Esto de reformar la Constitución española es un tema recurrente que, de tanto en tanto, se sacar a relucir, no tanto porque sea de verdad preciso hacer una revisión de la Carta Magna ni porque los ciudadanos españoles sacaran importantes beneficios de una nueva redacción, sino por resultar un tema utilizado por los partidos políticos, que no se encuentran a gusto dentro de ella, para modificar distintas cuestiones que quisieran eliminar, al objeto de sacar ventaja partidista de ello. Es evidente que, cuando los partidos de las izquierdas, como Podemos o el PSOE piden revisarla, introducir cambios o eliminar parte de ella, es para desposeerla de aquellas normas que impiden el descuartizamiento de la nación española, para establecer nuevas normas que les permitieran controlar mejor a los ciudadanos españoles o para que se pudieran sustituir aquellos valores, como la unidad de España, por otros más flexibles que permitieran a los gobernantes convertirla en una estado de carácter federal, con el que se sustituirían las actuales autonomías en las que, en estos momentos, nuestra nación está dividida.

Por el contrario, desde el punto de vista más conservador, del centro y la derecha, la reforma constitucional se debería centrar, especialmente, en todo lo que comprende el título VIII, capítulo III, de la norma constitucional, que hace referencia a la Comunidades Autónomas, convertidas, de unos años a esta parte, en las instituciones que vienen causando más quebraderos de cabeza al conjunto de ciudadanos españoles y mayores desafíos para el Estado de Derecho contra el cual, algunas de ellas, como Catalunya y el País Vasco, parecen decididas a convertirse en verdaderos obstáculos para la convivencia pacífica de los españoles y la unidad de la nación española.

Es evidente que los legisladores, en su momento, no pudieron prever que, con el transcurrir de los años, la relajación de algunos gobiernos y el error mayúsculo cometido por el señor Rodríguez Zapatero prometiendo a los catalanes que aprobaría el tipo de estatuto de autonomía que el Parlamento catalán le propusiera, podrían llevarnos a una situación tan delicada como la que, en la actualidad, desafía el cumplimiento de la Carta Magna, se ha constituido en un desafío al Estado español y amenaza con una insurrección del gobierno y el pueblo catalán, en busca de conseguir su independencia de la nación española. Lo cierto es que, aprovechando la crisis que nos lleva afectando a todos los europeos desde finales del 2007, determinados partidos nacionalistas apoyados por grupos de izquierdas secesionistas y por parte de la burguesía catalana, comenzaron una campaña, perfectamente orquestada, que ha venido buscando atraer al pueblo catalán a la idea de que, una Catalunya independiente de España, sería mejor, más rica, más productiva y con mejores atenciones sociales si se constituía en un estado soberano. Es evidente que esta campaña no ha sido más que un engaño falaz con el que se ha pretendido, y debemos reconocer que con buenos resultados, crear en el pueblo catalán la idea de que España les estaba robando y que todos los problemas que, actualmente, vienen afectando a Catalunya se deben a que su deber de ser solidarios con el resto de regiones españolas, les priva de unos ingresos con los que conseguirían financiarse mucho mejor.

No corresponde a este comentario argumentar en contra de esta teoría de los separatistas, entre otras razones, porque ya ha sido descalificada, por activa y por pasiva, tanto desde el Gobierno de la nación, como desde todas las instituciones nacionales e internacionales que ha tratado sobre este peliagudo tema. Los socialistas del señor Sánchez han hecho suya una teoría que, en cierta manera, pretende no situarse en el mismo punto que el PP pero, en realidad, parten de la misma Constitución afirmando que, tal y como está redactada, no permite estas veleidades independentistas pero, entienden, que con una modificación sí cabría la posibilidad de construir un estado federal en España.

Lo que sucede es que, un estado federal, como tienen en muchas otras naciones, supone la creación de un sin fin de pequeños gobiernos que, en Alemania, los denominan Länders, que, curiosamente, en muchos casos, como es el ejemplo alemán, estos estados federales disponen de menos prerrogativas y poderes de los que, en la actualidad, gozan autonomías como la catalana o la vasca. Sin embargo, si nos atenemos al panorama electoral español, con unas legislativas a unos pocos meses de que se celebren, con un panorama político muy complicado, con una previsible atomización del voto, que puede crear un verdadero laberinto, con las dificultades que, esta situación, puede representar para la constitución de un gobierno medianamente estable; no parece muy oportuno, muy sensato y muy adecuado hablar de la reforma de la Constitución cuando se sabe que cada partido va a intentar meter, en las discusiones, aquel objetivo partidista que estime que le va a reportar ventajas lo que, en modo alguno, va a significar que ello pueda redundar en un verdadero beneficio, tanto para el pueblo españolo como para el Estado.

Consideramos que, el hecho de que el señor Rajoy, con evidente intención de captar beneficio electoral, haya torcido su brazo hablando de posibilidades de reforma constitucional, ha hecho un flaco favor a su propio partido, a los partidarios de que las leyes se cumplan hasta sus últimas consecuencias y a los que creemos que, un estado federal, sólo será un paso más a favor de lo que, en definitiva, sería una nueva petición de independencia del país catalán, al poco tiempo de haber conseguido ser investido de la categoría de federal. Es obvio que, el órdago combinado de separatistas y la extrema izquierda, apoyada incomprensiblemente por el PSOE, del señor Sánchez, están intentando una vez más, y ya no sabemos cuantas han sido, abrir la tenaza con la que pretenden atrapar y destrozar al PP que, se debe reconocer, no está en su mejor momento, a pesar de sus indudables avances en la recuperación de España, de su economía, del trabajo y de las industrias en su recuperación de los mercados europeos; debido a que, los temas de corrupción que se han ido destapando, hábilmente explotados por el resto de partidos políticos, amenazan con ser una pesada losa contra la que les va a ser muy difícil luchar.

Una reforma constitucional se debe iniciar cuando, precisamente, la nación goza de estabilidad y paz, con un gobierno fuerte y una oposición dispuesta a ceder en sus aspiraciones partidistas para colaborar en que, la nueva Carta Magna, sea la mejor posible para todos lo ciudadanos, para apoyar sus intereses reales y para garantizarle que lo recogido en la Constitución va a ser lo mejor y más provechoso para el bien común. Cualquier intento que se quiera llevar a cabo en momentos de inseguridad social, de enfrentamientos políticos, de intentos de llevar al país a regímenes de tipo absolutistas y totalitarios; lo único a lo que puede conducir es a que, como ha ocurrido en Venezuela o Bolivia, la Constitución se llegue a constituir en una arma más a favor de los que quieren eternizarse en el poder y convertir a sus países en verdaderas dictaduras, con sus inevitables consecuencia de miseria, pobreza y opresión de la ciudadanía.

O así es como, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos con gran inquietud la posibilidad de que, por intentar conseguir una baza electoral, nos arriesguemos los españoles a crear una verdadera situación de inestabilidad mientras, unos y otros, intentan hacer una Constitución que favorezca sus intereses. Un experimento peligroso a la hora de formar un gobierno nuevo.