Corren ríos de tinta sobre los pros y los contra de la independencia catalana. Se escuchan argumentos de un lado y de otro sobre la legalidad de la consulta que no deja de ser un comicio automático. Si sube el café, también están los que se preguntan si al escindirse estaría ese nuevo país dentro o fuera de la Unión Europea. Y para atemperar el debate, aparece un periodista de la BBC que desmonta uno a uno los argumentos de “Junts per Sí”. ¿Y quién se preocupará de la futura selección de fútbol catalana? Si bien, se observa que aquí nadie habla de los catalanes o la minoría catalana que se encuentra repartida entre, Andorra, el Rosellón francés y el Argel italiano.
En un ejercicio de política comparada, se puede afirmar que esta escalada de la tensión catalano-española es el resultado de cierta permisividad del Estado español desde el inicio de la democracia. Como los más mayores saben, el Gobierno Central decidió conceder el reconocimiento de una autonomía a Cataluña, País Vasco y Galicia en un primer momento debido a que tras la Guerra Civil, eran una serie de demandas que se mantenían bajo el nombre de los llamados “territorios históricos”. Desde aquí, España ha evolucionado hacia un Estado descentralizado con determinados ingredientes regionalistas y federalistas, según teóricos como Agranoff, para satisfacer dichas exigencias territoriales.
En Francia, existe una minoría catalana que no tiene acceso a la educación en su lengua, tampoco se admite su lengua en las relaciones entre ciudadano y Administración. Esto es el resultado de un Estado centralizado que ha impuesto el francés tanto como lengua como patrimonio lingúístico común a todos sus territorios, sin ninguna concesión. Tan sólo en 2007, el Consejo General de los Pirineos Orientales lo reconoció como idioma oficial. En Italia, sólo la lengua catalana está reconocida como lengua minoritaria del Alguer desde 1991 y queda protegida por la jurisdicción que vela por la misma con un carácter protector, desarrollada especialmente a través del gobierno regional y municipal. Finalmente en Andorra, coexiste el catalán junto al español y al francés en igualdad de condiciones, existiendo centros de educación diferenciados para cada una de estas lenguas y auspiciados por los ministerios español y francés.
Ante todo esto, cabe preguntarse por qué en España no hemos procedido de forma similar al caso francés, más aún, cuando Francia tiene más minorías etno-lingüísticas (bretones, vascos, occitanos, catalanes, corsos, etc.) que España. O por qué no se quedó todo en un tímido reconocimiento territorial como en el caso de Italia. Tampoco se pudo auspiciar una situación similar a la de Andorra debido al reducido tamaño geográfico de este micro-Estado y a sus propias características socio-culturales. La permisividad ante todo ha sido la política del Gobierno Central, mientras en Barcelona se sigue haciendo dinero con los “tablaos flamencos” que desde una postura estrictamente nacionalista-catalana, no serían patrimonio de su identidad cultural.
