miércoles la sorpresa fue la intervención de Ponsatí en la rueda de prensa posterior a conocerse la sentencia. Sorprendió a propios y extraños con sus palabras, en una línea totalmente diferente a las de sus compañeros de exilio. “Basta de lanzar la pelota hacia adelante. Basta de alimentar ilusiones que no se materializarán… los catalanes se merecen otra política. se merecen escuchar la verdad”. Estas palabras recogieron pocos aplausos, los de la presidenta de la ANC y poco más. A decir verdad, a mí no me extrañaron, Ponsatí días después del 1-O dijo que aquel día con el referéndum el Govern Puigdemont había ido de “farol”. Si lo que quiere es crear un nuevo partido independentista no creo que sea el momento adecuado, el independentismo ya está suficientemente desunido, enfrentado me atrevería a decir, para que alguien llegue a dividir las fuerzas, y más si ese alguien llega sin especificar cómo se puede llevar adelante la independencia que preconiza.

El camino es largo, estrecho, pesado y lleno de trampas y dificultades. Enfrente tenemos un enemigo, en lugar de un adversario, que juega con las cartas marcadas, a su favor tiene la judicatura, el ejército y el capital, que le ayudan a conseguir lo que no consiguen en las urnas. Mientras escribo me llega la noticia que el Tribunal Constitucional anula una ley del Parlamento Vasco que daba prioridad al uso del euskera en los Ayuntamientos vascos. Una muestra más de cómo se utilizan las leyes para ir contra los pueblos.