Cuando uno lee, en un periódico catalán, el siguiente comentario: “El Gobierno necesita que el órgano (el CGPJ) se renueve para nombrar a dos magistrados progresistas para el TC”, no sabe a ciencia cierta si es que, quién lo escribió, no tiene ni idea de lo que representa para la nación el poder judicial, con todas sus variantes o si de lo que se trata, es de la constatación, quizás subconsciente, de que lo que se propone el gobierno del señor Pedro Sánchez es, por medio de la introducción de quinta columnistas de ideas izquierdistas, progresistas o contrarias al sistema constitucional que tenemos en España -que garantiza la libertad de mercado, la propiedad en todas sus variantes, las libertades ciudadanas, la libertad de opinión, de expresión y de poder, sin cortapisa alguna, manifestar las propias ideas, sobre cualquier tema, sin que la censura de la izquierda autoritaria y totalitaria, tenga la oportunidad de poder interferir, censurar, castigar o impedir publicitar aquella opinión si, desde el punto de vista totalitario de quienes se han hecho con el poder (en este caso, apoyados por una justicia ad hoc y de sentido represor)- despojar del derecho constitucional a los ciudadanos que no estén de acuerdo con el pensamiento único que piensa imponernos el Estado, con la impúdica tentación de erigirse en uno más de estos monstruosos e implacables reductos del comunismo internacional del que algunos llegamos a pensar, equivocadamente, que con el desmoronamiento del sistema bolchevique, en Rusia, y la caída del muro de Berlín, había quedado desacreditado indefinidamente.

Y es que nos encontramos, lo mismo que con la derogación de la llamada, impropiamente, Ley Mordaza, ante el desarme, proscripción, desacreditación y condena al ostracismo de todo el sistema de protección de la seguridad ciudadana, de la supresión del respeto al principio de autoridad, del fomento del vandalismo, de la incitación a la desobediencia y, por si no lo estuviera sobradamente incentivado, en muchas de las regiones, el talante separatista de parte de su ciudadanía, la proliferación de muestras públicas de rechazo a la nación española, su unidad y el respeto por su lengua, el castellano;  toleradas, soportadas, financiadas , defendidas y, lo que todavía es peor, protegidas contra cualquier intento de que se las pueda obligar a respetar la Constitución y las leyes del Estado español. La policía, la Guardia Civil y cualquier otra institución, a los que les venía correspondiendo garantizar el orden en nuestras calles y ciudades, van a dejar de ser, con la nueva Ley, los garantes de que la ciudadanía española pueda ejercer libremente su derecho a pasear por las calles de sus ciudades sin verse sometido al vandalismo, las agresiones, los insultos y los malos modos de aquellos grupos levantiscos, revolucionarios y antisistema que, valiéndose de su impunidad, pretendan que la fuerza de la calle sustituya al valor del resultado de las urnas, libremente expresado por los ciudadanos.

Mientras en Barcelona se permite que, una alcaldesa de ideas comunistoides, haga de su capa un sayo, sin tener en cuenta la legislación nacional y, motu propio, haya decidido, sin que nadie le haya llamado al orden, iniciar una ofensiva a cara de perro, en contra del uso del automóvil privado, en favor de un retorno a las bicicletas o a los patinetes, la creación de espacios peatonales infrautilizados y limitación de la capacidad de absorción del tráfico de las calles barcelonesas, mediante la implantación de carriles para bicicletas, la mayoría de los cuales infrautilizados, pero que han contribuido a hacer del tráfico en la ciudad Condal, un verdadero martirio para aquellas personas a las que los servicios públicos no les permiten prescindir de sus vehículo particular. Su modo de ejercer la alcaldía ya tuvo sus consecuencias con el turismo y las sigue teniendo, en su intento de sustituir la legislación nacional sobre alquileres de viviendas, sobre su uso o libertad de disponibilidad por sus propietarios que, si bien ha motivado una serie de sentencias de los tribunales en contra de sus arbitrariedades, es evidente que el acudir a la justicia resulta demasiado oneroso para que todos los perjudicados puedan hacer uso de ella, para impedir los atropellos de la señora Colau.

Pero, los desatinos que corren a cargo del separatismo catalán, parece ser que no tienen límites. En su intento de seguir su campaña internacional en busca de apoyos para la causa independentista, en los que se pueden incluir los viajes del señor presidente de la Generalitat catalana, señor Aragonés, a Escocia para visitar a la líder independentistas señora Nicola Sturgeon, con el objetivo de cambiar impresiones y, sin duda alguna, buscar apoyo para la causa catalana, por mucho que las similitudes entre lo que sucede y sucedió en Escocia que, como es sabido, tuvo sus propios reyes y sus momentos de independencia, con el caso catalán son diametralmente opuestos ya que nunca sucedió algo similar al caso escocés, salvo en la imaginación desbocada y con pocas o ningunas garantías históricas por parte de la historia, de algunos extremistas catalanes que no se sienten españoles.Otra más de las que viven a costa de su separatismo, la señora Alsina, consellera del Parlament catalán, ha decidido hacer su campaña propia a costa de los cónsules de naciones extranjeras que residen en Barcelona, a los que pretende “sobornar” para que formen un grupo, aleccionado por ella, que sirva de apoyo para las pretensiones separatistas catalanas hablando en pro del independentismo de la autonomía, en sus respectivos países. Pretende simpatizar, hacer “coleguis” de ellos, convencerlos de lo buena que es Cataluña y lo “odiosa” que es España. Y esto sucede sin que el Gobierno de la nación diga nada, se queje, lo impida o, al menos, intente que, esta iniciativa en contra de la unidad de España tenga lugar ante sus propias narices. ¡Y esto, señores, está sucediendo en el mismo parlamento de Cataluña, una entidad que depende del Estado español y que permite que, en su seno, se traicione a la nación española!

Y ahora viene lo del nuevo “Plan Marssal” que nos va a llegar, en este caso, a través de los fondos creados por Bruselas para ayuda de las naciones más perjudicadas por la crisis del Covid19. Entonces, cuando toda España esperaba que nos llegasen de los EE. UU importantes ayudas, tan necesarias en unos momentos de la post guerra española, en los que la miseria y las carencias alimentarias de los españoles y sus preocupaciones económicas eran comunes para la mayoría de aquellos 24 millones de habitantes con los que contaba España. En principio, según se nos decía, ya hace meses que debió haber llegado una parte importante del total que nos fue concedido. No ha sido así y esto ha motivado que, los más impacientes, aquellos que esperan que les toque el Gordo que nos va a llegar de los bancos europeos, ya hayan decidido dar por hecho que van a recibir una buena tajada y, en consecuencia, ya se están empezando a gastar aquello que todavía no ha llegado. Por ejemplo, parece ser que el presupuesto del Govern catalán del 2020, se ha disparado en un 17%. Como es muy popular, sirve para conseguir votos y no significa un endeudamiento inmediato para la autonomía, se da la circunstancia de que el gasto social representa el 74,6% del total.

Pero hay que seguir con presupuestos expansivos, más gasto público, ya que lo primordial no es economizar ni bajar el endeudamiento y, por ello, en el proyecto para el 2022 ya hay previsto un déficit de 1487 millones de euros un 0’6% del PIB. Y, cómo no, hay que trabajar de cara a un futuro independentista que, como corresponde a una nación propia, deberá contar con un ejército para defenderla ¿de quién, se preguntarán?, pues de quién va a ser, de España que intentará impedir que se separen de ella. Lo cierto es que han pedido y no se les ha negado, aumentar la plantilla de mossos de escuadra en la bonita cifra de ¡17.000! No sabemos si todos ellos van a ser necesarios dado que, si se suprime la Ley Mordaza, es muy posible que sus funciones queden muy limitadas y no les quede nada que hacer, a menos que se dediquen a cultivar flores en los jardines de Montjuic.

Claro que nos podríamos preguntar a qué se debe el empeño, cada día más patente, de convertir a los ciudadanos en funcionarios, si por otra parte se nos quiere inculcar que la gente debe irse acostumbrando a que las empresas que se van digitalizando van a necesitar menos personal en su plantilla ya que, la ofimática y otras ciencias modernas, van a reducir la presencia humana en muchos aspectos de la vida corriente. En todo caso, el empeño de que aumente el número de funcionarios que no se puedan considerar como elementos productivos que alimenten, con sus trabajos, el PIB del país, descontando los incluidos en el sistema nacional de Seguridad Social, es muy posible que sea una forma de conseguir tener dominada a una plantilla pública, que les sea afecta en el momento de votar. Si está evidenciado que el sistema judicial español está carente de medios digitales para suprimir trabajos inútiles, para agilizar la tramitación de expedientes, para mejorar la comunicación entre los distintos juzgados y para dotar a la institución de unos medios ágiles de intercomunicación que evitaría, con toda seguridad, duplicidades y delitos que, a causa de la falta de medios  preventivos, puedan quedar impunes o ser perpetradospor causa de carencia de información de aquellos colectivos encargados de perseguirlos.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos la impresión de que, así como se está proyectando el destino de nuestra nación y, ante la falta de una visión más realista y menos cicatera de la realidad por parte de los partidos de la oposición, poco o nada nos queda para animarnos, a los ciudadanos, respecto a lo que nos espera en el futuro.