Cuando la falta de argumentos de tipo legal, jurídico, económico e histórico han quedado al descubierto, a los dirigentes separatistas catalanes les queda un razonamiento supremo: la supuesta superioridad de los sentimientos sobre la ley y el derecho, el “derecho a decidir”. Este es, precisamente, el meollo del debate.
Con este planteamiento resultan estériles todas las iniciativas relativas a la reforma de la Constitución y al diálogo, porque nada dará satisfacción a los separatistas que se desentienden de los límites establecidos por las leyes para evitar, precisamente, que los sentimientos, por sí mismos volubles e inestables, se conviertan en una fuente de derecho.
Lo cual vuelve plantear la urgente necesidad de que la política, que es el arte de gobernar para el bien común sobre la base de la verdad, vuelva al primer plano del debate público, sin miedos ni debilidades.
