Es obvio que el señor Bermejo no está ducho en las estrategias laborales de la negociación de convenios colectivos ni, tampoco, en la resolución de huelgas, porque sin duda ha cometido algunas equivocaciones en su intervención que son propias de bisoños en la materia. Si ya en el ámbito de su profesión de fiscal parece que existen serías dudas acerca de su capacidad como tal, de su falta de popularidad entre sus propios compañeros de la fiscalía y de sus impopulares comportamientos en sus actuaciones oficiales; no debemos extrañarnos de que, en un campo en el que se ve que no tiene la menor experiencia, su intervención haya dejado mucho que desear. Es lógico que, apretado por la necesidad de solucionar el conflicto antes de que se produjera la investidura del señor Rodríguez Zapatero, haya querido forzar un final que pudiéramos calificar de bastante “accidentado”, de la larga huelga de los funcionarios de la Justicia. Esta premura ha dejado al descubierto dos fallos: uno: el que se hayan despertado a última hora y, si es que estaban dispuestos a ceder y a dar lo que finalmente han concedido, mejor hubiera sido que lo hubieran hecho antes y no cuando la administración de justicia ya se había quedado completamente colapsada, como ha sucedido; y otro: una mala costumbre, de la que también participan muchos empresarios y directores de empresas, consistente en quitarle el protagonismo al negociador, que ha estado defendiendo durante toda la negociación una postura, que se supone es la de la dirección y, cuando llega el momento de cerrar el acuerdo, desautorizan al negociador tomando su puesto en los debates, para después ceder a lo que se han estado oponiendo durante todo el proceso.

Por una vez les pido que me permitan referirme a mi profesión. Por más de treinta años de mi vida me he dedicado a los temas laborales y puedo decir, sin faltar a la verdad, que he tomado parte en más de cien convenios colectivos y conflictos laborales; así es que creo estar en condiciones de opinar, con un cierto conocimiento de causa, sobre esta materia. El señor Fernández Bermejo, supongo que presionado por ZP y su equipo entró como un elefante en una cacharrería dispuesto a demostrar que él era el mejor preparado para solucionar el problema. En lugar de continuar tratando con los habituales componentes de la mesa de negociación, convocó a los jefes de los respectivos sindicatos que representaban a los trabajadores; al menos a los de CC.OO y UGT los sindicatos mayoritarios que, al parecer, cometieron idéntica equivocación dejando al margen a los habituales delegados de su sindicato para la negociación. El pastel, puestas así las cosas, se guisó entre el señor ministro y los respectivos jefazos de UGT y CC.OO, que no dudaron en traicionar a los anteriores negociadores aceptando las ofertas del señor Bermejo que también cedió más de lo previsto, ninguneando la labor de sus antecesores en el conflicto.

Lo malo de todo ello ha sido que han quedado descontentos los trabajadores, por no haber conseguido todo lo que pedías (lo que suele ser habitual y, hasta cierto punto, normal), pero también porque sus negociadores habían sido puenteados por sus jefes, lo que a dado lugar a que la sensación que han percibido es la de haber sido traicionados por sus propios sindicatos. Pero, a su vez, la actuación del ministro Bermejo ha demostrado ser más imprudente que eficaz, porque, con su intervención en la negociación, les ha mostrado a los huelguistas que existe un camino más directo para ahorrarse días de huelga y conseguir lo mismo que no habían conseguido en varios meses de discusiones, que es el de ir, directamente, al ministro saltándose las etapas intermedias. Es muy probable que en otra ocasión exijan desde el primer día negociar con el ministro en lugar de hacerlo con sus representantes. ¡Elemental querido Watson! Se quema al negociador y se marca un pésimo precedente.

Sea por lo que fuere, el mantener una postura inflexible; el no atender a razones y el empecinarse en sostener una postura insostenible por parte de la Administración Pública, ante unas peticiones cargadas de razón, nos ha costado a los españoles, además del costo que siempre comporta una huelga en incomodidades para la ciudadanía, perjuicios económicos para aquellos que tenían resoluciones o pleitos pendientes de tramitar o gestiones administrativas que sustanciar; el que se haya producido un colapso fenomenal y un atraso de solución difícil y duración imprevisible en el, ya obsoleto, engranaje de la Justicia. Se ha demostrado, lo que ya hace años que se viene reclamando desde todas las instancias de la administración de justicia, y es que no disponen de personal suficiente para atender a las necesidades de una España cada vez más necesitada de una más completa dotación policial; que no están equipados con las últimas técnicas informáticas que les permitan agilizar y simplificar el trabajo administrativo de juzgados, tribunales etc.; que la organización y la comunicación entre las distintas instancias judiciales es mala, inadecuada y peligrosamente incompetente, como se ha demostrado, recientemente, en varios casos donde la desidia de determinados juzgados respecto a reos que, en lugar de estar a buen recaudo, han podido delinquir por estar donde no debieran: en la calle.

El señor ministro de Justicia debiera hacer autocrítica de su gestión, porque durante el tiempo que lleva al frente del ministerio no ha hecho otra cosa que meterse con la oposición, pero no ha hecho absolutamente nada para mejorar las condiciones de trabajo de aquellos de los que depende que el Estado de Derecho, en España, sea algo más que una palabra rimbombante en la que se refugian los políticos. Lo malo de estos iluminados del partido socialista es que se pierden en utopías sociales, se les llena la boca de frases hechas pero, a la hora, de demostrar su preocupación y su buena gestión para con los ciudadanos, todo se queda en palabrería hueca y sin sentido.