La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha imputado este viernes dos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a tres abogados imputados en la causa, para uno de los cuales la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una fianza de responsabilidad civil de 4.089.000 euros.

En una jornada maratoniana de declaraciones que ha concluido sobre las 21,00 horas de este viernes, han comparecido ante la magistrada Mercedes Alaya dos abogados del despacho Garrigues, como son José M. Caballero y Juan A. López, y un tercer letrado perteneciente al bufete Estudios Jurídicos Villasís, Daniel Gutiérrez Montaña.

El primero en comparecer ante la instructora ha sido José M. Caballero, a quien la juez imputó haber sido conocedor y haber facilitado la inclusión de 'intrusos' en el ERE de la empresa sevillana Aceitunas y Conservas (Acyco).

Estos 'intrusos' son la presidenta del consejo de administración, Encarnación Poto Monge; Andrés Carrasco, y Domingo Martínez Castillo, exalcalde del PSOE en San Nicolás del Puerto (Huelva).

En este sentido, el encausado en todo momento negó haber conocido dicha inclusión de 'intrusos', señalando que su labor de asesoramiento concluía cuando finalizaba la tramitación administrativa del expediente.

La magistrada también cuestionó a este imputado sobre si ha asesorado en relación a otros ERE, señalando el abogado que sí, como por ejemplo en el de Saldauto.

Una vez concluida su declaración, se celebró una comparecencia de medidas cautelares en la que la Fiscalía Anticorrupción solicitó para el imputado una fianza civil de 4.089.000 euros, de los que 2,8 millones se corresponden con la póliza del ERE de Acyco, pidiendo además que se declare responsable civil subsidiario al despacho Garrigues.

De su lado, la acusación que ejerce la Junta de Andalucía pidió para el imputado una fianza civil de 600.000 euros.

Tras una pausa para el almuerzo, la juez tomó declaración durante la tarde al letrado de Garrigues Juan A. López, y al de Villasís, Daniel Gutiérrez Montaña, para quienes ni la Fiscalía Anticorrupción ni la acusación de la Junta pidieron medida cautelar alguna.