La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) reclama un Pacto del Estado por el Agua como una de las medidas estructurales necesarias para luchar contra la sequía y evitar el encarecimiento de los alimentos.

En este contexto, el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, y el secretario general de esta organización, Juan Valero de Palma, han trasladado a los medios de comunicación el plan de acción que acaban de presentar al Gobierno. Asimismo, han hecho balance de la situación actual y han exigido que deje utilizarse el agua como un arma en la batalla electoral.

Según los regantes, la situación es “muy complicada” y cultivos de secano (cereales, oleaginosas..) de la mitad sur peninsular ya están perdidos, sin prácticamente cosecha. En cuanto a los de regadío, hay cuencas como la del Guadalquivir, por ejemplo, con una dotación de 700 m3/ha que sólo da para regar poco más de 1 de cada 10 hectáreas y lleva al sector a una “ruina completa”, de acuerdo con las previsiones de Fenacore. Y, además, los daños económicos por las restricciones se elevarán, por tanto, en Andalucía a más de 3.000 millones de euros en la campaña de riego.

En el caso de las Cuencas Internas de Cataluña, y en zonas del Ebro, la coyuntura es igual de “desastrosa” que la del Guadalquivir, según Fenacore, mientras que en las cuencas del Guadiana y Segura también se van a enfrentar a “restricciones importantes en el riego”. En el resto de las cuencas, el contexto está empeorando “semana a semana”, pues estamos a inicio de campaña de riego y esta primavera está siendo de las más secas que se recuerdan. Todo ello se agravará, avisan los regantes, por la previsión de ausencia de lluvias para las próximas semanas.

Fenacore, que representa a más de 500.000 agricultores y más de 2 millones de hectáreas, defiende una batería de actuaciones urgentes y necesarias, en el marco de un Plan de acción coordinado contra la sequía que el Gobierno debe poner en marcha para garantizar la producción de alimentos y una contención de los precios. El contexto es tan alarmante que, tal y como recuerdan los regantes, hasta el propio ministro de Agricultura ha reconocido que es “muy difícil” hacer un pronóstico de cuándo bajará la inflación, debido a los efectos de la sequía en las distintas producciones agrarias.

En este sentido, los agricultores de regadío reclaman medidas tanto coyunturales -que ayuden a paliar los graves impactos que causan la sequía en los cultivos-, como estructurales, destinadas a prevenir y a hacer más resiliente a este sector frente a la sequía.

Entre las medidas coyunturales se encuentran las de tipo administrativas-fiscales como:

• Decretos Ley de Sequía. Exención de los Cánones de Regulación y las Tarifas de Utilización del Agua en todas las cuencas afectadas por la sequía para minimizar las pérdidas y no pagar por un agua que no se recibe.
• IVA reducido al 5% para el suministro de energía al regadío, tal y como soportan los suministros domésticos.
• Apoyo al uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas mediante la agilización de los trámites para la apertura de pozos de sequía y los aprovechamientos estratégicos de aguas subterráneas que complementen los déficits de agua en situación de sequía.
• Apoyo al uso de recursos no convencionales: utilización de aguas regeneradas y procedentes de desaladora en condiciones económicas y de calidad adecuadas para el sector.
• Facilitar y apoyar los contratos de cesión de derechos de uso del agua entre Comunidades de Regantes y entre regantes dentro de cada Comunidad para asegurar el uso del agua más eficiente y productivo, de modo que por ejemplo se pueda facilitar la supervivencia del arbolado, decisiones de siembra de un cultivo en lugar de otro, reducciones de superficie de siembra, etc.
• Flexibilizar las ayudas de la PAC en el contexto de sequía.
• Apoyar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en las Comunidades de Regantes y explotaciones agrícolas.
• Exención del IBI en todas las instalaciones de regadío (balsas de regulación, estaciones de bombeo, canales principales, etc…)
• Bonificación de las cuotas sociales y reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva para el periodo impositivo 2022 y 2023.

En el caso de las medidas estructurales destacan:

• Políticas de ahorro de agua en todas las demandas, especialmente en la Modernización de regadíos, e incremento de los fondos Next Generation destinados a este objetivo. Por su parte, las CCAA que tienen las competencias sobre las demandas de agua deben incrementar sus inversiones en mejorar la eficiencia de todos los usos y, en especial, en la modernización de regadíos.
• Elaborar un Plan Hidrológico Nacional que tenga como objetivo la coordinación entre los diferentes planes hidrológicos de cuenca, ofreciendo soluciones a todos los problemas de agua que hay en España.
• Incremento de la capacidad de regulación. La falta de inversión en obras de regulación agravará la amenaza que suponen las sequías. Se han ejecutado sólo dos de cada diez euros de la inversión prevista en los anteriores planes hidrológicos, por lo que un porcentaje elevado de infraestructuras hidráulicas de interés general no se han realizado. Es esencial continuar con una política hidráulica que permita la construcción sostenible de infraestructuras.
• Prudencia en los caudales ecológicos: no se deberían haber incrementado en el tercer ciclo de Planificación Hidrológica, ya que ya han reducido un 16% de media la disponibilidad de agua (Universidad Politécnica de Madrid. Cátedra de Ingeniería Hidráulica) y han incrementado los daños de la sequía.
• Medidas operativas de infraestructuras: Plan de fomento e incentivos de ejecución de balsas en las zonas regables para el aprovechamiento de las aguas de escorrentías que se generan con las lluvias y guardar agua para atender las demandas de cultivos.

El papel de los regantes en el gabinete de crisis

Además de presentar todas estas medidas, Fenacore defiende el papel de los regantes en el gabinete de crisis contra la sequía que debería incumbir a los ministerios de Agricultura, Hacienda, Seguridad Social y Transición Ecológica. Porque, en su opinión, el regadío es parte de la solución, y no del problema. Y frente a la demonización y la campaña de desprestigio que sufren, los regantes destacan que ninguna población en España sufrirá restricciones de agua por los cultivos, ya que así lo recogen la propia Ley de Aguas y los Planes de Sequía de las Confederaciones Hidrográficas, que establecen claramente la prioridad de uso siempre para el abastecimiento.

Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, “el regadío es el motor que alimenta el mundo y, si el Gobierno sigue mirando hacia otro lado, la viabilidad de un gran número de cultivos correrá un serio peligro por la falta generalizada de agua. Las pérdidas van a ser históricas para los agricultores y la ciudadanía sufrirá una escalada de precios sin precedentes en los últimos años”.