Partiendo de la confianza en los jueces y en el sistema judicial español, y ante la notable cantidad de casos de corrupción me parece que conviene realizar ciertas reflexiones. Indudablemente, el trabajo de los magistrados es excelente, pero la falta de medios hace más lento el funcionamiento de la justicia. Al menos es lo que se afirma desde el propio ámbito de los tribunales.

El propio ciudadano lo observa si tiene que litigar judicialmente, ya que los pleitos pueden alargarse considerablemente. Y si bien esto debería corregirse y mejorarse lo más esencial estimo que es dejar bien claro a la opinión pública que todo se investiga profundamente, y no existen espacios de impunidad. Por supuesto que la presunción de inocencia, y las garantías procesales no deben ser obviadas. Pero esto no impide la persecución del delito hasta sus últimas consecuencias. Porque lo que no es lógico ni racional es que los delitos económicos queden sin castigo en el limbo de una especie de impunidad.

Ya que la corrupción económica de índole política, también produce víctimas que son los ciudadanos que pagan sus impuestos, y no defraudan a la agencia tributaria. Como dice el catedrático de Derecho Penal José Manuel Paredes: «Hay delitos económicos que no siempre se juzgan, y cuando se juzgan, casi nunca acaban en condena». Se debe potenciar una investigación profunda, sin condicionantes de tipo político, que llegue hasta el fondo de cada presunto delito, y de una manera que no sea lenta, para evitar la prescripción, y la destrucción u ocultamiento de datos o pruebas.

Y la labor de la UDEF o de otros organismos policiales especializados en la investigación de delitos económicos debería ser tenida más en consideración a la hora de tomar medidas cautelares proporcionadas. La impunidad puede ser fáctica o normativa. Generalmente están interrelacionadas. Al respecto dice Carlos Castresana: «Cuando se habla de impunidad de facto, el Derecho existe, las normas están en vigor, han sido debidamente aprobadas, y sin embargo por alguna razón no se aplican, no obtienen consecuencias prácticas y concretas».

Y parece que no existe en nuestro ordenamiento jurídico impunidad normativa o falta de castigo ante los actos económicos delictivos, pero si de hecho no existen sanciones ante este tipo de conductas, esto significa que las acciones de blanqueo de capitales, fraude, comisiones ilegales, y otras similares no tienen consecuencias. Lo que no es coherente ni adecuado es que se difunda, entre los ciudadanos, la imagen o la percepción de una cultura de la impunidad, sobre todo en el ámbito económico y tributario.

Considero que en los casos más complejos se debería, si es necesario, ofrecer más apoyo y más medios a los jueces para que lleven a cabo sus investigaciones con mayor celeridad. Porque la búsqueda de documentación probatoria es una tarea que puede ser muy complicada, y relativamente lenta. Además todos los bancos y las instituciones financieras deberían colaborar de un modo fluido con la justicia, de acuerdo con lo que indican las leyes. Si no existe impunidad, el estado de derecho se refuerza ante los ciudadanos. Las normas están vigentes para ser cumplidas por todos, sin excepciones.