Vista de Kuala Lumpur, la capital de Malasia, que a diferencia de otros países del sudeste asiático acaba de abolir la pena de muerte como castigo obligatorio para culpables en 11 tipo de delitos, entre ellos el tráfico de drogas, y propone a los jueces que en su lugar dicten largas condenas de prisión. Foto: BM

GINEBRA – La abolición de la pena de muerte preceptiva (obligatoria) en Malasia, que podría salvar la vida de 1300 condenados, fue saludada esta semana por expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas en ciudad suiza de Ginebra. La decisión “refuerza la tendencia mundial hacia la abolición universal. La pena de muerte es incompatible con los principios fundamentales de los derechos humanos y la dignidad”, indicó el grupo de nueve expertos en una declaración.

El parlamento de Malasia aprobó el 3 de abril abolir la pena de muerte obligatoria, que hasta ahora se aplicaba de forma automática en 11 delitos, entre ellos narcotráfico, una reforma que contrasta con la mano dura contra el tráfico de drogas en otros países de la región. En ese país de 34 millones de habitantes en el sudeste asiático regía una moratoria a las ejecuciones desde 2018, aunque se continuaron imponiendo condenas a muerte.

Según la organización humanitaria Amnistía Internacional, hay más de 1300 reos en el corredor de la muerte en Malasia, que podrán pedir una revisión de su sentencia, con dos tercios de ellos condenados por tráfico de drogas. Otros delitos a los que se aplicaba de manera preceptiva la pena capital eran el asesinato, el terrorismo, el secuestro o la posesión de armas.

La ley propone que, en lugar de la pena de muerte, se impongan condenas de hasta 40 años de cárcel para esos delitos castigados hasta ahora con la horca. Sin embargo, la pena de muerte todavía podrá ser impuesta en Malasia si así lo decide un juez.

Los expertos de la ONU reiteraron que el uso obligatorio de la pena de muerte “constituye una privación arbitraria de la vida y es una violación fundamental a la independencia del poder judicial y las garantías de un juicio justo”.

“Niega a los jueces la posibilidad de considerar las circunstancias personales del acusado o las circunstancias del delito en particular e individualizar la sentencia. La pena de muerte preceptiva no es compatible con la limitación de la pena capital a los delitos más graves”, indicaron.

También destacaron que los condenados a muerte a menudo provienen de grupos étnicos minoritarios y en algunos casos incluyen personas con discapacidad, que sufren un grave deterioro de su salud mental debido a los prolongados períodos de encarcelamiento.

Con esta decisión “Malasia envía una fuerte señal de apoyo a la abolición de la pena de muerte en una región donde la pena capital se impone con demasiada frecuencia por una amplia gama de delitos”, agregó la declaración.

En el sudeste asiático, además de Malasia, la pena de muerte sigue vigente para algunos crímenes en Indonesia, Singapur, Tailandia y Vietnam, donde las ejecuciones se realizan mediante la horca, por fusilamiento o inyección letal.

Además, la junta militar que hace dos años tomó el poder en Myanmar, país que llevaba tres décadas sin aplicar el castigo capital, ejecutó el pasado julio a cuatro activistas pro democracia acusados de actos terroristas.

Según cifras de Amnistía, en 2021 se dictaron en el mundo 2052 sentencias a pena de muerte y 579 personas fueron ejecutadas, aunque la organización considera que los números deben ser mayores debido a la opacidad sobre la materia impuesta en algunos países, principalmente en Asia.

En ese año, 108 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos y 144 países la habían suprimido en la ley o en la práctica.

Los cinco países donde más ejecuciones estatales se llevaron a cabo son China, Irán, Arabia Saudí, Iraq y Egipto.

En América los Estados cuyas leyes aún contemplan la pena capital para distintos delitos son Bahamas, Belice, Cuba, Estados Unidos, Guyana, Jamaica, Santa Lucía, Granada y Trinidad y Tobago. En Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala y Perú no puede emplearse ante delitos comunes.

Los expertos independientes, que trabajan bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, son relatores sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; cuestiones de las minorías; derechos y libertades en la lucha contra el terrorismo; detenciones arbitrarias; salud física, y personas con discapacidad.

A-E/HM - Fuente: IPS