De un tiempo a esta parte, el oficio de tesorero no parece gozar de muy buena fama en nuestro país. En gran medida, se debe a la situación penal de los cuatro administradores del Partido Popular desde la década de los ochenta que, en diferentes épocas y circunstancias, han sido imputados en algún que otro caso de corrupción. Tan avispados como parece que son para manejarse con las cifras, luego resulta que tienen una memoria explícita deplorable y que no se aviene de ningún modo con su intelecto. Pero, ¿qué les voy a contar, que ustedes no sepan ya por la prensa?

Por no acordarse, Luis Bárcenas ni se acordaba de que le habían despedido. El hombre acudía diligentemente a su trabajo en Génova 13, con la serenidad del que se sabe con las espaldas muy bien cubiertas. Luego vino lo que vino, claro está. Que si indemnización en diferido, que si Luis ánimo, aguanta, que esto está hecho y mañana te vas a casa. Nada, pues, lo normal en estos casos.

Otro que al parecer sufrió un acceso grave de amnesia fue su socio y antecesor en el cargo, también contable de la firma, que no se acordaba de nada. Tampoco de las 30.000 hectáreas de terreno agrícola –que ya es decir- que posee en Argentina produciendo tantos dividendos como para empapelar de billetes de 500 euros el despacho oval, a la sazón estancia donde el presidente del mayor importador de los cítricos cosechados en el latifundio de Ángel Sanchís se pasa las horas cavilando en qué fregado le conviene más a su país entrar por la puerta falsa, que por extraño que pueda parecer no había oído ni hablar.

En cuanto a los otros dos tesoreros, Álvaro Lapuerta, por una parte, al que se le imputa un delito de blanqueo de capitales, y Rosendo Naseiro, por otra, que lo fue en su día por financiación ilegal y soborno, entre otros cargos, aunque siempre se proclamó inocente a pesar de la existencia de unas grabaciones que le inculpaban; el caso es que ninguno de los cuatro no ha podido o no ha querido -qué más da, que da lo mismo- colaborar en buena lid con la justicia.