En la sesión 192 del Pleno del Congreso de los Diputados, celebrada el día 11 de junio de 2014, se ha tramitado en lectura única la iniciativa legislativa del “Proyecto de Ley Orgánica por el que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón”. Y se ha hecho según establece el artículo 57.1de la Constitución: “Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica”.

El trámite es tan importante, de cara a la estabilidad nacional y a la reali-dad de los grupos políticos en que se asienta nuestra democracia, que obliga a precisar los datos objetivos resultantes, a detenerse en la situación que se ha producido (y en cómo se ha solventado) y a analizar las posiciones adoptadas por algunos de los grupos parlamentarios de la cámara.

Entre los datos, el más significativo es el resultado de la votación para aprobar el Proyecto de Ley, que es inamovible y elocuente: 341 votos emitidos. 299 votos afirmativos, que representan el 87,68 %. 19 votos negativos, que aclaran que sólo el 5,57 % rechaza el Proyecto de Ley. Y 23 abstenciones, que corresponden al 6,75 % restante.

En cuanto a la situación producida, cabe destacar que, aunque conocido el motivo de la Propuesta de Ley, algunos grupos políticos han tratado de apro-vechar el acto para suscitar un debate en el que cuestionar, en vez de la apro-bación de la Ley Orgánica, la conveniencia de mantener la monarquía que es-tablece la Constitución, o acudir al electorado para que se pronuncie sobre la oportunidad, o no, de instaurar una república que está por definir. Frente a esta posición, los grupos mayoritarios y algunos minoritarios han centrado el debate arguyendo (en palabras de Rubalcaba) que “no se trata de considerar o no la procedencia de una sucesión que ya está prevista en la ley, sino de permitir la abdicación”. O, lo que es lo mismo, tratar de precisar si el pueblo español, que detenta la única soberanía popular, permite que el Rey abdique la corona, co-mo pretende, o le impone una Jefatura del Estado que ha manifestado querer dejar.

Consecuente con el acto y con las posiciones adoptadas por los grupos parlamentarios en la Sesión, por la importancia que tiene para el futuro, parece oportuno detenerse en la situación de algunos de ellos y en las actitudes que han adoptado frente a la Proposición de Ley:

- EL PP, que gobierna, unido a la hora de votar y como era de prever, ha defendido el Proyecto de Ley subrayando, en boca de Rajoy, por una parte, que “No estamos aquí, pues, para modificar los hechos, sino para subrayar con nuestra ley que en España contamos con una monarquía parlamentaria; es decir, una democracia en la que todo cuanto afecte a la Corona, como todo lo que atañe a las instituciones del Estado, exige la intervención de las Cortes”. Y, por otra, que “Nunca, en la historia de los dos últimos siglos, se ha producido la sucesión en la Jefatura del Estado con la normalidad con que se produce ésta”.

- El PSOE, con Rubalcaba como portavoz, ha justificado el voto afirmati-vo “porque hemos de cumplir la ley y la Constitución y porque reafirmamos nuestro compromiso constitucional”. Después, sin renegar del origen republica-no compatible con la Monarquía parlamentaria, dijo que el PSOE, tras 35 años del Pacto Constitucional y 115 años de historia, sigue cumpliendo con sus compromisos, y que la llegada del nuevo rey debe aprovecharse para iniciar unas reformas que no concretó y que, de hecho, significan una verdadera “fuga hacia adelante sin marcar el punto de llegada”. A la hora de la votación, la au-sencia de 2 diputados y la indisciplina del guipuzcoano Odón Elorza, demostra-ron la crisis por la que atraviesa el que en esta ocasión aún se ha comportado como pilar estructural de la estabilidad política. Sin embargo, entre las reformas anunciadas (quizás usadas como elemento de cohesión interna) las justifica-ciones del orador y las confidencias de algunos parlamentarios socialistas, está apareciendo algo que tiene más entidad que una simple crisis: la necesidad de armonizar las aspiraciones de gobierno de un partido centenario con las insatis-facciones (y veleidades) de una parte del electorado que parece dejarse sedu-cir por las propuestas y utopías de la izquierda radical.

- Los independentistas CIU y PNV, republicanos declarados compatibles con la monarquía, se han abstenido por motivos varios, unos confesos y otros ocultos: CIU, en voz del atribulado y enrabietado Durán, justificó la abstención porque la Propuesta es un acto del Estado español, que no es neutral con Ca-taluña y que ha apartado a CIU de las grandes decisiones. No lo oculta, pero silencia la realidad de la formación, en retroceso frente al independentismo ra-dical de ERC.

El PNV, teniendo como portavoz a Aitor Esteban, alude a unos “consen-sos con memoria” y justifica la abstención por el incumplimiento de esos con-sensos y porque interpreta que con la abdicación se debería abrir un periodo de Reforma Constitucional.

- El Grupo Izquierda Plural, que con otros grupos minoritarios ha optado por el voto negativo, con las algarabías y escenificaciones que suele, lucía en las solapas unas escarapelas de colores en clara alusión republicana. Lo re-presentaba Cayo Lara con una intervención tan apartada del motivo de la con-sulta que alguien, chusco, introdujo una tilde en el nombre para componer un “cayó” como definición de un absurdo en el que se enfrentaban conceptos compatibles (monarquía y democracia), se verbalizaban posturas imposibles (Traición del PP y PSOE al Consenso Constitucional), se confundían deseos con leyes (referéndum por norma legal) y se componía una especie de doctrina tan alejada de la racionalidad como las propuestas de la consulta.

Como consecuencia, la Proposición de Ley se aprobó. Después, según la norma, pasará al Senado para seguir la tramitación parlamentaria.