El Gobierno catalán ha aprobado la memoria previa de un nuevo impuesto que se aplicará sobre 15.000 viviendas vacías, propiedad de entidades financieras, y con el que confía en recaudar entre 13 y 26 millones de euros, en función de la voluntad de los bancos de movilizar o no este parque inmobiliario.

El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Santi Vila, ha insistido en rueda de prensa tras el Consell Executiu que "no es un impuesto pensado con ánimo recaudatorio" sino de estímulo, por lo que se aplicará tan solo en los 70 municipios en los que se ha acreditado una demanda de vivienda, y solo sobre 15.000 de las 40.000 viviendas vacías que actualmente son propiedad de entidades financieras.

El nuevo impuesto, que el Govern confía que entre en vigor el 1 de enero de 2015, está diseñado por tramos y se pagará en función de los metros cuadrados, con una bonificación específica para las entidades que pongan en el mercado de alquiler parte de sus inmuebles, y se aplicará sobre las viviendas que lleven más de dos años vacíos "por razones no justificadas".

De este modo, el Govern prevé gravar entre 3 y 6 euros hasta los 10.000 metros cuadrados, de 7 a 10 euros entre los 10.000 y los 50.000 metros cuadrados, y entre 11 y 20 euros para aquellas entidades que dispongan de más de 50.000 metros cuadrados vacíos.

Asimismo, y en función de las viviendas que se movilicen, las bonificaciones serán del 5% sobre el total del impuesto para las entidades que pongan en el mercado entre el 5% y el 10% de sus metros cuadrados, de un 30% hasta el 25% de sus propiedades y de hasta un 75% para las que lo hagan con más del 40%.

Vila, que ha calificado el nuevo impuesto de "ambicioso", ha cifrado entre 850 y 1.650 euros el pago medio por vivienda y año que tendrán que afrontar los bancos, lo que entiende que es suficiente estímulo como para sumar nuevos inmuebles al mercado de alquiler, aunque el dinero recaudado se destinará íntegramente a políticas de vivienda, ha asegurado.

El conseller ha considerado que la medida ha sido "largamente reivindicada" por la ciudadanía, dado que la vivienda tiene una función social y es una necesidad básica reconocida por el Estatut y una ley catalana de 2007, y ha indicado que las personas físicas, las administraciones y las entidades del tercer sector social quedan exentas del pago.

Actualmente, Cataluña dispone de 14.000 viviendas de protección pública, por lo que Vila confía en que si logran movilizar 15.000 más, en los 70 municipios con necesidades acreditadas del área metropolitana de Barcelona y puntos concretos de Girona, Tarragona y en menor medida Lleida; se logrará doblar la oferta de vivienda.