Parece que lo único que le importaba al señor Rajoy y a su ejecutivo es que el señor Mas haya anulado la llamada “consulta” por el derecho a decidir, simplemente porque no quería que se dijera que, en España, se llevaba a cabo una consulta en alguna de sus autonomías en la que se pusiera en duda, de una forma más o menos legal, que la facultad de convocar un referendo de estas características no le correspondía a un ente autonómico si, previamente, no había conseguido la autorización del Parlamento de la nación. Sin embargo, en esta consulta que, de nuevo, pretenden convocar los separatistas catalanes, no se trata solamente de que precise que las Cortes españolas den su asentimiento sino que, por su propio contenido y naturaleza, es nula de pleno derecho al pretender ir en contra de los preceptos constitucionales en los que se niega cualquier posibilidad de que se ponga en duda la unidad de España.

Si ya, cuando en Catalunya algunos municipios quisieron, por su cuenta, celebrar una consulta semejante, aunque no tenían el carácter de plebiscitarias y no habían sido convocadas desde el propio Gobern de la Generalitat; protestamos de que ello pudiera suceder sin que, las autoridades del Estado, tomaran las medidas administrativas correspondiente contra aquellos que habían infringido la ley, atribuyéndose facultades de las que carecían y, todo ello, hecho en fraude de Ley; en esta ocasión, en la que nadie puede alegar ignorancia de que se trata de un abierto desafío al Estado de Derecho, claramente especificado a través del Parlament catalán, por parte de los partidos separatistas que lo integran y que ostentan el gobierno autonómico, mediante declaraciones y acuerdos que no dejan lugar a dudas a cerca de su intención de conseguir la independencia de España; parece que, nuestro Gobierno, se ha conformado con la renuncia del señor Mas a la consulta oficial convocada para el 9N; cuando el propio Presidente, apenas unas horas después de dicha manifestación, se reafirmó en sus intenciones de mantener la consulta sólo que con un carácter informal y sin carácter oficial.

Repetidamente se había dicho, por parte del gobierno de la Generalitat, que la intención de la consulta no era proclamar la independencia ( aunque era evidente que de lo que se trataba era de dar el primer paso hacia ella), sino el conocer cual era la opinión de todos los catalanes, a través de las dos preguntas que se planteaban, que se presentaron en los siguientes términos: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?, y en caso de respuesta afirmativa, ¿quiere que este Estado sea independiente?”. Lo cierto es que, la retirada de la convocatoria para el día 9N, no ha supuesto que se haya detenido el proceso de la consulta, ni las preguntas originales se hayan modificado o que dejen de instalarse las urnas o de imprimir las papeletas. Todo sigue igual, simplemente se varía los lugares donde tendría lugar la insaculación, para ser sustituidos por otros situados en locales de la Generalitat, y se suprimen los censos electorales, que serían sustituidos por la simple identificación de los votantes, mediante la exhibición del DNI, que pueden ser todos los que residan en la comunidad de más de 16 años. Todo es una burda añagaza para evitar la suspensión del TS.

Una consulta sin ninguna garantía de control oficial, sin el apoyo de las leyes que establecen como se han de llevar a cabo las votaciones, con qué requisitos, como llevar a cabo los escrutinios, con qué procedimientos para presentar recursos etc. Un simulacro en manos de simples “voluntarios” reclutados, como es evidente, dentro de aquellos que sean partidarios de la independencia, sin la presencia de los controladores de los contrarios a la consulta, sin presencia de apoderados e interventores lo que, sin duda alguna deslegitima tal consulta por su falta de apoyo legal, pero ¡ojo! todo ello no va a impedir que el señor Mas pueda justificarse ante los catalanes, diciendo que ha cumplido con su promesa de que pudieran votar las dos preguntas previstas y esgrimir unos resultados, que desde el punto de vista legal, puedan ser discutidos pero que, en el ámbito de la política, van a ser aceptados como la expresión del pueblo catalán y que, sin duda alguna, se convertirían en un soporte extraordinario para las subsiguientes elecciones autonómicas que convocaría el señor Mas; en las que se presentaría una lista unitaria, abarcando a los partidos separatistas, para conseguir una posible mayoría que les facultaría para esgrimir, ante el Gobierno español, un número de votos que apoyarían las demandas de una mayoría de los catalanes que apostarían por la independencia.

Y, ante un plan tan evidente, nos preguntaríamos ¿por qué nuestro Gobierno se ha tomado con tanta calma esta segunda convocatoria?, ¿acaso la primera, la anulada, tenía unas pretensiones que llegaran más lejos que esta segunda?, ¿no va a tener los mismos efectos, en cuanto al camino a la independencia, esta segunda convocatoria respecto a la que hubiera podido tener la primera? Es obvio que se está procediendo claramente con el intento de puentear la suspensión de la consulta anulada por el TC, mediante la convocatoria de una segunda, sólo que dándole un carácter menos solemne; intentando no apoyarla en la Ley de Consultas, actualmente suspendida, justificándola en otras normas previas y en la parte no suspendida de la propia norma. Es evidente que la suspensión del TC llevaba aparejada la interrupción de cualquier actividad de propaganda, de preparación, de actuaciones paralelas y de intentos de evitar los efectos de la suspensión, que pudieran significar vaciarla de su contenido; de modo que lo que se pretendía conseguir se pudiera lograr por otros medios ilegales.

No podemos entender como, lo que parece que intenta el Gobierno, es llevar a cargo una actuación a posteriori, con la que sancionar los hechos consumados, cuando el verdadero peligro está en que, los resultados de la consulta ya se hayan publicado y hayan producido el efecto que se pretende en el pueblo catalán que, al menos en lo que se refiere a los independentistas, es evidente que les va a servir de señuelo para conseguir más apoyo y más confianza por parte de aquellos que todavía permanecieran indecisos. Mucho nos tememos, viendo la actitud de Rajoy y observando la importancia que le sigue dando a que Más haya renunciado a la consulta que tenía prevista para el 9N, sin darle importancia a la rectificación de aquel (sólo que, en esta ocasión, empleando la “astucia” de la que presumía), cuando la ha sustituido por otra que se va a celebrar el mismo día y va a tener los mismos efectos que la anterior, por mucho que no tenga el carácter oficial y las garantías de una consulta legal.

Se engañarán en Madrid, una vez más, si siguen observando el problema catalán como solo una cuestión de índole económica, así como también se equivoca de medio a medio, el señor Pedro Sánchez, del PSOE, si se cree que Catalunya se va a conformar con un Estado de tipo federal que todos sabemos, en nada o en muy poco se diferencia del actual sistema autonómico. Vayan de nuevo al TC, presente los oportunos recursos y pidan aclaraciones de los efectos de la suspensión para que el Alto Tribunal dicte las providencias oportunas para detener este nuevo intento del separatismo catalán de ignorar al TC.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadanos de a pie, vemos que, una vez más, la pasividad del Gobierno de la nación puede acabar por convertir el problema catalán en una grave cuestión de Estado y un peligro para la paz.